Juicio de Vialidad

Este lunes se conocerá el pedido del fiscal. Requeriría una dura condena contra la vice.

Cristina Kirchner, en una de las audiencias en los tribunales de Comodoro Py. Este lunes sale el pedido de condena del fiscal Luciani.

El 2 de marzo de 2018, el juez federal Julián Ercolini envió a Cristina Kirchner a juicio oral por el presunto direccionamiento de la obra pública junto a otros 12 imputados. Todos escucharán este lunes el pedido de condena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El delito primario por el que los juzgan es el de «asociación ilícita», con grados de responsabilidad diferente. La investigación incluye otros delitos, como defraudación al Estado en perjuicio de la administración y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. La pena máxima para la ex mandataria podría ser de 16 años.

Por primera vez la vicepresidenta escuchará un pedido de condena en un caso de corrupción en su contra. Será formulado por el Ministerio Público Fiscal tras concluir, este lunes, con la novena audiencia de alegatos. El pedido de pena de prisión incluirá la «inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida». La mayor responsabilidad es atribuida a Cristina, como dijo el fiscal recientemente, por ser la presunta «jefa de la asociación ilícita».

Este expediente conocido como «Vialidad» inició con la denuncia de Javier Iguacel, entonces director de Vialidad Nacional durante el gobierno macrista. Acusó a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Santibañez y a Abel Fatala, de haber «diseñado una estructura en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez, las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia durante los últimos 12 años”.

Asociación ilícita, con cinco acusados

La estructura bajo investigación se construye en base a tres delitos: la asociación ilícita integrada por cinco de los imputados, la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que nuclea a los 12 imputados con distinto nivel de responsabilidad, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que excluye a Lázaro Báez, por ser el empresario privado.

Al analizar el rol de cada uno de los imputados, el fiscal Luciani señaló: «Todos los miembros de la organización criminal decidieron mantener en sus respectivos cargos durante 12 años, para que el mecanismo defraudatorio continúe funcionando” y que esto contó “con el aporte indispensable de Lázaro Báez que se presentó sistemáticamente a las obras que le terminaron asignando».

El ex secretario de Obras Públicas José López y el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Para el fiscal, formaban parte de una asociación ilícita para defraudar al Estado durante los 12 años K.

El grado de responsabilidad es el siguiente. Entre los principales acusados se encuentra la vicepresidenta, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el ex coordinador Carlos Kirchner (primo del ex presidente) y Lázaro Báez. Para la fiscalía todos ellos «constituyeron una asociación ilícita que perduró en el tiempo para sustraer fondos públicos, crearon una organización criminal dedicada a la comisión de delitos».

La asociación ilícita según la acusación, funcionó desde 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015, la misma estuvo “destinada a cometer delitos; para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.

En la cabeza de esa organización, indicó el fiscal, se encontraba Cristina Kirchner «en su carácter de presidente de la Nación. Fue quien decidió todo, intervino y permitió que siempre se beneficiara a Báez con quien mantenía múltiples negocios comerciales».

En las ocho jornadas de alegato de los representantes del ministerio pública las pruebas fueron contundentes y mostraron con abultada documentación:

– Los vínculos comerciales entre los Kirchner y Lázaro Báez.

– El exorbitante crecimiento patrimonial de Báez y su empresa insignia, Austral Construcciones, durante las gestiones K.

– Las obras otorgadas y ocultadas al Congreso de la Nación.

– El cambio de sistema durante el gobierno de CFK para favorecer las adjudicaciones y los pagos a Báez.

– Las licitaciones direccionadas hacia el empresario.

Administración fraudulenta, con 13 acusados (todos)

La administración fraudulenta, que se agrava al ser en perjuicio del Estado teniendo en cuenta las partidas presupuestarias otorgadas al Grupo Báez, «bajo un acuerdo espurio, permitiendo sobreprecios, licitaciones amañadas, obras inconclusas, un flujo constante de fondos de forma ilegal«, se le atribuye a los 13 imputados.

En otras palabras, se indica que todos los ex funcionarios perjudicaron «los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional, con el fin de procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Báez».

La estructura muestra cómo sin el dueño de Austral Construcciones la maniobra no se podría haber concretado: era indispensable contar con una empresa que sea la adjudicataria de las 51 licitaciones por $ 46.000 millones. La compañía se puso en marcha en mayo de 2003 (poco antes de que asumiera Néstor Kirchner) y dejó de funcionar en diciembre de 2015 (con la salida de Cristina de la Casa Rosada).

El rol de los funcionarios debajo de Cristina

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La estructura, en un segundo rango de responsabilidades, como coautores y organizadores de la asociación ilícita, ubica a De Vido como ex titular del Ministerio de Planificación durante 12 años, de quien dependía la obra pública vial. «Tomó decisiones económicas y administrativas, en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo (…) en todo lo inherente a las obras públicas, la actividad vial y la planificación de la inversión pública, tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo».

La causa expuso que el Grupo Báez terminó siendo el adjudicatario del 11% del presupuesto total de Vialidad Nacional. Si se realiza el recorte a la provincia de Santa Cruz, el organismo le otorgó el 80% de los contratos licitados allí. Esto constituyó una partida de fondos a favor del empresario K de $ 46.000 millones.

Durante los alegatos, la fiscalía dijo en base a la prueba documental, que estas licitaciones «estuvieron amañadas, fueron direccionadas para un grupo sin capacidad de construcción, simularon concursos, le ampliaron sin justificación los plazos y costos de obra, le garantizaron millonarios fondos a alguien que terminó abandonando 24 de las 51 rutas, porque nunca les importó hacer las obras, sino sustraer fondos públicos”.

Abel Fatala, otro ex funcionario de Obras Públicas acusado en el juicio de Vialidad. FOTO Dyn.

A los ex funcionarios de Planificación Federal también se les atribuyó en la línea de responsabilidades, «haber omitido controlar la actividad de las dependencias que se encontraban bajo la órbita del ministerio a su cargo».

Así fue que Báez pudo competir contra sí mismo «sin ninguna imputación», la falta de controles posibilitó que le «paguen anticipos de obras que no avances que no eran los reales, que nadie se pregunte porque después de siete, ocho años las rutas no se terminaban», dijo Luciani.

Entre los organizadores de la asociación ilícita se encuentra también José López, quien se desempeñó como secretario de Obras Públicas y se hizo tristemente famoso cuando lo detuvieron tras revolear bolsos con millones de dólares y pesos en un convento del Conurbano.

La fiscalía lo acusa de haber intervenido en las decisiones de Vialidad Nacional, a cargo de Nelson Periotti, para favorecer a Báez con pagos anticipados, con fondos «que de forma exclusiva y con total celeridad le otorgaban».

Lázaro Báez, el empresario favorecido por los Kirchner y acusado en el juicio de Vialidad. Foto EFE.

En el mismo nivel de responsabilidad se encuentra el ex director de Vialidad Nacional, entre otras cosas, por «homologar expresamente mediante el dictado de resoluciones, los irregulares procesos llevados a cabo en Vialidad Provincial», que fue comitente de 47 de las 51 obras otorgadas al Grupo Austral.

Sin ocupar un cargo como funcionario pero considerado el «particular interesado» que posibilitó que se desvíen los «fondos de forma ilegal e irregular», la Justicia acusa a Lázaro Báez como coautor del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública».

Los fiscales contaron cómo los Kirchner «convirtieron de la noche a la mañana al monotributista en empresario de la construcción» y cómo en doce años «fue favorecido de forma sistemática con obras de forma irregular».

Responsables del fraude al Estado

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El resto de los acusados deben responder como coautores de la administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. No les atribuyen el delito de asociación ilícita.

Son ex dirigentes de Vialidad Nacional y del organismo con asiento en Santa Cruz (Distrito 23), como también de la agencia vial santacruceña. Todos están señalados como partícipes necesarios, quienes desde cada una de sus funciones, «posibilitaron que el plan criminal se concretara«, todos intervinieron en algunos procesos de licitación en los que se asignó obra pública vial a Báez «cuando los respectivos procesos se caracterizaron por la concurrencia de múltiples irregularidades».

La explicación para la creación y puesta en marcha de esta organización, dijo la fiscalía, «tuvo en su cúspide a las máximas autoridades (los ex presidentes) y los demás miembros de la asociación ilícita actuaron bajo el conocimiento de quién era Lázaro Báez y qué representaba, él era Néstor Kirchner, Lázaro era Cristina Kirchner«