Avanza la denuncia de CFK contra la AFIP de Macri por “hostigamiento fiscal” a ella y sus hijos
Cristina Fernández denunció en febrero de 2020 que el ex presidente Mauricio Macri utilizó el aparato del Estado como “maquinaria de persecución y hostigamiento a opositores políticos” que la incluyó a ella y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, ordenó que se ejecute una amplia auditoría interna para comprobar si era cierta la denuncia de la vicepresidente. Ahora, diez meses más tarde, se presentó en Comodoro Py con una ampliación de denuncia contra Macri y los ex administradores de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli.
La auditoría de la AFIP supone que Abad y Cuccioli cumplieron órdenes directas de Macri para hostigar a CFK y sus hijos Máximo y Florencia. Y que esas órdenes no estaban sujetas a derecho y consumaron –supuestamente– los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
“La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado. Los hallazgos dan cuenta de una matriz de persecución desplegada en las gestiones del doctor Alberto Abad y del ingeniero Leandro Cuccioli, durante el gobierno que presidió el ingeniero Macri”, escribió Marcó del Pont en una providencia interna antes de presentar la denuncia en la Justicia federal.
A su vez, sostuvo que los hallazgos “dan cuenta de una matriz de persecución” durante el gobierno anterior ya que, entre 2016 y 2019, se desplegaron desde la AFIP “prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad”.
Según consignó el diario Página 12, que tuvo acceso a la denuncia, detallan lo actuado por la AFIP durante los mandatos de Alberto Abad y Leandro Cuccioli:
* Los funcionarios no actuaron con el deber ético de la neutralidad, se lesionó el mandato de actuar de buena fe y la norma del trato igualitario a todos los contribuyentes.
* Cuando se realizaron las primeras determinaciones de las obligaciones tributarias de la familia Kirchner, ni siquiera se la notificó. Se le enviaron oficios a domicilios que no tenían vinculación con la expresidenta y de esa manera se pretendió justificar una actuación a escondidas. Es más, incluso pudieron haberla notificado en el Senado pero esquivaron hacerlo para seguir las actuaciones sin que ella supiera.
* La ley establece que el órgano recaudador busca que el contribuyente pueda ejercer su defensa. Al no haberla notificado ni haberla puesta al tanto de los procesos, “quedó en entredicho el debido proceso”, dice la Auditoría.
* Se determinaron obligaciones tributarias de oficio, cuando en realidad había varios domicilios alternativos y hasta públicos para notificar a la entonces senadora. O sea, establecieron montos de deuda descomunales e injustificados y siguieron vedándole la vista de las actuaciones y la intervención en los procedimientos.
* La Auditoría detectó “irregularidades en el análisis de las fiscalizaciones de las situaciones patrimoniales”, lo que llevó a exigencias de pago inexactas y a seleccionar a determinados funcionarios para que las hagan.
* En todo lo que tuviera que ver con familia Kirchner no intervenía el funcionario que correspondía, sino que la conducción seleccionaba a quienes se consideraba que estaban alineados con la persecución.
* Como se sabe, en cada trámite queda registrado el ingreso de un funcionario a los datos de cualquier contribuyente. La Auditoría estableció que hubo miles de ingresos en la base de datos referida a Cristina Kirchner y sus hijos e incluso existe la sospecha de que hubo maniobras para tapar aún más ingresos irregulares y violatorios del secreto fiscal.
* Está probada por la Auditoría que se constituyeron grupos de trabajo concentrados en perseguir a determinados grupos y contribuyentes, algo que va totalmente en contra de la igualdad y la neutralidad que debe guardar la AFIP.
* Hubo una “singular coordinación de acciones entre funcionarios de la AFIP e integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público que excedió la colaboración que la administración presta a la judicatura”. En otras palabras, que determinados jueces y fiscales ni siquiera cursaban pedidos oficiales, sino que había un ida y vuelta a escondidas, una especie de alianza en la persecución. “Esto ya fue reconocido por un funcionario de la AFIP en sede judicial”, una referencia a testimonios que se dieron en el juicio respecto de Oil Combustibles en que se reconoció que había grupos de tareas especialmente dedicados a hostigar a ese grupo empresarios.
La denuncia está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, actual subrogante del juzgado federal número 11, y de la fiscal Paloma Ochoa, donde se investiga la posible comisión de delitos por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, cuyas situaciones procesales podrían complicarse bajo la acusación de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
