Nota extraìda de Clarìn por ricardo Kirschbaum.jueves 30 de abril de 2020 8:31
Cuando el virus pase y la inseguridad vuelva, las consecuencias políticas las sufrirá el Gobierno.
El gran problema del doble discurso, que es un recurso constante de la política, es que quienes lo arman terminen confundiéndose con él. Cuando además ese doble discurso surge del mismo gobierno, sus efectos y consecuencias son más serios.
Con la suelta de presos, la aprobada, la que está en marcha y la que se quisiera aprobar, el problema es que el propio oficialismo tiene distintas miradas sobre el mismo problema. Y eso es cada vez más evidente. El principal perjudicado será el propio Alberto Fernández y esa pérdida de credibilidad, que había ganado con la lucha contra la pandemia aún en sectores que no lo votaron, se verificará probablemente en las próximas encuestas.
En un intento de fijar un eje que ordene internamente la estrategia, este miércoles en la Casa Rosada se negó que hubiera proyectos de indultos o conmutaciones de penas, como se pedía en el acta firmada en el penal de Devoto para terminar con la primera fase del motín. Ese documento fue producto de una insólita paritaria con los presos.
El segundo punto es desconocer cualquier involucramiento del Gobierno nacional en este impulso por liberar presos en medio de la pandemia. La responsabilidad, quieren decir en las cercanías de Fernández o de Kicillof, es del Poder Judicial.
¿Lo es de verdad?
Devoto es una cárcel federal y este jueves habrá allí una negociación clave, si es que continúa en pie después del aparente recule político. Pero ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires?
Julio Alak, el ministro de Justicia de Kicillof (a pedido de Cristina), dice que no hay un plan oficial para liberaciones masivas y esa responsabilidad es de la Corte Suprema provincial y del sistema judicial.
Berni, secretario de Seguridad de Kicillof (a pedido de Cristina) se ataja poniéndose del lado de las víctimas de la delincuencia, y tajante se opone a las liberaciones.
Massa (no a pedido de Cristina) se diferenció. Pronosticó que los jueces que liberen livianamente presos pueden tener juicio político. Lugones, el titular del Consejo de la Magistratura que proviene del vientre del sistema bonaerense, le replicó en el acto: no pasarán.
Que las cárceles bonaerenses estaban superpobladas es un problema que viene de hace mucho tiempo. Del tratamiento muchas veces vejatorio en todo sentido que reciben los internos, también. Las denuncias se amontonan y no hubo una respuesta concreta del Estado. Que existía la intención de “aliviar” las cárceles antes del virus era público. Todo esto es real tanto como el aprovechamiento de la situación para otros objetivos. Si sirvió para Boudou y, casi, para Jaime, sirve para todos. De allí a hablar de conmutación de penas o de indulto solo hay un paso.
El Gobierno está caminando sobre hielo frágil. El peligro de un grave descontrol que añada aún más desgaste político, directo o indirecto, al oficialismo está presente.
Según una excelente nota que publicó Héctor Gambini en Clarín hay un “mecanismo” en marcha para liberar presos en el que intervienen jueces y funcionarios provinciales, además de militantes del ala más a la izquierda del Frente de Todos.
El virus dejó a la inseguridad en segundo plano. Cuando la pandemia pase y vuelva la “normalidad”, es decir la inseguridad, la factura la pagará Fernández.
El doble discurso, o mejor dicho la ambigüedad, en nombre del equilibrio interno de la coalición oficial, tendrá costo.