El fiscal Cazón solicitó anoche la detención y captura del exintendente de Aguaray por un millonario faltante en las cuentas del municipio. Prado está imputado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El fiscal penal de Salvador Mazza,
Armando Cazón, pidió ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de la ciudad de
Tartagal, la captura y detención del exintendente de Aguaray, Jorge
Enrique Prado, imputado por la supuesta comisión de los delitos de
malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de
funcionario público.
El fiscal Cazón pidió la captura y detención del
exfuncionario, y tiene previsto ampliar la imputación contra Prado, en
base a nuevos hechos documentados a través de información recibida este
viernes, que entregó el funcionario de la intervención municipal, Diego
Argañaraz.
El funcionario del equipo del comisionado interventor
Adrián Zigarán, aportó documentación que precisa que Prado no informó el
destino de los primeros $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos),
que habría recibido entre el 11 y 31 de diciembre de 2019, durante el
primer tramo de su gestión.
Entre otros ítems, Argañaraz también
adjuntó documentación referida a las partidas COVID-19 recibidas por el
exintendente Prado, desde mayo pasado, por un total de $9.564.216,79
(nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos dieciséis
pesos con setenta y nueve centavos).
La documentación adjuntada precisa otros montos repartidos en las partidas trimestrales recibidas durante este año.
El total de la plata
En
ese sentido, el pedido del fiscal al juez interviniente, precisa que el
exfuncionario deberá clarificar el destino de por lo menos
$388.253.301,04 (trescientos ochenta y ocho millones doscientos
cincuenta y tres mil trescientos un pesos con cuatro centavos).
Cazón
recordó que la audiencia de imputación celebrada el miércoles 4, se
realizó en forma remota debido a que Prado informó que se encontraba en
la capital provincial, pero a la vez, constituyó domicilio en Aguaray,
aunque no precisó dirección alguna en ninguno de esos municipios. En
consecuencia, consideró “sumamente necesario asegurar el debido proceso
judicial, ya que existe el peligro de entorpecimiento y de fuga, atento a
las complejidades de la causa y siendo público y notorio que también se
lo investiga en el Juzgado Federal de Orán, por la causa de los caños
del Gasoducto del NEA”, cuya investigación inició el mismo fiscal Cazón,
hasta que declinó su competencia.
Los rastros que fue dejando en la investigación fiscal
Por
esa vía, el exjefe comunal se presentó con abogado particular y se
abstuvo de declarar. Sobre ello, se dejó constancia en un acta que firmó
Cazón.
El fiscal inició de oficio la investigación penal, a partir
de las declaraciones públicas del comisionado interventor de Aguaray,
Adrián Ariel Zigarán, referidas al déficit y endeudamiento generado en
ese ámbito por el exintendente Jorge Prado. Para ello, tuvo en cuenta
distintas publicaciones entre las que se precisa que a través de un
informe dado a conocer por el interventor Zigarán, el exjefe comunal
“recibió en diciembre de 2019 un municipio totalmente saneado y con
depósitos bancarios en las cuentas del municipio que alcanzaban los
7.900.000 pesos. Diez meses más tarde y al ser intervenido, el déficit
es de 19 millones de pesos, sin que aún se hayan determinado los
compromisos que dejó mediante la emisión de cheques diferidos, que
tendrán vencimiento en los próximos meses”.
Entre algunos datos
contemplados en la investigación del fiscal, consta que “más de la mitad
de la deuda tiene carácter de delicada y urgente”, compuesta por un
descubierto bancario (cubierto con adelantos de coparticipación); plan
Aguaray Trabaja (debería cancelarse con urgencia, el mes de agosto se
pagó en octubre); retroactivos de sueldos no pagados de febrero a abril;
saldos impagos por sueldos de septiembre; remuneraciones adeudadas a
concejales (en algunos casos de marzo); retenciones laborales de ATE,
UPCE y SOEM y proveedores de bienes y servicios esenciales sin órdenes
de pago, con cheques emitidos y rechazados por valores con pocas
probabilidades de pagos en el corto plazo, entre otras irregularidades.
No fijó domicilio
El
pedido del fiscal Cazón surgió tras el último informe contable
elaborado por la intervención de Adrián Zigarán, que destacó en primera
instancia la falta de comprobantes sobre los primeros $24 millones que
llegaron a la comuna entre el 11 y 31 de diciembre pasado, es decir en
las primeras tres semanas de gestión de Prado. El imputado aseguró estar
en Salta capital, pero no fijó domicilio. Por eso Cazón pidió la
captura y detención.