La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal deberá resolver si se hace lugar al recurso presentado por Agüero Iturbe, continuando así la investigación que compromete al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires 10 diciembre, 2021

De acuerdo a un reclamo judicial, el Gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner manipuló las cifras del PBI de 2013 para evitar pagar a los tenedores de los títulos miles de millones de dólares.

El entonces ministro de Economía Axel Kicillof había anunciado que se había crecido 4,9%, pero luego señaló que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el desarrollo había sido del 2,9 por ciento.

La causa fue iniciada por la denuncia de los referentes de Republicanos Unidos José Magioncalda, Yamil Santoro y José Bulacio, había obtenido un fallo de sobreseimiento de la jueza María Servini de Cubría.

Se busca saber cómo se media el crecimiento económico durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando Axel Kicillof era el ministro de Economía

Según indica el periodista Carlos Forte en el sitio Tribuna de Periodistas, ahora hay novedades del tema: el Fiscal General Adjunto ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal José Luis Agüero Iturbe avaló el criterio de su colega ante la primera instancia, Guillermo Marijuan, y sostuvo la apelación de este último para la causa “KICILLOF, AXEL s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)”.

En la fundamentación del Fiscal de Cámara se explica que la República Argentina ya fue condenada en tribunales de Alemania, por la adulteración de las estadísticas económicas que afectaron el valor de los bonos argentinos atados a la evolución del PBI.

Asimismo, se cuestiona que la magistrada haya realizado una análisis fuera de toda “lógica forense” intentando encuadrar el hecho investigado dentro de la doctrina de los hechos políticos no justiciables.

“Es que no se cuestiona el rumbo económico en un período determinado, sino un accionar concreto atribuido a un funcionario público en perjuicio de las arcas del Estado”, sostiene el escrito.