Hay cuatro personas imputadas por peculado y falsificación de instrumento público. Inducían a los dueños de los vehículos confiscados a pagar un precio menor.

Documentos falsos utilizados para operar

En un lapso aproximado de diez meses tres empleados de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y el chofer de un remise trucho se habrían beneficiado con más de 5 millones y medio de pesos entregando vehículos confiscados del organismo con documentación falsa. Ayer, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó de forma provisional a los cuatro hombres por los delitos de peculado y falsificación de instrumento público. Ninguno quiso declarar.

De carácter autárquico y vinculada al Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de la Producción y el Empleo, la AMT tiene la potestad de planificación, organización, regulación, fiscalización y control en pos de garantizar la normalidad del servicio público de transporte en la región metropolitana de Salta. Tres de sus empleados, junto a un cuarto involucrado, fueron descubiertos por autoridades de la entidad realizando maniobras espurias para quedarse con dinero que le pertenece al Estado provincial.

El grave hecho empezó a hacer ruido en el interior de la AMT tras el faltante de un auto en una de sus playas de estacionamiento. El presidente del organismo, Marcelo Ferraris, fue quien denunció lo ocurrido e inició una investigación interna, donde a través de cámaras de seguridad de la empresa confirmaron la presencia de un hombre que tras entregar un papel al guardia, sacó el auto y se retiró. Dicha investigación permitió saber que entre 150 y 160 vehículos confiscados fueron eliminados del sistema informático.

Teniendo en cuenta la cantidad de rodados involucrados, fuentes de la investigación consultadas por El Tribuno señalaron que de manera aproximada la cuantificación del daño provocado al Estado provincial es más de 9 millones y medio de pesos, teniendo en cuenta que los dueños de los vehículos secuestrados debían pagar unos 60.000 pesos -promedio general- para llevarse el auto. Dinero que no ingresó a la AMT. Según testimonios colectados por los sabuesos de la UDEC, los sospechosos cobraban unos 35.000 pesos por fuera de la empresa, ganancia que los imputados se quedaban y que es relativa, dado que depende del modo en que se realizaron cada una de las entregas.

La identificación

Los tres empleados de la AMT, dos inspectores y un administrativo, y el chofer de un remise trucho fueron identificados por investigadores de la UDEC a través de diversas acciones. La misma denuncia realizada por autoridades del organismo con información de los puestos claves y las personas a cargo. Se trata de las únicas personas que tienen acceso a la realización de multas y otras tareas vinculadas con el delito cometido.

Fuentes investigativas le confiaron a El Tribuno que desde la UDEC analizarán caso por caso para determinar el grado de vínculo con el ilícito que pudieran tener los dueños de los vehículos involucrados en las operaciones falsas. Algunos de ellos aportaron testimonios de valor en la causa.
 
 

A través de la revisión de cámaras de seguridad donde se observan actitudes sospechosas y el aporte de personas que fueron a retirar el vehículo y contaron que les dijeron que debían pagar de determinada manera. A raíz de las pruebas producidas por la fiscal penal Odorisio, y tras identificar a los sospechosos, solicitaron al Juzgado de Garantías 8 permiso para allanar los domicilios de los sospechosos, el jueves pasado, en los que secuestraron actas y otros elementos que confirman las sospechas.

Los vehículos

Se trata de autos secuestrados por la AMT en el marco de alguna irregularidad: remises ilegales, Uber, falta de licencia. A la hora de retirar el auto el propietario puede hacer el pago voluntario o un descargo, siempre pagará una multa, y es en ese punto en que los imputados actuaban por fuera del organismo.

Inducían a los dueños a pagar menos para entregarles el auto y se quedaban con la plata. Les entregaban un acta de entrega con la firma falsa de la persona competente para firmar.