Nota extraìda de Clarìn por Hèctor Gambini

viernes 24 de abril de 2020 9:13

Con el coronavirus en primer plano, el plan para beneficiar a presos K y bloquear avances de causas judiciales adversas al kirchnerismo no se detiene.

Tres mil millones de personas en el mundo están en cuarentena obligatoria y el coronavirus es el monotema noticioso por escándalo. En la Argentina la lupa está puesta sobre los ministerios de Salud, Interior, Desarrollo Social, Economía. Con los tribunales semiapagados, el Ministerio de Justicia también trabaja, pero la prioridad allí no parece el coronavirus. Por el contrario, la segunda línea de ese Ministerio apura los objetivos primarios de Cristina Kirchner como si nada hubiera ocurrido.

En sólo 30 días y en plena pandemia, esta área del Gobierno y oficinas que dependen de ella (la Secretaría de Derechos Humanos) pidieron la excarcelación de Ricardo Jaime y Luis D’Elía, bloquearon todo acceso a información pública que afecte a Cristina -por ejemplo, a los balances del Instituto Patria- y quedaron formalmente a cargo de proteger (¿vigilar?) a los testigos que en su momento denunciaron a… la propia Cristina.

Ese manojo de medidas burocráticas tomadas bajo el manto informativo de la pandemia significa tres cosas: presión a jueces para liberar aliados políticos condenados (no simplemente procesados), un mensaje a los testigos que declararon en contra del kirchnerismo en causas de corrupción y un candado a la información pública que Cristina prefiere mantener como privada.

Esos movimientos en tiempos de pandemia se suman al pedido a la Justicia para liberar al también condenado Boudou -gestionado por su abogada Graciana Peñafort (ahora directora de Asuntos Jurídicos del Senado y una especie de alter ego judicial de Cristina)- y al consentimiento de un juez que primero dijo que no, luego que sí y después se ocupó de impedir que su decisión sobre Boudou libre pudiera ser apelada.

Mientras Cristina sigue en silencio sobre la pandemia -sólo habla en privado con los intendentes del conurbano, como contrapeso para quienes se empiezan a llevar mucho mejor con el presidente Fernández que con el gobernador Kicillof, a quien perciben “más frío y menos operativo”-, este miércoles recuperó la palabra, vía Twitter, para presionar a la Corte a que trate su pedido de avalar las sesiones virtuales del Senado. Lo hizo recomendando una serie de tuits de Peñafort.

Aunque en la agenda urgente de la cámara aparecen el impuesto a las grandes fortunas y una modificación al impuesto a las Ganancias, también quedó freezado por la pandemia el nombramiento de Daniel Rafecas como nuevo procurador general, que debe hacer el propio Senado.

El procurador actual, Eduardo Casal, acaba de opinar que la Corte no debería tratar el pedido de la vicepresidenta. Su nominado reemplazante Rafecas es quien en principio había archivado sin investigar la denuncia de Nisman contra Cristina por el encubrimiento del atentado a la AMIA, una causa en la que la ex presidenta sigue procesada.

Cuando Rafecas sea nombrado procurador, también pasará a ser el jefe administrativo del equipo judicial que investiga la muerte de Nisman. A tres de esos funcionarios se les vencen los contratos en mayo. Para seguir investigando, sus designaciones deben ser prorrogadas justamente por el procurador.

En ese expediente consta que muchos de los jefes de los grupos operativos de inteligencia que hablaron frenéticamente entre sí aquel domingo en que Nisman ya estaba muerto (pero aún no se sabía públicamente) reportaron a Juan Martín Mena. Éste era el segundo jefe de la SIDE y reportaba directamente a Cristina.

Mena -también procesado por el pacto con Irán y actual viceministro de Justicia-, es quien encabeza ahora la operación general de todas estas maniobras como si el país fuese igual que en diciembre, cuando Cristina volvió con un plan bajo el brazo que no parece torcer ni el coronavirus.