Amnistía internacional considera que Argentina viola los DerechosHumanos al dejar ciudadanos varados en el exterior
Ante este escenario, Amnistía Internacional envió una carta al dirigida a Cancillería, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en la que pidió información sobre los argentinos varados en el exterior y consideró que el accionar del país no se ajusta a los “estándares de Derechos Humanos”.
“Empezamos a recibir denuncias de gente varada. Duermen en el aeropuerto y se tienen que hacer PCR todos los días. La restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. A los ciudadanos hay que darles previsibilidad. Se están violando derechos humanos, no se cumplen todos los requisitos necesarios para las restricciones. Se están violando derechos de los ciudadanos”, aseguró enfática Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en diálogo con María Laura Santillán por CNN Radio.
En la misiva enviada al Gobierno, Belski le pide que en el plazo de quince días informe una serie de cuestiones en relación al cierre de fronteras vigente desde el 26 de junio “a efectos de garantizar que las restricciones se ajusten a los estándares internacionales de Derechos Humanos”.
En este sentido desde el organismo solicitan saber cuáles son los criterios sanitarios que motivaron dicha restricción como así también la metodología empleada para definir la asignación de vuelos de repatriación y el cronograma de los mismos.
A su vez, pidió detallar la cantidad de personas afectadas con estas medidas, cuántas de ellas permanecen fuera del país y en qué condiciones; la cifra de pedidos de repatriación; y la ayuda económica destinada por el Estado a estas personas, entre otras cuestiones.
En adición, el Organismo también envió una carta a Cafiero y De Pedro en la que solicita una reunión con el objetivo de “dialogar y brindar aportes desde una perspectiva de derechos humanos” en relación con las “restricciones establecidas”.
En ella, Amnistía Internacional reconoce los esfuerzos del Estado argentino para dar una respuesta integral a una crisis sanitaria de una magnitud sin precedentes”, sin embargo alerta que “cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria. No debe durar indefinidamente, debe estar sujeta a un examen periódico y significativo, y debe tener el mínimo impacto posible en los derechos humanos“.
Y concluye: “Las autoridades deben extremar su compromiso con los derechos humanos y garantizar que las políticas implementadas no causen un impacto desproporcionado en las personas”.
