El empresario hizo una presentación en contra del diputado nacional Martín Grande y funcionarios de la AFIP.

Sigue la novela respecto del caso Huergo. La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke se declaró incompetente en las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia de un empresario contra un diputado nacional y las remitió al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Lo hizo al considerar que «no caben dudas que en la presente causa se hallan en juego intereses que podrían afectar en forma directa a la Nación, pues se trata de cuestionamientos en relación con las autoridades del organismo fiscal nacional (AFIP), de la Justicia Federal y de un diputado nacional».

Luego de analizar los diversos hechos denunciados por el empresario Matías Huergo en contra del diputado nacional, Martín Grande, funcionarios nacionales y autoridades del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación, la fiscal Simesen de Bielke se declaró incompetente para intervenir en las actuaciones. Lo hizo al encontrarse «ante hechos ocurridos en el marco de una causa que tramita por ante el fuero de excepción y que todos y cada uno de los posibles involucrados forman parte de la estructura nacional».

Por eso las circunstancias impiden que la fiscal provincial lleve a cabo una investigación a los fines de desentrañar la posible comisión de hechos ilícitos por parte de funcionarios nacionales, atento el marco en el que se suscitaron, de acuerdo al denunciante.

Es que la validez o invalidez de la investigación penal llevada a cabo por la AFIP no resulta de competencia del Ministerio Público Fiscal Provincial, como tampoco lo es determinar si las resoluciones judiciales dictadas por las autoridades de la Justicia Federal de Salta, lo han sido mediante la comisión de hechos presuntamente ilícitos, pues ello es competencia exclusiva de las autoridades federales.

La denuncia

En su denuncia, Huergo sostuvo que ha habido tareas de inteligencia, escuchas ilegales, detención ilegal, privación ilegítima de su libertad en condiciones indignas y degradantes, malos tratos, amenazas y extorsión, llevadas a cabo por funcionarios de AFIP y avaladas por funcionarios judiciales de la Justicia Federal de Salta y que habrían sido perpetradas por el diputado nacional, Martín Federico Grande Durand, como ideólogo, autor intelectual y material.

Es que según el denunciante, como consecuencia de la causa judicial en trámite por ante el Juzgado Federal Nº 1 «habrían actuado en forma coordinada, los señores Jaime Mecikovsky ex director de Operaciones Impositivas del Interior de AFIP; Guillermo Andrés Oro ex director (I) de la Dirección Regional Salta de AFIP; Rodrigo Zambrano Echenique, ex jefe (I) de la Sección Penal Tributario de la AFIP; José Félix Castellaro, ex jefe (I) de la División Investigaciones de la Dirección Regional Salta AFIP y/o cualquier otro funcionario de AFIP que haya intervenido en el hecho que se denuncia». Asimismo, sindicó como presuntos responsables «al Dr. Ricardo Toranzos, fiscal federal; Dr. Julio Leonardo Bavio, juez federal del Juzgado Federal Nº 1, Dr. Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Dr. Santiago French, jueces de la Cámara Federal de Salta y al diputado nacional Martín Federico Grande Durand, todos ellos por llevar adelante un proceso ilegal de espionaje para inculpar a su persona de delitos y a profesionales del derecho, ciencias económicas, funcionarios y políticos de la Municipalidad de la ciudad de Salta y provincia de Salta entre los años 2017 a 2021».

Dentro de las consideraciones generales, afirmó que existió «una expedición de pesca para encontrar algo para incriminarlo y perjudicar al entonces intendente de la Municipalidad, Gustavo Sáenz, quien había anunciado su candidatura a gobernador», y que «en forma permanente el Juzgado Federal, la Fiscalía y la AFIP filtraron información a la prensa con el objeto de dañar su figura de empresario y del entonces intendente, actual gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, para perjudicar su candidatura a gobernador».

Las reuniones con el diputado nacional

Huergo afirmó que por su vinculación empresarial tenía una relación personal con el diputado Martín Grande, y por esas razones en febrero de 2019 lo visitó en su radio, oportunidad en la que le manifestó que no entendía lo que estaba sucediendo, ya que había sido objeto de allanamientos en su oficina y en su casa particular, en el marco de numerosos allanamientos a funcionarios públicos de la Municipalidad de la ciudad de Salta y en el propio municipio. Según la denuncia, Martín Grande le manifestó que tenía excelente relación con las autoridades nacionales de AFIP, con los que estaba en contacto y visitaría en los días subsiguientes. A su regreso de Buenos Aires se produjo el encuentro en el mismo lugar y allí Martín Grande le manifestó haberse reunido con las máximas autoridades de AFIP y le recomendó que denunciara a los funcionarios públicos de la Municipalidad de Salta y al propio intendente, ya que él era el “salame del sándwich”.

f: El Tribuno