Cambiemos y el kirchnerismo acordaron fijar límites a las prisiones preventivas

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Una comisión bicameral que trabaja en la aplicación progresiva del nuevo Código Procesal Penal dispuso que se implementen los artículos vinculados a las detenciones de imputados sin condena firme
  • Una comisión bicameral del Congreso ordenó la entrada en vigor en todo el país de nuevas pautas que fijan límites a las prisiones preventivas.

    Establece que el fiscal o la querella pueden pedirle al juez el dictado de una prisión preventiva únicamente cuando otras nueve medidas de coerción, menos lesivas, “no fueren suficientes para asegurar” el proceso.

    Esas otras medidas incluyen desde la promesa del acusado de que no se va a fugar hasta prohibiciones de asistir a determinados lugares y la vigilancia con medios electrónicos, como una tobillera.

    Según detalla el diario Clarín, la resolución de ayer establece también la entrada en vigor de pautas más concretas para determinar cuándo existe peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación (los requisitos para disponer prisiones preventivas).

    Estas normas implican un límite a la discrecionalidad de los jueces, que de todos modos seguirán teniendo atribuciones amplias para juzgar si existe o no necesidad de mantener detenido a un acusado.

    El presidente electo, Alberto Fernández, denunció en los últimos meses un “abuso” de las prisiones preventivas contra ex funcionarios kirchneristas, pero en el gobierno de Mauricio Macri también hubo críticas a los magistrados por este tema.

    El ministro de Justicia, Germán Garavano, desde hace tiempo cuestiona las largas prisiones preventivas. Dijo incluso que nunca es bueno que se pida la detención de una expresidenta, lo que le generó un pedido de juicio político de Elisa Carrió.

    Esta coincidencia entre la oposición y parte del oficialismo va en línea con la conversación que mantuvieron Fernández y Macri el día después de las elecciones generales de octubre, cuando el presidente electo le dijo a Macri que no podían seguir siendo “rehenes” de los jueces federales.