AFIP investigará a 2500 personas sobre las que podría recaer una denuncia pena
Tras la entrada en vigencia del nuevo impuesto a la riqueza, la Administración Federal de Ingresos Públicos llevará a cabo una investigación contra 2500 contribuyentes por “maniobras elusivas”, entre ellas, no haber realizado las declaraciones juradas sobre Bienes Personales.
Para el fisco, este hecho constituye un indicio de un “ardid” para evitar el pago del “aporte solidario”, tal como prefiere llamarlo el Gobierno.
Si bien el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont considera que el universo total de personas alcanzadas por el gravamen alcanza un total de 13.000, la lupa ha hecho un enfoque particular sobre 2.500 casos.
La intención de Marcó del Pont es, de comprobarse la maniobra, avanzar en la Justicia, por lo que ya se definió que la entidad iniciará denuncias penales contra esos contribuyentes por evasión agravada y se radicarán en los casos en los que no paguen el “aporte” el 30 de marzo.
Mercedes Marcó del Pont denunciará penalmente a los contribuyentes, alcanzados por el impuesto a la riqueza, que quieran eludir el pago del “Aporte Solidario y Extraordinario”
La ley 27.605 que creó el “aporte solidario” prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2% y el 3,5% a los patrimonios de las personas físicas superiores a los $200 millones. Según datos oficiales, ese universo sería de 13.000 contribuyentes; según los tributaristas y asesores fiscales privados, podría llegar hasta 30.000 personas.
Escalas del impuesto a la riqueza
A partir de su implementación, varios contribuyentes adelantaron que se acercarán a la Justicia para evitar realizar el aporte bajo los argumentos de confiscatoriedad del impuesto (que hace falta probar con datos sobre las rentas de los activos que se gravan y el patrimonio total del contribuyente) y la consecuente afectación a la propiedad privada.
El decreto reglamentario instruye a la AFIP a instrumentar regímenes de información para detectar maniobras tendientes a eludir el pago del Aporte a través de variaciones patrimoniales.
Con ese fin, el organismo encabezado por Marcó del Pont incorpora un Régimen Informativo a fin de detectar supuestos de variaciones patrimoniales ocurridos durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la ley, que hicieran presumir operaciones que configuren un ardid evasivo o destinado a eludir el pago del Aporte Solidario y Extraordinario.
Los sujetos alcanzados y, en su caso, los responsables sustitutos deben presentar una declaración jurada informativa en la que incluirán los bienes de los que eran titulares al 20 de marzo de 2020. El plazo para presentar las declaraciones juradas informativas será entre el 22 de marzo y el 30 de abril de 2021, inclusive.
