Más de 22 mil subsidios del Plan Potenciar lo administran a su propio criterio las organizaciones sociales y solo 4 mil están controlados por organismos estatales.

Un típico corte de ruta de las organizaciones sociales en el norte de la provincia. Agencia

Alrededor de 26 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo tiene la provincia de Salta, pero más de 22 mil dependen exclusivamente de los dirigentes sociales que a su propio criterio deciden quienes deben contar con ese beneficio, que para muchos salteños implica cubrir aunque sea en parte las demandas básicas de cualquier familia.

Los programas sociales se crearon como un paliativo para que los beneficiarios, transcurrido determinado período, puedan capacitarse, insertarse laboralmente aunque sea como cuenta propistas mientras desarrollan programas productivos y perciben la mitad del salario básico, es decir alrededor de $17.000 por cuatro horas de algún servicio.

La realidad en cuanto a estos programas que se crearon después de la crisis del 2001 es que nadie sabe a ciencia cierta qué hacen estos beneficiarios en materia de capacitación o contraprestación de servicios que debería ser una forma de devolverle al Estado por esa suma de dinero que, aunque exigua, debería alcanzar para cubrir en parte, las necesidades más básicas. De hecho, todos los beneficiarios cuentan, además, con la tarjeta social de alimentos, la AUH (asignación universal por hijos) y otros beneficios para madres de familia numerosa, originarias entre otros.

Proyectos de huertas, de panadería, de oficios varios deberían implementarse como una forma de capacitación de estos beneficiarios, pero la realidad es que, salvo algunos pocos que se desempeñan en comedores o merenderos (donde no obtienen prácticamente ninguna capacitación ni formación), no se conoce más sobre estos programas, pero sobre todo lo que más se ignora es el manejo que discrecionalmente realizan los dirigentes sociales que llegaron a ese status después de liderar protestas sociales como cortes de rutas, toma de organismos estatales entre otros, siempre con esa metodología.

Economía social y sustento

Hugo Camacho es responsable de la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario a nivel provincial, el organismo que coordina la capacitación y la contraprestación que realizan unos 4 mil beneficiarios de la provincia de Salta y cómo él mismo lo explica «el resto lo coordinan y manejan las organizaciones sociales. Nuestra tarea consiste en asistir a los 4 mil beneficiarios, bajándole proyectos en las tres ramas que son socioproductivo, sociolaboral y sociocomunitario. La semana anterior hemos hecho una exposición precisamente con todo el trabajo que hicieron los beneficiarios con esos proyectos a los que les hemos podido bajar como maquinarias, herramientas de trabajo, y los insumos, porque el objetivo final es que estos beneficiarios se inserten en el mundo del trabajo, que sean capaces de armar un emprendimiento. Esto lo encuadramos dentro de la economía social como una nueva categoría porque sabemos que las empresas privadas no generan puestos de trabajo al ritmo que se requiere, el Estado como empleador también tienen un número suficiente de empleados y no puede seguir contratando gente».

A pesar de que el fin último de estos programas es que los beneficiarios se inserten en el mundo laboral, Camacho explica que «al crearse estos proyectos eran alrededor de 800 mil pero hoy están en un millón. La realidad es que más allá de la innegable ayuda que significan, la gente no quiere estos planes sociales; quiere un trabajo genuino y es por eso que estas iniciativas tienen por objetivo crear las condiciones para que puedan llegar a un trabajo genuino y sostenible».