jueves, marzo 28

Boudou demandó al Estado ante la CIDH y acusó al macrismo de perseguirlo judicialmente

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El ex vicepresidente de la Nación formalizó una denuncia ante la CIDH contra el Estado argentino tras haber agotado las instancias judiciales en territorio argentino. El pasado diciembre la CSJN ratificó su condena por el caso Ciccone El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su condena en el famoso caso Ciccone, al agotar los recursos presentados en jurisdicción nacional. Además, dijo que había enfrentado un proceso “amañado y arbitrario en el que no habido garantía convencional que no se haya violado”.

En agosto de 2018, el Tribunal Oral Federal N°4 condenó a Amado Boudou por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública a 5 años y 10 meses de prisión; a José María Núñez Carmona a cinco años y seis meses de prisión como partícipe necesario de esos delitos y a Nicolás Ciccone por cohecho activo a 4 años y seis meses de prisión.

Los condenados apelaron y, en julio de 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó su sentencia. Continuaron escalando hasta captar la atención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre de 2020, mantuvo el dictamen de los tribunales inferiores.

En el texto que presentó ante la CIDH y al que accedió Télam, planteó que la primera garantía que se violó en su proceso fue la de la “legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución”. Según reza el documento, “junto con quien fue presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su Gabinete de ministros” fue “objeto de una campaña de persecución judicial” desde el final de su actividad en 2015 y la gestión del gobierno entrante encabezado por Mauricio Macri.

Boudou sostuvo que además de las operaciones judiciales se elaboró una estrategia de difamación en los medios masivos, lo cual acusó como “hechos de campaña” que promovieron un “profuso tratamiento mediático en primera plana”, para lo que se “diseccionó cuidadosamente” el Debido Proceso “desvirtuando su rigor objetivo, material y procesal”.

En ese sentido, el acusado -y ya condenado- recordó la instancia de su detención: “Tuvo el evidente objetivo de humillarme públicamente” ya que se realizó “en horas del amanecer”, sin citación previa, “pese a que siempre había comparecido a las citaciones” y, además, exhibiéndolo ante la TV en pijama y pantuflas, ventilando ilegalmente imágenes del procedimiento”.