Gabriel Fernández, cumplía una condena en Córdoba por violencia de género. En 2018 solicitó el cambio de identidad de género.

Gabriel Fernández, quien cumplía una condena en Córdoba por violencia de género, solicitó en 2018 el cambio de identidad de género, adoptando el nombre de Gabriela Nahir Fernández. Este cambio implicó su traslado al pabellón de mujeres en la cárcel de Bouwer, donde fue acusada de maltratar a otras internas. El caso cobró notoriedad cuando recientemente se la acusó de violar y embarazar a una reclusa, lo que llevó a un fallo judicial ordenando su traslado a un sector sin contacto con otras detenidas.

La noticia generó reacciones políticas de alto perfil, incluyendo las críticas de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en su cuenta de X expresó: “El que esté a favor de la ideología de género es un degenerado/a… Nuestro gobierno los va a combatir hasta que no nos quede sangre en el cuerpo”. El presidente Javier Milei también se sumó al debate compartiendo comentarios críticos de usuarios de redes sociales, cuestionando el sistema judicial y las políticas de género.

Fernández acumuló antecedentes de violencia dentro y fuera de la cárcel, con varias denuncias por lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad desde 2016. En abril de 2019, fue acusada por agredir a una compañera en el pabellón femenino, y en libertad condicional fue denunciada nuevamente por violencia de género. A su regreso al penal, en noviembre de 2023, continuó siendo una figura conflictiva en el pabellón de mujeres.

El expediente judicial revela que Fernández se habría convertido en “un referente negativo en el pabellón de mujeres” al imponer un ambiente de intimidación hacia las otras reclusas. Según los informes, ella utilizaba su identidad de género “binaria” como una forma de amenaza, creando un entorno hostil y de maltrato psicológico.

La Justicia ordenó su prisión preventiva y autorizó el traslado de Fernández a un área que asegure tanto su identidad como la seguridad del resto de las internas. En el fallo, los jueces señalaron que el sistema penal debe encontrar espacios diferenciados para personas en situaciones similares para evitar que se vulnere el derecho de las otras reclusas, concluyendo que “para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”.