Nota extraída de La Nación por Carlos Pagni

 La cadena se corta siempre por el eslabón más inseguro y, esta coalición que gobierna la Argentina, empieza a mostrar una fisura importante.

Apenas uno se aproxima al mapa de poder ve ahí la falla, que tiene que ver con la situación de la Justicia y los trámites judiciales que afectan a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Hay un objetivo doble y, probablemente, contradictorio. El presidente Alberto Fernández pretende dar vuelta la página de una gran crisis institucional que viene de años en la Argentina. Sobre todo la que tiene que ver con la calidad del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las fiscalías y la relación entre todo ese universo y los Servicios de Inteligencia. Mientras tanto, la vicepresidenta, que se considera víctima de una persecución judicial, le pide al Gobierno que actúe para que se limpie el terreno de los problemas que la afectan y, sobre todo, que afectan a sus hijos.

La Corte derribó la coartada del lawfare

En el centro de este cuadro está el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia referido a la situación de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados de tribunales orales a la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires. Los dos jueces, funcionarios judiciales desconocidos, de golpe se vieron consagrados, a pesar de ellos, por la fama, debido a la situación política que rodea las peripecias judiciales de la vicepresidenta.

¿Por qué el fallo de la Corte afecta tanto a Cristina Kirchner? ¿Por qué hay tanto enojo en el kirchnerismo respecto de ese pronunciamiento? Para eso, tenemos que ponernos a mirar esos dramas judiciales desde el punto de vista de la expresidenta. Ella considera -como Lula da Silva, Rafael Correa o Nicolás Maduro- que la Justicia la persigue como instrumento de un aparato de poder, por haberse atrevido con intereses del sistema financiero, de las empresas exportadoras y de los medios de comunicación. A eso ella lo llama lawfare, una persecución arbitraria que en la vieja doctrina se conocía como derecho penal del enemigo.

Cristina no cree que las complicaciones judiciales tengan que ver con que durante su gobierno y el de su esposo se hayan cometido delitos. Ni porque haya aparecido José López con nueve millones de dólares y una ametralladora en un convento; o porque haya habido un registro infinito de coimas minuciosamente relatadas en los cuadernos de Centeno. Menos aun por las coimas que Ricardo Jaime confesó haber recibido.

En esta construcción argumental de Cristina Kirchner era clave el siguiente argumento: Mauricio Macri, como ejecutor político de esa persecución, fue a buscar a dos camaristas ligados a su abogado, Alejandro Pérez Chada, para que cubrieran las vacantes que él mismo provocó en la Cámara Federal, y así poder perseguirla de manera arbitraria. Por eso, a ella le interesaba demostrar que Bruglia y Bertuzzi habían sido puestos por el expresidente evitando el acuerdo del Senado, que jamás hubieran obtenido por la vía que correspondía.

El fallo de la Corte dice que ambos camaristas fueron designados correctamente por Macri en sus posiciones. Aduce que el procedimiento que se siguió es el que correspondía y solo advierte que la situación de ellos como camaristas es transitoria. Pero también la Corte da cuenta de que no es solamente el caso de estos jueces, sino que todos los traslados que se hayan producido son transitorios y deben ahora pasar por el Consejo de la Magistratura y por el Senado. Esto es una bomba que cayó sobre todo el Poder Judicial, porque genera un caos no solo administrativo: produce una sensación de inestabilidad en muchos jueces que no pueden determinar en qué situación están.

Lo que interesa destacar no es el aspecto jurídico del fallo, sino el aspecto político. Cristina Kirchner ahora se ve privada de su argumento principal. Podría haber ido al tribunal oral o a la propia Corte a decir que la juzgaron arbitrariamente, porque la Corte dijo que Macri había puesto a estos dos jueces de manera incorrecta. Sin embargo, el máximo tribunal la ha privado de ese argumento que era central para después cuestionar los pronunciamientos de esos camaristas, entre ellos el procesamiento por los cuadernos. La Corte derribó la coartada del lawfare en la que Cristina Kirchner se escudaba.

Esto es lo que tiene tan irritado al núcleo íntimo de la vicepresidenta y lo que hace que aparezca una persona como Leopoldo Moreau, que entiende este juego como nadie, a cuestionar dónde está mirando la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Moreau se pregunta cómo es que nunca habló del tema Bruglia y Bertuzzi. Se preguntó si Losardo tiene el mismo compromiso en la cuestión referida a la persecución de Cristina Kirchner.

Otra figura principal para entender el pensamiento kirchnerista: Horacio Verbitsky atacó a los miembros de la Corte desde su portal, El Cohete a la Luna. Adelanta que la Comisión Beraldi va a pedir la ampliación de la Corte a nueve miembros. Sugiere que deben sumarse cuatro mujeres. Y se ensaña con cada uno, incluso con argumentos insólitos. A Rosatti, por ejemplo, lo acusa de tener como colaborador a Silvio Robles, que trabaja con él desde que era ministro de Justicia. Lo curioso es que Verbitsky acusa a Robles de haber sido vocero de Ricardo Jaime. Si eso es un pecado, hay que suponer que más pecado fue haber designado a Jaime. Eso lo hizo Néstor Kirchner. Con tal de acusar a Rosatti, rompen la estatua de Néstor, que nos enseñó a reivindicar la política.

En este contexto, Cristina Kirchner se siente desamparada. O siente que hay un escasísimo empeño de la ministra de Justicia, que es la socia de toda la vida de Alberto Fernández. Aquí se inscribe el problema del Procurador General de la Nación, que es hoy la piedra donde descansa este equilibrio cada vez más inestable entre la Casa Rosada y el Instituto Patria. O, mejor dicho, entre la Casa Rosada y la presidencia del Senado.

¿Qué es el Procurador General de la Nación como figura? Es el titular del Ministerio Público. Es el jefe de los fiscales. Es el que puede decir: «En esta causa vamos a sacar a este fiscal y pondremos a este otro». Es el que le puede decir a un fiscal: «Acá acusá» o «acá dejá de acusar». Por ejemplo, a los fiscales que van a acusar o dejar de acusar a Cristina Kirchner y a todos los funcionarios que están involucrados en causas de corrupción en los juicios orales. Es el que conduce a los fiscales y ellos van a ser, a partir de la última reforma del Código Procesal Penal, la figura central en los juicios. La instrucción la va a llevar adelante el fiscal, a diferencia de lo que sucede ahora, en que el juez es un monarca de la causa. Y es el que dice ante la Corte: «Esto merece una acusación» o «esto no merece una acusación»: «Este señor para la fiscalía es culpable» o «Este señor para la fiscalía es inocente». Por ahí tiene que pasar Cristina Kirchner con sus causas.

Quiere decir que la designación del Procurador General de la Nación es importantísima, pero mucho más importante es ahora, cuando ella descubre que la Corte no responde a lo que esperaba. Reproche que Moreau le hace a Losardo, pero que ella en realidad le tendría que hacer a Wado de Pedro, porque el operador real del oficialismo delante de la Corte es el ministro del Interior. Ese operador que Fernández decía que no quería tener. Y también es el hermano de quien inició todo el proceso contra Bertuzzi y Bruglia en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz.

Cristina está viendo los comportamientos de la Corte. La semana pasada De Vido pidió que se revise una pericia en el caso de la compra de trenes chatarra, que es una causa donde a él se lo está juzgando. Del mismo modo que Cristina pide que en la causa por la obra pública de Santa Cruz se revise una pericia. La Corte le dijo: «No, veremos cuando llegue acá el tema, mientras tanto que te juzgue el Tribunal Oral». ¿Qué saben De Vido y Cristina? Que una vez que el Tribunal Oral condenó, dar vuelta eso es muy difícil. Están la prensa, los testigos en público: no es un expediente, es casi una dramatización. Por eso, para ellos es necesario que la Corte corrija determinadas cosas antes. Pero la Corte no quiere.

Todo esto hace que, para Cristina Kirchner, la figura del Procurador se vuelva estratégica. Mucho más importante que antes. Y para todos los que están involucrados en causas de corrupción, no solamente la vicepresidenta. Ahora, Alberto Fernández tiene una expectativa, un proyecto: él postuló al juez federal Daniel Rafecas como Procurador. Necesita dos tercios del Senado para aprobarlo y Fernández quiere aprobarlo con esos dos tercios. Porque quiere, en la designación del Procurador, tener un gran triunfo político. Sería un éxito llamativo que, en el clima de polarización de la Argentina actual, en temas que tienen nada menos que ver con las acusaciones de corrupción, el Presidente logre un acuerdo con la oposición para decir quién es el que acusa. Sería una noticia de primera magnitud. Por eso está negociando Alberto Fernández con la oposición los dos tercios para Rafecas y el nuevo status institucional que va a tener el Procurador: cuánto tiempo va a durar, si va a dejar de ser vitalicio, etc.

Es probable que la Comisión Beraldi también se pronuncie sobre este tema, sobre todo si se necesitan los dos tercios. Hay abogados ligados a Juntos por el Cambio que están negociando con gente de la Casa Rosada. Abogados ligados a Gerardo Morales. En el Congreso empieza a haber conversaciones con opositores del Senado. Fernández quiere avanzar hacia este objetivo, que lo mostraría a él como un hombre muy distinto del kirchnerismo clásico en el campo institucional.

¿Dónde apareció el problema? En Cristina Kirchner y en los senadores y senadoras que la rodean. Ellos dicen: «No. Acuerdo no. Vamos a modificar primero la ley de designación del Procurador y vamos a pasar de dos tercios a mayoría absoluta, y ahí lo designamos nosotros solos. A Rafecas o a quien sea, pero no será producto de un acuerdo». Los que tienen problemas judiciales están pensando, con Cristina a la cabeza: «Si la Corte me trata como lo está haciendo, y le dio el argumento a Macri diciendo ‘acá no hubo persecución política’, ‘es mentira que son los jueces que me trajo Pérez Chada para perseguir a Cristina; los nombré correctamente’, ¿qué debo esperar si ahora el Procurador va a ser pactado entre Alberto Fernández y, en el fondo, Macri?» Porque es imposible cualquier acuerdo en el que no participe el expresidente. Carrió ya dijo: «Yo quiero bendecir este acuerdo porque no quiero que el Procurador lo ponga Cristina para perseguir a la oposición». Los radicales empiezan a plegarse a la postura de Carrió. Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, también. Y Macri dice: «Si hay un acuerdo tiene que ser sobre todo el régimen institucional». Pero no está diciendo del todo «no». Y ahora dice algo más: «Que venga una oferta de todo el oficialismo». Es decir: «Fernández, no te pongas de acuerdo conmigo sin Cristina. Ponete de acuerdo con Cristina y convencela a ella». Hoy no hay dos actores, sino tres. Y un quiebre importante entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en un tema tan importante como este.

Todos los que estamos preguntándonos quién manda, vamos a tener en la figura del Procurador un indicio importantísimo. Si mañana el Senado aprueba una ley que reduce los dos tercios (y mucho más si no es Rafecas el candidato, quien dijo: «Yo no quiero serlo si no es con dos tercios, quiero surgir de un acuerdo con la oposición»), lo que vamos a tener es una degradación importantísima de la autoridad del Presidente. Eso lo va a estar mirando el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto, el Fondo Monetario Internacional, los inversores, los sindicatos, los gobernadores. En todo este marco se produce un almuerzo. Oscar Parrilli fue al acto de homenaje de Néstor Kirchner, al cual se negó a ir Cristina Kirchner. Y Alberto Fernández tuvo palabras cariñosas para con Parrilli, Y después lo invitó a almorzar. Conversaron durante dos horas y media y hablaron de estos temas. Hay que mirar a Parrilli, porque hoy él empieza a jugar un rol distinto del que jugaba hasta ahora. Empieza a ser un puente entre la Casa Rosada y el Senado, donde está él al lado de Cristina. Un mensaje cifrado para Máximo Kirchner, que hasta ahora era quien ejercía esa intermediación entre el Presidente y su vice, que desde hace tiempo no se hablan.

No es el único mensaje de Fernández para Máximo. Máximo está armando con La Cámpora una cantidad de candidaturas en el conurbano bonaerense para quedarse con intendencias, aprovechando que los intendentes tienen dos reelecciones y después tienen que dejar libre un período. Alberto Fernández, desde Avellaneda, les dijo el otro día: «Eso de la limitación a las reelecciones habría que revisarlo». Le está hablando a los intendentes en contra de La Cámpora. Y el viernes pasado, en Lomas de Zamora (que es un distrito importantísimo de la tercera sección electoral, es nada menos que el distrito de Duhalde, de Insaurralde, que fue el candidato de Cristina en la provincia) se acaba de romper el PJ. Y el jefe de Gabinete de Insaurralde, Guillermo Viñuales, arma su propio partido y dice: «Estoy fundando un partido vecinal». ¿Le está tirando un centro a Juntos por el Cambio? ¿O es Insaurralde el que arma su propio partido por si avanza La Cámpora sobre su distrito? ¿Se rompe la relación entre Insaurralde y Máximo Kirchner?

En todo este juego está la voz del Presidente que les dice a los intendentes que se olviden de La Cámpora y busquen su propia reelección. ¿Quién manda? Esta es la pregunta. Y, en este mapa tan inestable y volátil, la figura del candidato a Procurador Rafecas: ¿va a ser designado con acuerdo de la oposición, o no? Esa es la gran pregunta para los próximos días.

La pregunta de quién manda también se la hace el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno busca desesperadamente un acuerdo con el FMI, por eso quiere calmar como sea, y gastando lo que sea, la plaza del dólar. Implica un ajuste que ya le anticipó Guzmán a los empresarios. Ese presupuesto que mandó al Congreso tiene un déficit de 4,5 y él pretende presentarle al Fondo uno de menos de 4 puntos, posiblemente 3,9, si es que el FMI no le pide uno de 3 puntos del producto.

Eso implica una gran negociación interna dentro del oficialismo y por eso Guzmán dice que todos los permisos de ajuste con el FMI los va a aprobar el Congreso. Por ejemplo, si hubiera que achicar el presupuesto sobre el IFE, sobre lo cual La Cámpora también se está quejando.

Cuando Guzmán promete que el acuerdo con el FMI lo va a aprobar el Congreso, el mensaje para Washington es que va a tener la firma de Cristina. Ahora, ¿el FMI se quedará tranquilo con esa promesa o hay cierto desorden en la política fiscal en la Argentina?

El presupuesto que hizo Massa a su medida

La pregunta surge porque Guzmán mandó el presupuesto al Congreso y la oficina presupuestaria emitió un informe sobre todos los artículos que se incluyeron en la Cámara. Una responsabilidad de Sergio Massa.

De esos artículos hay algunos donde es evidente que hay fenomenales negocios, y otros tienen que ver con intereses de Massa y su familia. ¿Sabrá Guzmán esto? ¿Lo sabrá Fernández? Y la pregunta más importante: ¿Lo sabe Cristina, que es quien esta semana tiene que tratar el Presupuesto en el Senado?

El artículo 95 es nuevo y no estaba en el presupuesto de Guzmán. Lo puso Massa. Allí se aumenta en 0,5% el impuesto sobre seguros del automotor para crear un fondo de 1500 millones de pesos que lo va a manejar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt), que controla Ramón José Arteaga, un platense de Massa, del Frente Renovador.

Massa armó un fondo con un impuesto que va a pagar usted si paga el impuesto del auto, y no lo va a manejar la Superintendencia de Seguros, sino que lo va a manejar la comisión de Transporte que maneja alguien allegado a él. Va a haber otro impuesto del 3% sobre las primas de todos los demás seguros salvo los de vida, que lo va a administrar la Superintendencia de Seguros.

El Artículo 96, también nuevo, plantea que las tasas que pagan las empresas de transporte de carga y colectivos van a ser administradas por esa Comisión de Regulación de Transporte. Otro fondo que se arma Massa para administrar a través de sus allegados.

El artículo 97 indica que a cualquier empresa que tenga un 80% de participación del Estado se le bajará el impuesto al cheque. Pasan a pagar 2,5 por mil. Entre esas empresas está Aerolíneas y Aysa, la compañía que maneja Malena Galmarini de Massa. Pero para Aysa hay un regalo especial: todo lo que sea impuesto a la importación de bienes que no se ofrecen aquí, todo lo que sean tasas portuarias o aeroportuarias no los tendría que pagar más. Claro, esto implica menos ingresos para el Estado. La relación entre Sergio y Malena Massa la pagamos nosotros.

Sin embargo, hay novedades mucho más importantes. A los electrónicos, se les sube el impuesto interno de 0 a 6%. Macri los había bajado a 0. Esto no es de Guzmán. No sabemos es si es de Fernández. Tampoco sabemos si está enterado Gerardo Morales, que, como está muy alineado con el Gobierno, votó en contra de su propio bloque, a favor de este presupuesto. Morales es un viejo socio político de Massa.

Usted va a pagar ahora por cualquier electrónico 6% más por el impuesto que puso Massa. Pero hay otro detalle clave. Si uno se comprara un celular importado, el impuesto pasaría de 0,5% a 17%. Se le aumenta el 300% a ese impuesto al importado. Quiere decir, que a los empresarios que hacen su negocio de importar piezas y ensamblar todo tipo de electrónicos en Tierra del Fuego se les ofrece una protección de 11 puntos con respecto a sus competidores internacionales. Qué curioso que el día antes de que se apruebe esto Nicolás Caputo, hermano de la vida de Macri, comprara Brightstar, una de las grandes empresas que le faltaba a él completar para ser el mayor ensamblador de celulares del país.

Gran negocio para Caputo que compra y después recibe esta ventaja. Va a ser delicioso ver a Cristina Kirchner aprobarle un negocio de esta naturaleza a Caputo en el Senado. Otro gran beneficiario es Rubén Cherñajovsky, otro gran ensamblador que fue el principal recaudador de la campaña de Daniel Scioli cuando enfrentó a Macri. Fenomenal negocio, entonces, que le armó Massa a la industria de electrónicos de Tierra del Fuego. Es un negocio que había desmontado Macri, a pesar de que su socio sea hoy el principal productor de teléfonos celulares en la Argentina con una enorme protección respecto de cualquier competencia extranjera.

Artículo 118: lo llaman artículo Cristóbal o artículo Ranucci, porque se establece un impuesto del 5% sobre las apuestas y se agregan todo tipo de apuestas. Gustavo Ranucci es otro empresario del juego que parece tener un protector político muy importante.

Si la empresa tiene inversiones genuinas en el país, supongamos que la empresa invirtió en un gran salón de juegos en Rosario o en el Hipódromo de Palermo, en vez de un 5% tendrá que pagar 2,5%. Es decir, la mitad. Si la empresa es extranjera, va a pasar a pagar un 10%, y si está radicada en un paraíso fiscal 15%. A las empresas nacionales se les garantiza un mercado, se les ofrece una ventaja extraordinaria en un momento en que en CABA y en la provincia de Buenos Aires están compitiendo en una licitación por el juego online. Horacio Rodríguez Larreta acaba de entregar las apuestas on line a las empresas que ya dominan las apuestas presenciales. En alguna medida, la licitación se armó en la Cámara de Diputados.

Lo interesante es que el 5% de lo que se recauda va a Arsat, la empresa que tiene que ver con satélites y gran tendido de fibra óptica, dirigida por un señor muy prestigioso, Néstor Tognetti. El vicepresidente es un hombre de La Cámpora, Guillermo Rus. Pero parece que el que maneja todo ahí dentro se llama Facundo Leal, Facundo «Leal a José Luis Manzano» sería el apellido completo. Otro amigo de Massa. Ese es el que va a armar la caja del 5% de este impuesto nuevo, que se acaba de aprobar. ¿Sabrá Cristina todo esto? Habrá que ver qué pasa en el Senado. Parece haber ahora algo nuevo en la Argentina, el costo Massa, que lo pagamos entre todos con artículos que él agrega en el presupuesto. ¿Sabrá Máximo Kirchner, que es su socio en el Congreso? No sabemos. Mientras tanto, Massa está armando una especie de gabinete dentro de la Cámara de Diputados. A la oficina de control presupuestario le va a agregar una de Salud y una de Ciencia y Tecnología. De a poco se va armando su gabinete, como si hubiera una especie de gobierno parlamentario con un presupuesto propio. Hasta hoy, la pregunta por quién manda se debatía entre Cristina o Alberto. Ahora a la incógnita se le agrega la figura de Sergio Massa.