Congreso:la oposición pidió que TolosaPaz rinda cuentas por las irregularidades en los planes sociales

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El pedido es por el informe de AFIP que revela que 250 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo, compraron dólares y declararon bienes personales.

Luego de que la AFIP detectara irregularidades en el cobro de planes sociales y el pedido del fiscal Guillermo Marijuán, de quitarles el beneficio a los 250 mil beneficiarios que habían comprado dólares y declarado bienes personales, la oposición reclamó que la ministra de Desarrollo Social vaya a dar explicaciones en el Congreso.

Es que Victoria Tolosa Paz, fue cuestionada por los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, que reclaman su presencia urgente en el Congreso. Por su parte, la diputada Graciela Ocaña solicitó que dé las explicaciones correspondientes en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, mientras que su colega de bancada Soledad Carrizo reclamó su interpelación en el recinto.

Por su parte, el diputado Waldo Wolff anticipó que presentaría una denuncia penal. “Resulta incomprensible que haya un número tan elevado de personas que hayan accedido a este plan social de manera irregular, en momentos críticos para la sociedad argentina, en donde hay que cuidar celosamente los recursos del Estado”, señaló Ocaña en su pedido de citación a la ministra.

En esa línea, la diputada Carrizo advirtió que el informe de la AFIP constituiría “un verdadero desfalco al erario público que debe ser subsanado inmediatamente”. A lo que añadió: “Se investigar cuáles son los mecanismos por los cuales se permiten estás estafas a la ciudadanía, así como judicializar a quienes se benefician en la intermediación de estas asignaciones fraudulentas”.

Del mismo modo, el legislador Wolff anticipó que presentará una denuncia ante la Justicia, “Nos presentamos con una denuncia penal. Hay un sinfín de irregularidades, pero algunas son grises. La compra de dólares es un gris, por ejemplo. También hay beneficiarios que declaran Bienes Personales y un mínimo no imponible de seis millones de pesos. Es un asco, pero no sería delito”, sostuvo.

“Lo más ilegal de toda la cuestión es usar el nombre de un muerto, incluso, hasta puede haber encubrimiento de partes de funcionarios públicos”, advirtió, mientras que indicó que “deben devolver el dinero, porque es defraudación y estafa”.