La iniciativa por la interrupción voluntaria del embarazo será tratada en un plenario de comisiones. No se descarta que sufra modificaciones para garantizar la sanción en Diputados.

Finalmente el proyecto de ley para la legalización del aborto recibirá dictamen este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, para ser tratado mañana en el recinto.

La iniciativa anunciada por el presidente Alberto Fernández luego de años de lucha del colectivo de mujeres, comenzará a debatirse a partir de las 13 en un plenario de comisiones de Legislación General, presidida por Cecilia Moreau; Penal encabezada por Carolina Gaillard; Salud, por Pablo Yedlin; y Mujeres liderada por Mónica Macha.

Al respecto, Moreau ratificó que habrá dictamen y no descartó que se avance “en algunos cambios a la iniciativa” para garantizar la media sanción en Diputados.

El debate –tanto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo como del proyecto de Mil Días que también será tratado en comisiones- será este jueves y se prevé una maratónica sesión que será acompañada por movilizaciones y una vigilia en los alrededores del Congreso. La votación llegaría el viernes pasado el mediodía.

Cabe destacar que la sesión del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito será la primera presencial desde el comienzo de la pandemia de coronavirus en el país.

Por ello, y para cumplir con el protocolo, habrá burbujas sanitarias y testeos PCR por saliva con resultado en seis horas, tanto para diputados y diputadas como para personal de la Cámara.

Además, los legisladores exceptuados por coronavirus podrás participar de la sesión de manera remota.

Aborto legal: no se descarta que sufra modificaciones

Uno de los puntos del proyecto que analizarán los diputados establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional. Después de ese período, será legal por las causales vigentes desde 1921: riesgo de salud y violación.

Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica. No obstante, la misma no será admitida a nivel institucional.