Nota extraída de La Naciòn por Carlos Pagni.

jueves 5 de marzo de 2020

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández volvió a poner en tela de juicio la calidad del Poder Judicial. En especial, la del fuero penal federal de la Capital, conocido como Comodoro Py.

Por Carlos Pagni para La Nación

Es el encargado de investigar las irregularidades de los gobiernos. Ese cuestionamiento está inspirando una reforma de esos tribunales. El Presidente pretende licuar su poder multiplicando los juzgados, y desconectándolos de la influencia que durante tanto tiempo los servicios de inteligencia ejercieron sobre ellos.

La política judicial de Fernández no supone, al menos hasta ahora, una negación del nivel de corrupción que existió durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. No solo él ha afirmado, ya como candidato del Frente de Todos, que cuando vio irregularidades renunció. Bajo su mando, en una muy correcta decisión, la Oficina Anticorrupción, la UIF y la AFIP no han desistido de ser querellantes en todas las causas abiertas contra funcionarios de su propio partido o contra empresarios relacionados con ellos. La demostración de esta posición fue que, hace 15 días, la AFIP pidió 8 años de prisión para Lázaro Báez, acusado de ser el jefe de una banda dedicada al lavado de dinero que este empresario obtenía por su relación con Néstor Kirchner. Es decir, con el esposo de la vicepresidenta y el padre del jefe de la bancada de diputados oficialistas. Ayer, la UIF también pidió la prisión de Báez y de otros acusados. Solo que nueve años. Uno más que la AFIP.

No es esa la perspectiva de otros dirigentes relevantes del mismo oficialismo. Entre ellos, está la señora de Kirchner, que el último lunes pasó varias horas en Olivos discutiendo con el Presidente la política oficial en relación con Tribunales. La defensa de ella, siguiendo a la de otros acusados en la causa sobre contratos de obra pública, pidió que el Estado deje de querellar. Para este sector, los procesos sobre corrupción han sido el resultado de una persecución orquestada por el gobierno de Mauricio Macri, que se sirvió de un instrumento principal: el uso indiscriminado de la prisión preventiva. Esa política encarnaría, en la escala local, un movimiento internacional, promovido por los Estados Unidos, para vilipendiar a gobiernos que pretendieron mejorar la distribución del ingreso. En este contexto se inscribe, por ejemplo, el Lava Jato brasileño, que condenó la impresionante maquinaria de contratos espurios que tuvieron lugar en, entre otras empresas, Odebrecht y Petrobras. Hay episodios, como la caída del ultraliberal peruano Pedro Pablo Kuczynski, que esta teoría no logra contener.

El kirchnerismo que lidera la vicepresidenta define esta presunta patraña como lawfare. Es el término anglosajón que denomina lo que en la teoría clásica se llamó derecho penal del enemigo. Esa perversión autoritaria consiste en estigmatizar a un grupo en razón de su presunta peligrosidad, para someterlo luego a juicio sin ningún tipo de garantías. Juan Perón defendió con gran poder de síntesis esta inclinación cuando adoctrinó: “Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia”.

Cristina Kirchner y su grupo más inmediato se presentan como víctimas de este pretendido lawfare, por el cual el poder político hostigó desde los tribunales a un grupo de opositores inocentes. Esa maniobra, según ellos, se sostuvo en las denuncias de la prensa y en la manipulación de la prisión preventiva. También, consignó la vicepresidenta, por la acción de agencias del Estado. ¿La UIF, la AFIP y la Oficina Anticorrupción, a las que Fernández no ordenó suspender sus querellas? No lo aclara.

Para aceptar esta tesis kirchnerista hay que olvidar muchas cosas. Demasiadas. Es verdad que la prisión preventiva es un instituto que pone en tela de juicio un principio sagrado del orden jurídico liberal: la presunción de inocencia. Nadie merece ser privado de la libertad si antes no fue condenado en un juicio justo. Esa regla solo puede ponerse en suspenso cuando hay pruebas contundentes de que, en un caso específico, el acusado está en condiciones de obstaculizar el proceso o de fugarse.

La vicepresidenta tiene razón cuando señala que, en los últimos años, muchos excolaboradores y amigos suyos fueron privados de su libertad de manera indiscriminada. Pero de ahí no se deduce que se tratara de individuos irreprochables, lejanos de toda sospecha. Ni que el edificio penal estuviera malversado en todas sus instancias. Tampoco que las prisiones obedecían al gobierno de Cambiemos. Sobre todo porque, si hay que imaginar nexos políticos, los magistrados más activos, como Claudio Bonadio o Guillermo Marijuan, estaban más próximos a Sergio Massa que a Macri.

La historia fue distinta. Los jueces de Comodoro Py no necesitaban recibir órdenes para pedir la captura de funcionarios de los Kirchner porque tenían un imperativo mucho más poderoso. Muchos de ellos, con poquísimas excepciones, corrían el riesgo de que se advirtiera que, durante 12 años, habían sido parte de la megacorrupción kirchnerista como proveedores de impunidad de los sospechosos.

La indiferencia judicial frente al saqueo del patrimonio público no solo había constituido una inercia por más de una década. Se agravó durante el año 2015 porque, como publicó LA NACION repetidas veces en aquel momento, varios magistrados, algunos de los cuales ayer estaban retirados, habían pactado con el oficialismo de entonces suspender cualquier decisión procesal que pudiera afectar la carrera de Daniel Scioli. El candidato del Frente para la Victoria era amigo de muchos de ellos. Y hasta le había prometido a alguno ser parte de un eventual gobierno suyo. Obvio: en el área de inteligencia. Quiere decir que al escándalo de la corrupción se superpuso el escándalo de la impunidad.

En este marco, como se comentó este lunes en el programa televisivo Odisea Argentina, LA NACION comenzó a elaborar un relevamiento sobre el estado de las causas por corrupción que se seguían en los juzgados de Comodoro Py. Fue parte de una cobertura más amplia y sistemática a través de la cual este diario viene dando cuenta, desde hace años, del deterioro de la Justicia Federal. Es decir, del fenómeno que ahora ocupa al Presidente.

El resultado de ese trabajo fueron dos notas que se publicaron el domingo 3 de abril de 2016. Una con el título “Los jueces federales recobran su centralidad”, y la otra como “Comodoro Py, uno por uno”. Para realizarlas, los periodistas formularon consultas en los juzgados. Esas consultas despertaron en los magistrados la preocupación de que quedara expuesta su inacción de tantos años. En este contexto, se precipitó la captura del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, en una causa por la compra de material ferroviario a España y Portugal, que seguía el juez Julián Ercolini.

La prisión preventiva de Jaime fue muy poco ortodoxa. Se dispuso cuando todavía no se le había tomado declaración indagatoria. Cuando ya tenía un pasaje comprado para presentarse en otra causa tres días después. Y, lo más curioso, se ejecutó un sábado. Es posible que para que saliera en los diarios el domingo, compensando un informe que daba a entender que el Poder Judicial estaba paralizado.

La señora de Kirchner emitió un tuit diciendo que «un conocido periodista acaba de ‘informarnos’ (claro que cuatro años después) que en el año 2016 el diario La Nación estuvo a punto de dedicar una tapa de domingo a los jueces de Comodoro Py que no habían ‘perseguido’ a funcionarios de nuestros gobiernos».

Es evidente que nadie ayudó a la vicepresidenta a precisar la información. Una simple búsqueda en la web de LA NACION le haría notar que las notas se publicaron. Lo que se afirmó el lunes fue que «cuando estaban a punto de publicarse» los jueces reaccionaron. No que no se habían publicado. De leer el texto, también podría advertir que allí se describía un estado de cosas, sin reclamar acción judicial alguna. Menos todavía la captura de nadie, como ayer publicaron, por mala fe o haraganería, periodistas abocados a la propaganda oficialista. Lo que hizo LA NACION fue consignar en qué estado estaban las investigaciones sobre los funcionarios de ella y de su esposo. Es raro el punto de vista de la vicepresidenta. Si ella y sus subordinados y amigos estaban tan seguros de su inocencia, deberían haber sido los primeros en reclamar la celeridad de los procedimientos.

No hace falta justificar la legitimidad periodística de aquella publicación de 2016. Por ejemplo: el día de la captura, el expediente sobre Jaime llevaba ya tres años sin que siquiera se lo llame a declarar. Estaba acusado de imponer, para la compra de material ferroviario, una sociedad intermediaria, presidida por un jubilado de 86 años, que se llevaría el 25% del monto del contrato. Otro caso: cuando revoleó 9 millones de dólares tras los muros de un convento, el exsecretario de Obras Públicas de la señora de Kirchner, José López, ya llevaba 8 años con una causa abierta por enriquecimiento ilícito. Ocho años en los que, si se sigue el criterio de la vicepresidenta, los jueces hicieron lo correcto: no lo «persiguieron». Hernán Capaccioli recaudó dinero de droguerías ligadas al tráfico de efedrina para financiar la campaña de Cristina Kirchner del año 2007. Pero el juez Ariel Lijo, cuyo hermano Alfredo fue el principal gestor judicial de Julio De Vido, en un acto que para la señora de Kirchner habría sido persecutorio, lo llamó a declaración indagatoria nueve años después. El sindicalista Omar Suárez tenía un expediente abierto desde hacía 5 años cuando Rodolfo Canicoba Corral ordenó encarcelarlo.

Más allá de sus incorrecciones informativas, el mensaje que emitió la vicepresidenta es muy relevante. No solo porque es la primera vez que defiende a Ricardo Jaime. Claro que cuatro años después. También porque vuelve a ofrecer su lectura sobre la corrupción. La prensa presiona para que los jueces castiguen a políticos como Jaime y López, o a empresarios como Báez, que pagan el precio de la demonización por haber luchado por la distribución del ingreso. A la explicación le faltó un capítulo, que expuso anteanoche Leopoldo Moreau: ese complot se organiza desde los Estados Unidos. Por ejemplo: para Moreau es clave saber que LA NACION publicó los cuadernos de Oscar Centeno la semana en que Edward Prado se hizo cargo de la embajada de ese país. Al parecer, los trajo en la valija.

Esta interpretación de los hechos no pretende solo construir una coartada inverosímil para justificar conductas ilegales. Tampoco se agota en ofrecer algún argumento, aunque sea inconsistente, a feligreses de buena fe que no entienden qué es lo que ocurrió con el patrimonio público durante los gobiernos a los que ellos mismos votaron.

La principal función de esta concepción es proyectiva. Decir que los jueces no tenían nada que investigar, pero que salieron a perseguir inocentes presionados por la prensa facilitaría un objetivo: impedir que en el futuro el periodismo siga investigando y, con el resultado de su trabajo, promoviendo la acción de la Justicia. Este es un propósito que la señora de Kirchner ya dejó entrever. Decir, tergiversando los hechos, que la prensa presionó para que los jueces hagan lo que no debían, justificaría un proyecto de ley como el de las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara, que establece la nulidad de las prisiones preventivas cuando se disponen «en casos cuya percepción podría haber estado condicionada por las publicaciones de la prensa».

Cristina Kirchner fue un paso más allá. En su cuenta de Twitter abrió un interrogante estratégico al decir: «Ahora que las cosas empiezan a quedar al descubierto y que se desnudan los mecanismos de la persecución de opositores y del encubrimiento de la corrupción macrista, es más fácil entender la necesidad de volver a poner a la Justicia en la senda que la República le impone».

La afirmación supone la expectativa de que se activen causas de corrupción contra el gobierno de Cambiemos. Procesos que, a pesar de ser reclamados desde el poder político, serían justicia legítima. No lawfare. Pero lo más destacable es que, en el contexto en que fue expresada, la declaración supone que la reforma judicial debe corregir las investigaciones sobre el kirchnerismo, por tratarse de persecuciones arbitrarias. Esta concepción de la Justicia no sorprende. La señora de Kirchner la profesa desde hace muchos años. Tal vez desde antes de verse afectada por las publicaciones de la prensa y la acción, muchas veces retardada, de los jueces. Sin embargo, lo que ella sostuvo ayer abre una enorme incógnita. Se trata de saber si el sentido que ella le está dando a la reforma judicial es el que le otorga el Presidente. Sobre todo cuando sostiene que los problemas de la Justicia no se arreglan con menos sino con más Justicia. Un significado central de la acción oficialista quedó envuelto, desde ayer, en una inquietante imprecisión.