La ministra de Seguridad confirmó la modificación en su exposición en Diputados. El Gobierno busca acelerar el tratamiento de la Ley Ómnibus.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asistió al trabajo en comisiones de la Cámara de Diputados para explicar la importancia para el Gobierno de Javier Milei la aprobación de la Ley Ómnibus. En su exposición, dedicó los primeros minutos a explicar lo que consideró un malentendido y confirmó una marcha atrás en la reglamentación de las protestas sociales.

“Lo primero que voy a hacer es una aclaración: hubo una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para la reunión de 3 personas. Eso está vinculado a la ley de tránsito y no a la general”, señaló Bullrich. Y remarcó: “Vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo de la Ley”.

“La posibilidad de tener un país en orden, capaz de crear trabajo se manifiesta en la razonabilidad de la protesta social”, indicó la ministra. “El país ha tenido desde el 2009 hasta el 2023, 85.200 piquetes y manifestaciones. Esto representa 815 cortes mensuales, en promedio”, detalló. “Esto implica una pérdida de comercios, de horas de trabajo, de posibilidades de llegar a sus empleos”, aseguró.

“Hacen los piquetes con una capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes, como la pérdida de un plan social, y esto ha generado un modelo que termina con la autonomía y la voluntad de las personas, las somete. Ahí aparece la figura del organizador, que extorsiona a la gente”, especificó Bullrich.

En su explicación sobre las sanciones a los piqueteros, la titular de Seguridad advirtió: “Habrá una pena mayor para los organizadores, será de 3 a 6 años de prisión”. Y aseveró: “De ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado nacional, que decide sobre la vida de la gente”. En la misma línea, Bullrich expresó: “Los organizadores van a ser solidariamente responsables del pago de los daños que ocasionen en el patrimonio público y privado”.

A través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno definía a la reunión o manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”. Allí se establecía que estas reuniones debían ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización ante Ministerio de Seguridad, que se guardaría la potestad de autorizar o rechazar la convocatoria.

En el pedido debían figurar las características de la manifestación, los datos de la persona u organización que la convoca especificando “nombres y datos personales”, la finalidad, el recorrido de la marcha, el tiempo de duración y la cantidad estimada de participantes.

La ministra también se refirió al cambio propuesto en el concepto de legítima defensa, en línea con otros países latinoamericanos. Según explicó, la idea es que la proporcionalidad de la respuesta debe ser interpretada siempre en “favor de la gente que va a impedir un delito, que va a impedir la muerte de una persona, el ataque hacia él o hacia un tercero”.

Al respecto, destacó que se apunta dotar de mayor tranquilidad y protección a los agentes de fuerzas de seguridad, para que no sienta que por hacer su trabajo pueden “quedar presos de por vida”. “Este cambio es fundamental en la capacidad operacional de la fuerza de seguridad”, resumió la ministra, y sentenció: “No hay resarcimiento por ser chorro”.