jueves, marzo 28

Así se ejecutó el plan de saqueo del Gasoducto NEA

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En la acusación, Villalba describió el rol de los 10 imputados que irán a juicio. En este informe, las pruebas reunidas en torno de la maniobra. 

Parte de los caños que le secuestraron a mediados de 2020 en Quilmes (Buenos Aires) a la empresa chatarrera Comarfil.

El principal imputado por el robo de los caños del Gasoducto NEA es el exintendente de Aguaray, Jorge Prado, quien asumió el 10 de diciembre de 2019 y fue destituido el 15 de octubre de 2020.

La citada resolución, que Prado firmó el 23 de diciembre de 2019, fue el paraguas con el que caños robados a Enarsa atravesaron los controles camineros de cinco provincias para ser ilegalmente revendidos.

El 21 de diciembre de 2019, Prado le pidió al secretario de Asuntos Legislativos que realizara un proyecto de resolución autorizando la desafectación de los caños. Dos días después, temprano, ingresó por la mesa de entrada del Municipio otra nota del titular de OSYP, Diego Alos, que consolidó la maniobra. Horas más tarde, en tiempo récord y sin dictamen jurídico ni contable, Prado emitió la resolución 1.215. Con ella, bajo un trámite irregular, autorizó a OSYP a sustraer los caños del GNEA como supuesto “material de rezago” y “pasivo ambiental”. De esa forma, el intendente no solo se arrogó facultades que no tenía, al disponer de bienes del Estado nacional, sino que alegó cuestiones ambientales que no estaban acreditadas.

Prado nunca le dio intervención a la Secretaría de Medio Ambiente. Además, omitió publicar la resolución 1.215 en el Boletín Oficial, con lo cual la sustrajo del control del Concejo.

El 7 de febrero de 2020, ante un aviso de alerta de Adrián Zigarán, actual interventor de Aguaray, el puesto que tiene Gendarmería en el acceso a la localidad, sobre la ruta nacional 34, detuvo un camión con 15 caños del GNEA. Los tubos eran transportados hacia la planta chatarrera que tiene la empresa Comarfil en Quilmes (Buenos Aires), bajo el amparo de la resolución 1.215. En medio del procedimiento, Prado se presentó en el puesto de control de Gendarmería y cuestionó que se demorara al equipo de transporte. 

Con la investigación ya iniciada, el intendente pidió a la Fiscalía Federal de Orán que desestime una denuncia radicada por IEASA (Enarsa) contra Alos y que haga devolver los caños a OSYP.

Con medidas de prueba se confirmó que el 21 de enero de 2020, fecha en la cual se transportaron caños del GNEA hasta la planta de la firma Comarfil, Prado mantuvo comunicaciones con Alos. También se determinó que, una vez que la resolución 1.215 tomó estado público por los medios, Prado recurrió a un hábil saqueador de gasoductos, Adrián Antonio Vera, para continuar con el saqueo.

A tal fin, Prado se reunió con Vera en la sede del Municipio de Aguaray, lo llevó a conocer la zona de El Desemboque -uno de los frentes en los que se ejecutó el plan de saqueo del Gasoducto NEA- y le dio los contactos de dos empresas de General Mosconi: Perterser y M&P Servicios Especiales.
El intendente también le adelantó al mendocino $800.000 para que contratara el personal, la maquinaria y un predio para acopiar los tubos extraídos. A partir de detalles que aportó el propio Vera, como imputado colaborador, la Fiscalía observó que en marzo de 2020 hubo “movimientos patrimoniales municipales injustificados en Aguaray”. Todo esto fue resaltado por Villalba en la acusación penal que ratificó ante el juez federal de Revisión, Alejandro Castellanos, días atrás. 

Marcelo Céspedes

Marcelo Céspedes, exsecretario de Hacienda de Aguaray, fue acusado de suscribir junto a Prado la resolución 1.215. Villalba remarcó que era un empleado de carrera administrativa y, como tal, conocía la Carta Orgánica de la Municipalidad de Aguaray. Para el fiscal, Céspedes firmó la citada resolución a sabiendas de que ésta debía ser refrendada por el organismo con competencia, que en este caso era la Secretaría de Ambiente. Según la acusación, esto habría sido reconocido por el propio imputado en su declaración del 27 de mayo de 2020.

De otras declaraciones prestadas en la causa, Villalba desprendió que Céspedes estaba al tanto de la contratación de Vera y que sabía que Alos, Prado y Vera se habían reunido en la Municipalidad, aunque él no tomó parte en ese encuentro.

La Fiscalía destacó que Céspedes mantuvo numerosas llamadas con Prado entre el 26 y 28 de enero, fechas en las que se transportaron caños del GNEA desde la zona de Aguaray hasta la planta de la firma Comarfil en Quilmes.

Villalba también resaltó vínculos de Céspedes con dos de los empresarios imputados en la causa, Milton Saavedra y Bruno Degoy, socios de la empresa M&P Servicios Especiales.
Con respecto a la situación de Céspedes, el abogado Sergio Heredia aseguró que el exsecretario de Hacienda de Aguaray es inocente. El letrado afirmó que hay dos resoluciones 1.215. “En la que tomó la Fiscalía para acusar a mi defendido falsificaron su firma y ya tenemos una pericia que lo prueba”, sostuvo Heredia. 

Los ideólogos del millonario robo de caños del Gasoducto NEA

18 DE Abril 2021 – 01:43 Para la Fiscalía, Diego Alos planeó el saqueo con Jorge Prado y Adrián Vera.

Los ideólogos del millonario robo de caños del Gasoducto NEA

Diego Alos y Adrian Vera

El titular de OSYP, Diego Alos, es un empresario mendocino familiarizado con la reventa de caños hidrocarburíferos. Como tal, conocía el rédito económico que podía sacar con los costosos tubos del Gasoducto NEA.

Todo esto fue remarcado por el fiscal Eduardo Villalba, para quien Alos coordinó con Jorge Prado la maniobra para poder saquear el GNEA bajo una apariencia legal.

Como parte del plan, Alos envió el 10 de diciembre de 2019 al recién asumido intendente de Aguaray una nota solicitando autorización para llevar adelante supuestas tareas de saneamiento ambiental. En base a ese pedido, 13 días después Prado dictó la cuestionada resolución municipal 1.215.

Para poder realizar actividades económicas en la provincia de Salta, Alos se inscribió como contribuyente el 1 de enero de 2020 (fecha más que curiosa por tratarse de un día feriado) y consignando un domicilio falso en la ciudad de Tartagal.

Presurosamente, también gestionó ante la AFIP las autorizaciones con las que la firma Graficar imprimió los remitos que, junto a la resolución 1.215, respaldaron el transporte de los caños robados para sortear controles.

El 20 de enero de 2020, con otra nota, Alos informó a Prado que había completado un relevamiento en Campo Durán y que continuaría con las tareas de “saneamiento ambiental” haciendo uso de la resolución 1.215.

Con este montaje, Alos logró vender al menos 67 caños del GNEA al empresario a Matías José Rossi, titular de la firma Comarfil, de Quilmes.

Tras la olla que se destapó el 7 de febrero de 2019 en el puesto de Gendarmería de Aguaray, Alos contactó a un viejo conocido, Adrián Vera, y se lo presentó a Prado. Así, el saqueo prosiguió con un nuevo montaje que sacó de la escena a la resolución municipal 1.215.

Adrián Vera

Adrián Vera es mucho más joven que su comprovinciano Alos, con quien comparten la misma cuna, Luján de Cuyo, y las artes del desarme de tendidos hidrocarburíferos.

Con un largo historial de estafas seriales y gasoductos saqueados en Chubut, la Pampa, Buenos Aires, La Rioja y Catamarca, Vera declaró como “arrepentido”. Bajo esa figura, dijo que fue Alos quien lo contactó para extraer caños del GNEA en el norte de Salta. Sus afirmaciones como imputado colaborador complicaron a varios de los encausados. Por eso, en la audiencia que dejó la causa encaminada a juicio, no sorprendió que la mayoría de las defensas interpusiera planteos de inconstitucionalidad contra la llamada “ley del arrepentido”.

Vera no solo sostuvo que Alos lo trajo a Salta, sino que afirmó, con lujos de detalles, que fue contratado por Prado para continuar con el robo de los caños.

Vera, según indicó la Fiscalía en la acusación, se reunió en el Municipio de Aguaray con Prado, quien lo llevó después a conocer la zona de El Desemboque, le dio dinero para iniciar las extracciones de caños en ese paraje y le facilitó los contactos de las empresas Perterser y M&P.

El “arrepentido” dijo que en General Mosconi montó el 1 de abril de 2020 una empresa de papel: Vera SA.

Con esa firma ficticia suscribió un acuerdo de servicios, con la empresa Perterser, por personal y máquinas que se usaron para extraer caños en El Desemboque.

El mismo día celebró un contrato de subarrendamiento, con M&P Servicios Especiales, por el predio donde comenzó a acopiar los tubos saqueados.

Por otra parte, contrató a choferes de la empresa de transporte Serenelli para que llevaran caños desde El Desemboque hasta General Mosconi.

Vera utilizó documentación fraguada (facturas, remitos y una acta de remate que se imprimieron con membretes de reconocidas empresas del país, como Minera del Altiplano y Adrián Mercado) para simular una operación de compraventa de caños del Estado nacional y burlar de esa forma los controles de las fuerzas de seguridad. 
Uno de los trabajadores contratados en El Desemboque, en su declaración testimonial, afirmó que Vera había trabajado con OSYP sacando caños en Aguaray con el apoyo del exintedente Prado.

F: ElTribuno