El grupo chileno fue a la Justicia para sacar a la cadena de electrodomésticos y a su tienda de informática de sus centros comerciales. En algunos casos, los contratos están vencidos y en otros, los dio por terminados por la falta de pago.

Cencosud quiere desalojar a Garbarino de todos los locales que ocupa en sus shoppings. Así, lo expresó el grupo chileno, dueño de 16 centros comerciales en el país, en la demanda que le inició la semana pasada a la cadena de electrodomésticos y a la que tuvo acceso El Cronista. Inició, además, un reclamo similar contra Compumundo, la tienda de informática de Garbarino.

Garbarino es la mayor cadena de venta de electrodomésticos del país. Al momento en el que Carlos Rosales, empresario proveniente del mundo asegurador, la compró, a mediados del año pasado, sumaba más de 200 sucursales. La empresa atravesaba una delicada situación financiera, con $ 5000 millones adeudados a bancos -pese a una reestructuración cerrada en 2019- y, principalmente, $ 7000 millones que le debía a sus proveedores.

Rosales desembarcó con promesas de $ 2000 millones a inyectar para reconstruir capital de trabajo. Cerró acuerdos relevantes de patrocinio -con Boca Juniors, River Plate, la Asociación del Fútbol Argentino y San Lorenzo, club del que el mismo empresario es protesorero- e intentó renegociar los pasivos, con propuestas de fuertes quitas. 

Pero no lo logró. Las finanzas de la empresa se deterioraron a velocidad vertiginosa, a punto tal que en abril, mayo y junio no pagó sueldos. Tampoco cumplió con el aguinaldo. Al mismo tiempo, cerró locales. Algunos definitivamente y varios, sin precisiones o con horario reducido. Dejó de vender porque se quedó sin sistema de facturación por falta de pago o de producto, porque los proveedores cortaron entregas. 

En el medio, Rosales fracasó en sus negociaciones para encontrar un nuevo socio. El que estuvo más cerca fue el empresario de telecomunicaciones Facundo Prado. La gestión se cayó cuando empezaron a arreciar los pedidos de quiebra.

Según fuentes gremiales, en lo que va del año, más de 1000 empleados de Garbarino se fueron de la empresa por la falta de perspectivas. Hoy, persisten 3800 en su plantel. También se redujo la cantidad de locales. Rosales tomó la cadena con más de 200. Hoy, conserva 105 tiendas de Garbarino y 46 de Compumundo. La primera acumula 3500 cheques rechazados, por cerca de $ 5000 millones, según la central de deudores del Banco Central. La mayoría por falta de fondos y, en los últimos días, directamente, por suspensión de cuentas. Compumundo tiene 522 cheques, por más de $ 500 millones.Sustentabilidad

Entre las cosas que el grupo dejó de pagar, están los alquileres de sus locales. Algunos dueños intentaron embargar mercadería. Otros, pidieron la quiebra. Y Cencosud, que ya había solicitado medidas precautorias, ahora fue directamente por el desalojo.

El holding chileno inició dos demandas. Una contra Garbarino y la otra, contra Compumundo. En la primera, reseña que Garbarino ocupa 17 locales en 16 shoppings de Cencosud en el país. Denunció el incumplimiento contractual en tres de ellos (Portal Lomas Shopping, Parque Brown Factory y Unicenter). Algunos, incluso, tenían su convenio vencido el 30 de junio de 2020. 

Al 31 de octubre del año pasado, indicó Cencosud, Garbarino le debía $ 7,8 millones en alquileres, cánones sobre sus ventas, para gastos comunes de los centros comerciales, para el fondo de promoción y publicidad, y, también, en concepto de multas por falta de pago. Dado que Garbarino no devolvió los inmuebles, el monto es «varias veces mayor y será motivo de otro juicio», alegó en su presentación.

El grupo chileno consideró tener argumentos para dar por rescindidos los contratos, según la letra de los convenios. En consecuencia, también exigió en una carta documento enviada a la oficina de Rosales, sobre calle Juncal, en la que demandó que se le restituyeran los 17 locales de la cadena en sus shoppings.

En paralelo, también había activado un proceso contra Compumundo. En este caso, por la falta de pago en cuatro locales: los del Portal de Palermo, Portal Lomas Shopping, Factory Parque Brown y Unicenter. También el 11 de noviembre envió una carta documento en la que exigió la devolución. Palermo y Lomas tenían sus contratos vencidos al 31 de octubre. Por los otros dos, consideró que aplicaba la rescisión contractual por falta de pago. Compumundo le debía $ 2,26 millones en el reclamo original. En la presentación más reciente, la cifra se actualizó a $ 4,22 millones.

Es que Cencosud también acusa a Compumundo de haberse «enriquecido ilícitamente» por no sólo no haber devuelto los locales, sino porque, también, continúa ocupándolos. En sentido opuesto, eso también perjudica a la dueña de los shoppings, ya que está impedida de alquilarlos a otro inquilino para que los explote.

«Pese a la intención de Cencosud de llegar a una solución extrajudicial y amistosa del conflicto, no hemos recibido respuesta concreta de Compumundo, siquiera en la audiencia de mediación celebrada», consignó en su demanda. Tampoco obtuvo respuestas, agregó su abogado, en conversaciones posteriores con los representantes de la cadena de informática, una situación que se repitió en los intercambios por los locales de Garbarino.

Ambas demandas ingresaron al Juzgado Nacional en lo Comercial 28, Secretaría 55, a inicios de este mes, ni bien se reanudó la actividad de Tribunales tras la feria de invierno. Pero la titular del juzgado, María Cristina O’Reilly, rechazó las presentaciones. Utilizó argumentos idénticos para los dos: la falta de conexidad. 

El abogado de Cencosud fue directamente a ese tribunal porque ya había radicado ahí un pedido de medidas precautorias del grupo chileno contra Garbarino, Compumundo y Digital Fueguina (la ensambladora que Garbarino tiene en Tierra del Fuego) por los $ 2,26 millones impagos de la cadena de informática. Según los contratos de locación, Garbarino y Digital Fueguina son codeudores solidarios y principales pagadores en caso de incumplimiento. 

«El único elemento que sustenta la conexidad ha sido la identidad de partes, siendo diferente el objeto y distintos documentos», sostuvo O’Reily. «La simple identidad de partes no constituye per se un elemento que por sí solo pueda llegar a provocar el desplazamiento de las reglas de competencia», agregó, tras tomar argumentos de la Corte Suprema.

En consecuencia, la jueza ordenó que las demandas vuelvan a la mesa de entradas de la Cámara Comercial, para que sean sorteadas, lo que es el procedimiento normal en el inicio de un expediente.