Un proyecto de ley que quedó sin tratamiento el martes en Diputados instaló uno de los grandes debates que esperan ser abordados en la Legislatura.

En la última sesión de Diputados quedó sin tratamiento un proyecto de ley que busca evitar vulneraciones de derechos con leyes de utilidad pública que se aprueban sin debate e expropiaciones impagas por las que el Estado provincial afronta juicios millonarios.

La iniciativa de la diputada Sofía Sierra (Pro) contempla crear una Comisión Bicameral Permanente de Expropiaciones que analizaría los proyectos de ley que tengan por objeto declarar de utilidad pública tierras u otros bienes de propiedad privada. La citada Comisión se conformaría con cuatro senadores y una igual cantidad de diputados, propuestos en mitades iguales por los bloques parlamentarios del oficialismo y la oposición.

La iniciativa, concretamente, apunta a evitar que las cámaras legislativas sancionen leyes de utilidad pública sin considerar aspectos jurídicos, técnicos, económicos, ambientales, sociales y presupuestarios de los proyectos que terminan afectando no solo a propietarios que son desapoderados de tierras sin la indemnización previa y justa que ordena la Constitución. Las expropiaciones que se dejan inconclusas e impagas en el tiempo también afectan a las familias sin techo que no pueden acceder a las escrituras de los terrenos que adquieren en loteos públicos y al propio Estado, porque termina afrontando millonarias demandas que liman el presupuesto provincial.

   El loteo de Parque La Vega tiene una indemnización pendiente.

Otras veces son propietarios inescrupulosos los que fogonean expropiaciones de suelos inhabitables y sin factibilidad de servicios, aprovechando la desesperación de familias vulnerables a las que empujan a ocupar sus tierras a través de punteros.

Ante las grietas evidenciadas en un informe que el fiscal de Estado de la Provincia, Juan Agustín Pérez Alsina, expuso el mes pasado en la Legislatura, el proyecto que presentó Sierra contempla dos modificaciones básicas para debatir las leyes de utilidad pública. Una es el dictamen que, en base a un análisis integral previo, la Comisión Bicameral debería poner en manos de todos los diputados y senadores al momento de incluirse un proyecto de esta naturaleza en el acta de labor parlamentaria. La iniciativa, además, vedaría la posibilidad de que un proyecto de ley de utilidad pública y expropiación pueda ser presentado sobre tablas.

700 millones de pesos era la indemnización reclamada en 2013 por Pereyra Rosas. El juicio está en la Corte.

   Los Paraísos, el loteo estatal de Cerrillos, encierra uno de los juicios más pesados.

En los fundamentos, la diputada capitalina recordó que la expropiación es un procedimiento de derecho público, constitucional y administrativo que consiste en la transferencia de la propiedad privada desde su titular al Estado. Remarcó que se trata de una figura con raigambre constitucional, porque «desde la misma cúspide de nuestro ordenamiento jurídico se dictan los lineamientos generales para que ella proceda. Claro está que se trata de un caso en el que el derecho de propiedad es vulnerado, pero que puede darse porque persigue un bien mayor: la utilidad pública».

La expropiación de las 60 hectáreas de Cerrillos truncó un desarrollo valuado en US$ 20 millones. 
 

La legisladora del PRO resaltó que la Constitución provincial, en su artículo 75, establece que la propiedad privada es inviolable y que nadie puede ser privada de ella, salvo ante el caso excepcional de una expropiación para la cual deben cumplirse tres requisitos: 1) Tiene que ser declarada de utilidad pública, 2) esa utilidad pública tiene que ser calificada por ley y 3) debe ser previamente indemnizada.

«La práctica legislativa ha demostrado que los proyectos de expropiación muchas veces son tratados de forma expedita, sin mayores comentarios u observaciones, incluso sin debate», cuestionó la diputada, tras afirmar que el proyecto que estaba en el acta de labor pero que no se trató el martes «no vulnera la Constitución, más bien la acompaña, y no contradice la ley de 2.614 de expropiaciones. Busca regular el funcionamiento interno de cada Cámara, da más seguridad jurídica al ciudadano, no implica una asunción de nuevos gastos para la provincia, ya que los mismos son menores en pos de cumplir fielmente un mandato constitucional al resguardar el derecho de propiedad», acotó.

Millonarios juicios

El mes pasado, ante legisladores, el fiscal de Estado precisó que en la última década se sancionaron 118 leyes de declaración de utilidad pública de tierras. Aclaró que solo 28 de esos procesos expropiatorios se encuentran finalizados y 20 esperan fondos de Economía para su conclusión jurídica.

Pesadas negociaciones y demandas

Entre las 90 expropiaciones de tierras que dejó inconclusas e impagas el anterior gobierno, provincial, hay 20 expedientes que esperan por fondos del Mínisterio de Economía de la Provincia para poder tener un cierre jurídico. En 14 de esos 
legajos se negocian condiciones de pago por más de $700 millones. Otras expropiaciones, que permanecen impagas, desencadenaron juicios en los que se reclaman reparaciones aún más cuantiosas.

f: El tribuno