¿De qué se trata el proyecto?
La nueva norma cuya duración es de, en principio, un año solicita un “esfuerzo colectivo impositivo” para “superar la crisis económica” generada “por el macrismo y la pandemia del coronavirus”.
En esa línea, el proyecto prevé un fuerte ajuste a trabajadores y jubilados y un nuevo impuesto a los grandes propietarios rurales de la provincia.
Por ejemplo, según la ley, habrá un aumento a los jubilados que perciban más de 75.000 pesos y que será entre el 16% y el 22%. Además dichos jubilados deberán pagar un “aporte solidario extraordinario”, que será entre un 4% y un 10% por el tiempo que se prolongue la emergencia.
Otro de los polémicos artículos suspende la aplicación de “todos los dispositivos de actualización de haberes” del Estado provincial, y determina que los próximos aumentos serán “dispuestos por el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias”.
Por otra parte, quienes poseen más de 1.000 hectáreas, en tanto, deberán aportar un 10% del impuesto inmobiliario anual que pagan en 2020 y 2021, y también una “contribución especial” del sector financiero y bancario, “el que más se benefició en los últimos años”, según justificó Bordet.
La norma recibió múltiples rechazos a tal punto que en medio de la pandemia, organizaciones y gremios docentes, estatales y judiciales, entre otros, realizaron movilizaciones y asambleas en diferentes ciudades para rechazar el proyecto.