Bajo el principio del beneficio de la duda, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo que deja a Ricardo Echegaray como el único culpable.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la absolución de Cristóbal López y Fabián De Sousa -ex inquilinos de Cristina Kirchner- en el caso conocido como Oil Combustibles. Si bien consideraron que fueron beneficiados por la maniobra defraudatoria de Ricardo Echegaray, único condenado, determinaron que no cometieron ningún delito penal debido a la falta de pruebas terminantes para modificar el fallo.

Tras la jubilación de Ana María Figueroa, ordenada por la Corte Suprema, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña se pronunciaron sobre la condena para el ex titular de la AFIP y la absolución que recibieron los empresarios K en el caso. Bajo el principio del beneficio de la duda, ambos confirmaron la sentencia que con voto mayoritario había firmado el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3).

De esta manera, los jueces del máximo tribunal penal rechazaron el planteo del fiscal federal Mario Villar, que había pedido que los dueños de la petrolera y del Grupo Indalo, López y De Sousa, sean condenados por defraudación al Estado.

El Tribunal de juicio había condenado únicamente a Ricardo Echegaray, lo que sorprendió al fiscal Villar, quien indicó que se trató de un veredicto “sorpresivo; una condena al supuesto autor y la absolución a quienes se beneficiaron con la maniobra es extraño”.

El día después de las elecciones generales, la Sala I dio a conocer el criterio adoptado sobre el caso. Ante la duda existente sobre la posible comisión de un delito por parte de López y De Sousa, Petrone y Barroetaveña concluyeron que no se podía atribuir una acusación penal. 

La acusación con la que López y De Sousa fueron a juicio sostenía que, mientras evadían los impuestos de los combustibles líquidos, la AFIP le otorgaba planes de pago con facilidades para pagar esa deuda, que a su vez tampoco lo hacían. De forma que, con el dinero que retenían, los empresarios iban expandiendo el holding Indalo. El monto de este fraude fue revisado durante el juicio, y se ajustó a un período menor al que contemplaba la imputación fiscal, situándolo en unos 5.600 millones de pesos.

Por su parte, Mario Villar defendió los argumentos de la apelación a la sentencia del TOF 3 y apuntó: “pareciera que los hechos comienzan recién con la primera intervención de Echegaray, a quien califican de autor de una defraudación contra la administración pública y a quienes se beneficiaron de esa defraudación se los considera impunes que realizar una acción neutral que es peticionar planes de pago”.

Al analizar la maniobra completa, el fiscal consideró que el proceso se inicia con el impuesto a los combustibles “que se le cobra a las personas que cargan el combustible en el surtidor y sujeto obligado al ingreso a la AFIP de ese tributo era Oil Combustibles. Quien en lugar de ingresarlo lo utilizó para préstamos inter company, dando la casualidad de qué esos préstamos inter company iban a parar a empresas accionistas de Oil Combustibles”.

Los accionistas de la firma petrolera eran Inversora M&S, con el 99,8% y Oil M&S, con el 1.25%, quienes a su vez eran beneficiarias de esos préstamos internos, entre otras empresas. “En todas las empresas aparecen como presidentes o vice presidentes López y De Sousa”, indicó en hace tres meses Villar en la audiencia.

En función de eso, el representante del Ministerio Público Fiscal reclamó una mirada global de la maniobra, a fin de observar que “parte de ese dinero del impuesto a los combustibles líquidos que no era ingresado el fisco terminaba en el pago de alquileres a la familia Kirchner. En particular en la inmobiliaria Los Sauces, cuya facturación el 86% dependía de los alquileres de Lázaro Báez y de Cristóbal López”.