El Congreso se vuelve centro de disputa entre Cristina Kirchner y sus embistes contra la Justicia.

Un nuevo proyecto de ley presentado por el kirchnerismo pone en juego la independencia de poderes del Estado, esta vez el oficialismo pretende modificar varias normas con el fin de establecer la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género.

La iniciativa había sido presentada en 2021, por la senadora Anabel Fernández Sagasti, y hoy es reflotado en un contexto de enfrentamiento del oficialismo con el Poder Judicial, por las causas activas en contra de Cristina Kirchner y allegados, de las cuales se espera una pronta resolución.

Según los fundamentos del proyecto que se hace lugar en la agenda de la Cámara alta, se busca que “los y las jueces que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones”.

La representante mendocina, aduce que “la falta de reconocimiento de la identidad de género de los y las justiciables constituye trato discriminatorio que se traduce en criminalización y acoso por parte de las autoridades”.

En el escrito además, se resalta que todo aquel magistrado que “manifiesta judicial o extra judicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres o la población LGTBIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de género”.

Dicho proyecto de ley se incluyó en el temario de tratamiento de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el senador y ex secretario personal de la Vicepresidenta, Oscar Parrilli, a partir de las 16 horas.

Si bien, el oficialismo cuenta con el número necesario para darle dictamen a la iniciativa que, ingresó al Senado hace más de un año, y que no había sido tenido en cuenta por los legisladores, la oposición adelanto su negativa.

Es que desde Juntos por el Cambio, lo ven como una jugada del kirchnerismo “para presionar” a los jueces. Y lo califican como un “nuevo avance contra la Justicia”, de cara a los próximos fallos, tanto en la causa Vialidad en donde la Vicepresidenta volverá a declarar mañana, y enfrenta un pedido de condena de 12 años de prisión. Como en la discusión que tiene el gobierno de la Ciudad con el Estado Nacional por el recorte de la coparticipación que llevó adelante  y que tiene que definir la Corte Suprema de Justicia.