Los abogados de la Vicepresidenta realizaron la presentación ante Casación Federal, para evitar el juicio oral, que piden los familiares de víctimas del atentado a la AMIA y la DAIA.

La Vicepresidenta de la Nación, insiste en que se confirme su sobreseimiento en el marco de la causa por el Memorándum con Irán, que garantizó la impunidad a los imputados por el atentado contra la AMIA, para evitar el juicio oral.

Es que los abogados de Cristina Kirchner, solicitaron ante la Cámara de Casación que se confirme su sobreseimiento en la causa, mientras se realizaba la segunda audiencia donde expusieron de manera oral, algunas de las partes.

A lo largo de la presentación, la defensa de la ex mandataria, a cargo del abogado Carlos Beraldi, hizo un repaso de las principales causas abiertas contra Cristina Kirchner y apuntó a los jueces del tribunal.

“La actuación de Hornos y Borinsky no solo fue cuestionada por las defensas, sino también por el Fiscal General Javier De Luca y por la jueza Ana María Figueroa, quienes pusieron de manifiesto que su intervención en el caso era totalmente irregular”, sostiene el texto presentado por la defensa de CFK.

En tanto, Beraldi volvió a insistir en que no hubo delito con la firma del Memorándum, tal como sostuvo el juez Daniel Rafecas al comienzo de la causa, y reclamó que “se deberá́ dictar en esta instancia un auto de sobreseimiento respecto a todas las personas injustamente acusadas en el proceso, por la misma causal, con expresa mención de que la formación de esta causa en nada afectó su buen nombre y honor”.

De este modo, la titular del Senado, busca evadir el juicio oral, como lo hizo con la presentación para que se confirme su sobreseimiento, y el de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en la causa denominada Hotesur-Los Sauces.

La causa se deriva de cuando Argentina e Irán firmaron en 2013 un memorándum sobre la causa del atentado a la AMIA. El acuerdo establecía que ante la negativa de Irán de extraditar a los acusados de ser los autores del hecho, el juez y el fiscal del caso, entonces Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman, podían viajar a ese país a indagar a los acusados.

También creaba una comisión de la verdad, pero el acuerdo fue objetado políticamente y ante la justicia que lo declaró inconstitucional. En enero de 2015, Nisman denunció a Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno por el acuerdo porque señaló que se hizo para encubrir a los acusados y hacer caer las órdenes de detención internacional.

La causa primero fue archivada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito pero luego la Cámara de Casación la reabrió y pasó al juez Claudio Bonadio, que procesó a la ex presidenta y otros 11 acusados, entre ellos el actual senador nacional Oscar Parrilli, el dirigente social Luis D´Elia, el fallecido ex canciller Héctor Timerman, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, y el procurador del Tesoto de la Nación Carlos Zannini, entre otros.