El Estado Nacional reconoció hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por las violaciones “al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación” de las víctimas del atentado a la AMIA en 1994, y deberá pagar una indemnización.

Natalia D’Alessandro, coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, fue la encargada de hablar frente a los jueces de la corte. Allí admitió que “quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”.

Frente a los familiares de Memoria Activa, admitió haber cometido “la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, al pagarle 400 mil dólares al desarmador de automóviles Carlos Telleldín para que acusara falsamente a un grupo de policías por el ataque a la mutual judía.

Los cuatro funcionarios de la cartera que conduce Martín Soria admitieron que el Estado fue corrupto, que no tomó las medidas de protección adecuadas para la AMIA, que no protegió a las víctimas frente a un riesgo específico que corrían y que la SIDE no hizo nada con la información que recibió sobre Mohsen Rabbani, imputado luego en la causa AMIA. También reconocieron que ni el patrullero que vigilaba la AMIA ni la radio funcionaban.

“El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso. Por la ocupación de la Justicia, por los servicios de inteligencia, por la corrupción, por los plazos irrazonables de estas actuaciones, por el secreto, el encubrimiento de la verdad, por la utilización política de la causa al servicio de intereses nacionales y extranjeros”, dijo D´alessandro.

La funcionaria también responsabilizó al Estado por la violación de los derechos de protección judicial y las garantías de acceso a la verdad y a la justicia, y aseguró que “la Argentina es responsable porque las autoridades no buscaron descubrir la verdad, sino resguardar a personas cercanas al poder de entonces”.

Tras lamentar los hechos, elogiar la coherencia ética de Memoria Activa, recordaron que el atentado es un crimen contra la humanidad y, por lo tanto, los responsables del ataque y sus encubridores “no pueden escudarse en la prescripción”.

Con esta confesión, la Corte dictará una condena contra la Argentina en los próximos meses que contemple obligaciones institucionales con respecto a la causa AMIA; al funcionamiento de la justicia y a la reparación económica, que incluye una indemnización, gastos, viáticos y honorarios de abogados, que solicitó Memoria Activa y el CELS y que suman unos 700.000 dólares. Los montos menores serían para las indemnizaciones a familiares.

Del reconocimiento de la Corte a la respuesta de la querella: “El Estado no fue capaz de averiguar la verdad”

La exposición de Natalia D´alessandro sorprendió a los jueces, a tal punto que el colombiano Humberto Sierra Porto, vicepresidente de la Corte Interamericana, dijo tener “sentimientos complejos porque el reconocimiento del Estado es más duro que la misma alegación de las víctimas, es un asunto que tiene una dimensión fuera de lo común”.

El juez dijo que no basta el reconocimiento del Estado o que espere que la Corte le diga qué hacer, sino que es el propio Estado el que debe actuar. “Solo los argentinos pueden llegar a acuerdos en una materia tan sensible como la organización judicial”, señaló.

El presidente de la Corte Interamericana, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, agregó que la Argentina no debe esperar a la sentencia para cambiar lo que reclama y puso como ejemplo el hecho de que pude dictar medidas administrativas para tratar la documentación del caso y la desclasificación.

El alegato de la querella, a cargo de la abogada del CELS Paula Litvachky, fue un tanto más duro con respecto al accionar que tuvo el Estado argentino. Litvachky afirmó que “quedó claro en esta audiencia que el Estado por sí mismo no fue capaz de averiguar la verdad” y que “tanto con acciones como con desidias, privó a todos de la verdad histórica”.

“Estamos acá por todas las vidas perdidas, por los que fueron forzados a vivir con tanta ausencia y por las generaciones que vendrán. Estamos acá porque no queremos que haya que luchar 30 años para obtener lo que corresponde”, añadió.

En la previa al reconocimiento argentino, Litvachky había asegurado que el Estado “no había sido capaz de llevar adelante un proceso de justicia ni de ser empático con las víctimas”. “Estamos acá porque necesitamos que esta Corte fije estándares relevantes para este caso y para la región, y disponga las medidas de reparación que solicitamos”, resumió.

El Ministerio de Justicia admitió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado “violó derechos y no fue capaz de averiguar la verdad”. El País deberá pagar indemnizaciones cercanas a las US$700.000.