Colaborador deFernández se pone al frente de la defensa de facturas truchas de Báez
Castaño solicitó un nuevo peritaje contable, además de más oficios a los registros de la propiedad y consultas a la AFIP, luego de que el juez federal Walter López da Silva le corriera traslado del escrito que presentó Adrián Martín Rois, el nuevo abogado defensor del dueño de Crediba, la poderosa financiera local involucrada en la operatoria bajo sospecha.
Rois es un abogado penalista bonaerense que, como Fernández, enseña Teoría del Delito en la Facultad de Derecho de la UBA. Sergio Massa lo nombró en 2016 como su asesor en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior del Congreso.
El colega del futuro presidente se presentó en Bahía Blanca semanas después del contundente triunfo de Alberto Fernández en las PASO, se reunió con varios protagonistas de la operatoria y con el secretario del juzgado federal, y asumió la defensa de uno de los acusados, el dueño de la financiera Crediba, Néstor Piñeiro.
Durante las reuniones que mantuvo en Bahía Blanca, el letrado consideró que la acusación contra su cliente era “absolutamente aberrante”, estimó que la pesquisa podría revertirse en menos de seis meses y pidió su sobreseimiento inmediato con un escrito de 64 páginas. Con el escrito de Rois en sus manos, el juez López da Silva no definió la situación procesal del dueño de Crediba y los restantes acusados, a los que indagó hace más de un año, sino que corrió traslado al fiscal Castaño, quien pidió más medidas de prueba.
Rois también negó haber incurrido en un supuesto tráfico de influencias,: “Mi trabajo se limita a una defensa técnica de un hombre de bien, de una persona honesta, apoyado en documentación respaldatoria. Pero jamás he dicho ni he hecho nada impropio durante el desarrollo de mi trabajo, lo que configuraría un delito”, remarcó.
El juez López da Silva deberá evaluar ahora si ordena las medidas de prueba requeridas por el fiscal Castaño en el expediente donde se investiga lo que podría configurar el llamado “delito precedente” para la operatoria de presunto lavado de activos de Báez.
