El intendente más joven de la provincia no dejó error sin cometer en apenas 10 meses. Su ascenso político fue tan vertiginoso como está siendo su caída estos días.

Ayer, el movimiento en la Municipalidad de Aguaray fue normal.

«Acá no están solo los planilleros, acá está todo el pueblo», se le escuchó decir el martes. Pasó que el mismísimo lunes a la noche se viralizó el audio de la convocatoria del director de Deportes municipal de Aguaray, Raúl Ramírez, llamando a los planilleros y personal eventual al prolongado corte de la ruta nacional 34 del martes en apoyo al intendente.

A eso se le sumó el propio jefe comunal el martes, al mediodía, amenazando con impedir la normal actividad de la planta de Refinor ubicada en campo Durán. Todo fue una puesta en escena, a la postre improductiva, para presionar a los diputados de la provincia que se aprestaban a tratar y aprobar esa noche el proyecto de intervención a la comuna.

La sesión de la Cámara de Diputados fue seguida con atención en «aguara-í», aguada del zorro, según el término de origen guaraní que identifica a esta localidad de unos 35.000 habitantes y uno de los polos de la industria hidrocarburífera del norte argentino.

Redes sociales y hasta radios FM transmitieron las palabras de los legisladores provinciales. Los vecinos viven desde hace meses en una zozobra permanente a consecuencia de que Prado, desde el momento en que su maniobra fue descubierta, no ha hecho más que defenderse y en ese afán de mostrar una realidad que no existe, cometió un error tras otro en estos diez meses.

Caños con tierra colorada

El descubrimiento casi casual de que los caños de 12 metros de largo valuados en más de 5 mil dólares cada uno, sobre superficie -enterrados se cotizan al doble por todo lo que significó la logística para instalarlos-, estaban siendo sustraídos hasta completar 35 kilómetros de extensión, se produjo exactamente el 26 de enero pasado a las 0.48 por parte de Adrián Zigarán, secretario de Participación Ciudadana de Salta, cuando se dirigía hacia el Chaco salteño en el marco de la emergencia sociosanitaria declarada en el norte.

Zigarán había trabajado durante la administración Urtubey en un cargo de bajo perfil, pero estratégico para destrabajar los conflictos sociales que en San Martín son materia corriente. De hecho, en varias ocasiones le tocó negociar entre las empresas que operan en la zona y grupos de piqueteros, que exigen trabajo o dinero.

Ese conocimiento de la realidad del norte, tal como lo relató en una nota publicada el pasado 5 de marzo en El Tribuno, lo hizo sospechar que los camiones de gran porte que se cruzó, tanto en la ruta nacional 34, como en la provincial 54 y que transportaban 12 caños cada unidad de 12 metros de longitud cada uno, tenían un origen, al menos, sospechoso.

  La primera foto del camión con caños robados.

Zigarán recordó, en esa primera publicación de este medio: «Apenas sospeché que se estaban robando los caños del gasoducto que había dejado a medio construir Vertúa, hablé con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, para ponerlo al tanto y me comuniqué con el presidente de la empresa. Me di cuenta de que los caños habían estado enterrados cuando vi que estaban cubiertos de tierra colorada y en el único lugar de la zona que la tierra presenta ese color es en Campo Durán».

Al poner en marcha la investigación, el mismo Zigarán trabajó con dos colaboradores de Tartagal cuyos nombres nunca fueron mencionados en las crónicas periodísticas y en ese trajín se encontró con mucha y valiosa documentación. La misma que a la Justicia federal le sirvió para avanzar en la investigación e imputar a una decena de involucrados.

Pero sobre todo se encontraron con la prueba irrefutable, la que el intendente Prado no pudo ni podrá explicar: la resolución municipal que lleva su firma y la del entonces secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, mediante la cual autorizaba a la empresa OSIP SA, y cuyo titular es Diego Andrés Alos (imputado como Prado y como Céspedes), a retirar los caños del GNEA de la jurisdicción de su municipio con la excusa de que eran «materiales contaminantes y pasivos ambientales».

Argumento insostenible

Cualquiera menos Prado (que es ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente y exsecretario de Ambiente) podría haber argumentado desconocimiento del tema.

Si hay algo que el norte tiene -como un sistema de venas subterráneas- son poliductos y las más diversas líneas de conducción tanto de gas como de petróleo y de sus derivados, que bajan desde las diferentes áreas productivas y llegan a los ductos troncales como a las plantas de tratamientos o a la refinería de Campo Durán.

Además, los estudios ambientales del GNEA, que todavía no estaba operando, habían sido aprobados por la Provincia y por la Nación en un trabajo similar al que precisamente Prado solía realizar.