Conflicto por las escuelas: quién es el juez federal que decidió suspender las clases presenciales
Esteban Furnari, titular del juzgado federal en lo Contencioso Administrativo Federal número 2, decidió autorizar el DNU que firmó el Gobierno nacional.
Por lo cual, revirtió la resolución de la Justicia porteña, que el domingo por la noche habilitó el dictado en las aulas de la Ciudad de Buenos Aires.
Furnari, de 45 años y abogado egresado de la UBA, dio sus primeros pasos en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal en el año 2000, cuando fue prosecretario y secretario de la sala V de la Cámara. En 2007, se convirtió en juez de ese fuero durante el final de la presidencia de Néstor Kirchner.
En aquel momento, el secretario de Legal y Técnica era Carlos Zanni, actual procurador del Tesoro, quien presentó la demanda para desactivar el fallo porteño y que espera una resolución de la corte.
Su designación causó polémica puertas adentro de Tribunales, ya que Furnari no conformó la terna original para cubrir el juzgado en el cual se lo designó, sino que ocupó una nómina interina. En el consejo contó con el respaldo de la entonces diputada kirchnerista Diana Conti.
A Furnari se lo señala como un juez de confianza de Sergio Fernández, a quien en la Justicia se lo referencia como un juez cercano al kirchnerismo.
Además, lo mismo sucede con su hermano Javier, quien es auditor general y sindicado por la oposición como el operador judicial del kirchnerismo dentro de Tribunales.
No obstante, durante los últimos años, y en varias oportunidades, Furnari falló en contra de los intereses del kirchnerismo. En 2008, y recién asumido, determinó la intervención de Aerolíneas Argentinas, poco antes de que el gobierno de Cristina Kirchner decida su estatización.
En 2013, decidió frenar la denominada reforma por la democratización de la justicia, impulsada por Cristina Kirchner. Posteriormente, la Corte Suprema la desactivó por completo. Años más tarde, en 2016, su juzgado tomó la decisión de intervenir Oil Combustibles, la empresa del empresario Cristóbal López, que adeudaba $8 mil millones a la AFIP.
Finalmente, en 2017, fue él quien decidió en primera instancia que aquellos jueces designados a partir de ese año debían comenzar a pagar el Impuesto a las Ganancias. Cabe recordar que el máximo tribunal terminó confirmando la medida.
