Luego de la crítica de la Vicepresidenta, la magistrada estableció que el teléfono de Sabag Montiel fue manipulado “de manera deficiente”, sin tomar los recaudos para preservar la información.

Finalmente la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner, presentó una denuncia para que se investiguen, en una causa aparte, las responsabilidades penales que puedan caberle a la Policía Federal (PFA) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La denuncia surge tras conocerse la pericia realizada por Gendarmería, en torno al teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, quien gatilló en la cabeza de la Vicepresidenta el pasado primero de septiembre.

Según el informe de la Gendarmería, que analizó cómo se llevaron a cabo los procedimientos de extracción de datos del teléfono secuestrado tras el incidente, la extracción intentada por la PFA “fue realizada de manera deficiente al no tomar los recaudos pertinentes respecto a su debida preservación/resguardo (conforme consta en las actuaciones remitidas para análisis)”.

Es que el celular llegó a manos de la jueza en la que recayó la investigación, en un sobre abierto, encendido y con la leyenda que apuntaba que había sido reseteado a fabrica. Lo que despertó sospechas e impulsó una pericia de la pericia misma.

Por su parte, el relevamiento sostiene “que resultó factible determinar fecha y marco de tiempo en que el equipo ‘teléfono sabag’ fue restablecido a valores de fábrica, siendo la misma ’00:19:26′ hora local, del día 03 de septiembre del 2022”, cuando el teléfono ya estaba en posesión de la Policía Aeroportuaria.

A lo que agrega: “El equipo presentaba configuraciones avanzadas de un usuario con conocimientos, lo que hace el equipo sea vulnerable y/o sensible ante la manipulación propiamente dicha”, lo que quiere decir que el celular podía estar preparado para evitar que se le extrajera información.

Con esta información, Capuchetti, presentó la denuncia contra las fuerzas federales que manipularon el dispositivo, la cual recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de María Servini, que trabaja con el fiscal federal Federico Delgado.

Vale destacar que la propia Cristina había criticado, días atrás, cuando solicitó la recusación de la magistrada, su accionar en relación con estas pistas en la causa. Y la culpó de estar influenciada por el macrismo.