El proyecto debe pasar por el Senado y plantea cobertura estatal.

El debate por el plasma se originó tras una denuncia por el cobro en un centro privado. Archivo.

En la última sesión de la Cámara de Diputados se le dio media sanción al proyecto de ley para que el Ejecutivo provincial se haga cargo de los costos que surjan del proceso de obtención de plasma. Con costos claros, aseguran que de aprobarse la ley se terminarán con las especulaciones del método paliativo en pandemia.

«Está nomenclado en $4.200 por unidad de plaqueta», indicó el diputado Javier Diez Villa, autor del proyecto para marcar la diferencia abismal que se llegó a registrar en algunas denuncia públicas. «No tiene ningún sentido que se cobrara $30 mil e incluso desde el IPSS se advirtió que llegaron a querer cobrar $70 mil, sin ningún asidero jurídico», advirtió el legislador.

Por donante, según se explicó oportunamente desde el Centro Regional, se pueden obtener dosis para 3 pacientes. Una persona puede donar 600 milímetros de plasma que se dividen en tres dosis de 200 milímetros.

A partir de la «noticia criminis», el Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio. El fiscal Ramiro Ramos Osorio imputó a los doctores Martín de la Arena, propietario de Hemosalta SRL, centro privado dedicado a la transfusión de sangre, y a la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino, quien también es propietaria de un centro privado. De la Arena también fue director del centro de hemoterapia.

Cautela

Para el autor del proyecto que se plantea como salida a la especulación, indicó que, al ser una especialidad con escasos profesionales, «tres o cuatro», el Gobierno «tiene que ser muy cuidadoso» en una posible nueva designación en el Centro Regional de Hemoterapia a raíz de la investigación abierta. «Sin lugar a dudas, sea quién sea el especialista designado, tiene algún tipo de vínculo con algún centro privado. Pero esas cuestiones tienen que estar claramente especificadas para evitarlo», resaltó Diez Villa.

«El Poder Ejecutivo tomará a su cargo toda facturación o arancel por practicas médicas vinculadas a la extracción, envasado y distribución de plasma convaleciente para el tratamiento de COVID-19, realizadas por plantas de hemoderivados, públicas y privadas», indica el proyecto que va encaminado a ser ley. Se prevé que la cobertura sea hasta lo que dure la pandemia.

El diputado argumentó la cobertura en el ámbito privado porque «en este tiempo, que ojalá no vuelva a suceder, en el colapso del sistema de salud, lo primero que colapsa es el público. Y cuando la persona no tiene lugar en el público va al privado, y ahí le van a pretender cobrar este insumo», detalló. Aunque el legislador aclaró que en caso de que el paciente tenga obra social, se deberá hacer cargo de la practica. «Son unas de las grandes ausentes en esta pandemia, ya hemos tenido malas experiencias principalmente con el PAMI», advirtió.

En junio Salta adhirió al plan estratégico nacional para la utilización del plasma

Al llegar la pandemia, si bien se cuenta con una norma marco que prohíbe la comercialización de la sangre o sus derivados, comenzaron a surgir montos relacionados al costo del proceso. Aunque muchos de ellos multiplicaban lo estipulado.

Con la pandemia acechando al sistema sanitario, los legisladores nacionales aprobaron la ley nacional de donación de plasma, donde se indicó que también el Estado debía hacerse cargo del traslado de los pacientes que sean donantes. Pero los hechos sucedieron a las normas y en Orán los reclamos por plasma fueron constantes. Hasta que la situación se calmó luego de la llegada de una máquina de aféresis donada por un oranense radicado en Estados Unidos.