Nota extraída de Clarín por Eduardo Van Der Kooy

La renovada prepotencia de la vicepresidenta y el acompañamiento de Alberto Fernández hicieron que la Corte volviera a actuar de manera unificada para poner límites al poder político.

Aún sin haberse pronunciado sobre la cuestión de fondo, la decisión de la Corte Suprema de atender el reclamo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, desplazados por el gobierno kirchnerista, puede significar el comienzo de un nuevo ciclo interno y externo en aquel Tribunal.

Interno, porque después de la fragmentación sufrida durante la administración de Mauricio Macri, el cuerpo volvió a actuar de manera unificada. La homogeneidad se había perdido con las designaciones de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Externo, porque su reacción, al margen de los asuntos estrictamente jurídicos, expresa la voluntad objetiva de colocarle límites al poder político. A la par, de recuperar un liderazgo que estaba siendo cuestionado en el mundo de la Justicia.

Habrá que preguntarse cuanto de esa metamorfosis en la Corte respondió a la toma de conciencia de los jueces sobre su papel. O cuanto resultó acicateado por la renovada prepotencia política de Cristina Fernández y el acompañamiento del Presidente. Ni Ricardo Lorenzetti, ni Juan Carlos Maqueda ni, sobre todo, Elena Highton imaginaron que Alberto Fernández, en medio de la trágica pandemia, se prestaría al juego de la vicepresidenta. Colocando al desplazamiento de jueces, la reforma judicial y la modificación de la Corte entre tópicos prioritarios.

Parece indudable que la obsesión de Cristina genera milagros. Sucedió en 2013 cuando la Corte Suprema, entonces de siete jueces, declaró inconstitucional su proyecto de “democratización de la Justicia”. El único voto disidente, previsible, fue el de Raúl Zaffaroni. Acaba de conseguir ahora que los cinco cortesanos, con históricas dificultades para congeniar, coincidan en aceptar la excepcionalidad del per saltum y obliguen a dejar en suspenso los traslados de tres magistrados.

La unanimidad permite dos lecturas. Los jueces han considerado extremadamente grave la situación. Calificación que Rosenkrantz subrayó en sus argumentos diferenciados. Todos entendieron que el desplazamiento de Bruglia, Bertuzzi y Castelli –involucrados en causas de corrupción contra Cristina–podía generar un alto grado de inestabilidad en el Poder Judicial y tornar, aún más tortuoso de lo que es, su desenvolvimiento.

También cabría preguntarse, con la decisión adoptada, si el titular del Tribunal actuó en soledad convocando a la acordada realizada ayer. Se conocía la anuencia de Rosatti. También la hubo, con evidencia, de parte de Lorenzetti y Maqueda. Hasta Highton se sumó a la tropa. La convocatoria fue realizada por zoom al martes anterior. Los jueces volvieron a deliberar de modo virtual al jueves siguiente.

La agitación política y social, espoleada por el Gobierno y la oposición, sembró dudas sobre la manera en que se harían las deliberaciones. Durante el fin de semana convinieron que debía ser presencial. Mensaje unívoco de que no estaban dispuestos a ninguna media tinta. Fue clave el intercambio que, en ese sentido, tuvieron el sábado los dos magistrados ásperos del Tribunal: Rosenkrantz y Lorenzetti. Existe una batalla inconclusa entre ellos.

La torpeza del Gobierno incidió entre los integrantes de la Corte por encima de las manifestaciones sociales que, en algunos casos, fomentó la dirigencia de Cambiemos. Rosenkrantz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti conocen que Cristina desea ver rodar sus cabezas. También que le impuso a Alberto la idea de reestructurar el Tribunal. El Presidente hizo el resto. Por propia voluntad o a raíz del tormento cotidiano al que lo somete la vicepresidenta.

El ataque de Alberto a Rosenkrantz resultó improcedente. Objetó públicamente su determinación de convocar a la acordada. Una injerencia inocultable que produjo alarma en el resto de los miembros. No es el estilo que varios de ellos conocían del profesor de Derecho. Su conducta fue contradictoria con las críticas certeras que formuló al escrache que Lorenzetti sufrió en su casa de Rafaela. Hubo casi una simetría entre ambas cosas.

Para colmo, complementó esa conducta poniendo en duda el interés de la Corte acerca de las políticas de género. Lo hizo junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Se trata de la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en ese rubro para los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Quien más ha trabajado en ese plano es, precisamente, Highton de Nolasco. El pleno de la Corte se encargó de retrucar al Presidente.

Alberto abundó en consideraciones hipotéticas que, en verdad, están enmascaradas en la pretensión de desplazar a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. “¿Qué pasaría si para las cuatro vacantes que hay hoy en la Cámara Federal buscara a cuatro jueces que me resultaran simpáticos?”, interpeló. Se trata, con exactitud, de lo que persigue Cristina. Y su mayoría en el Consejo de la Magistratura. ¿No lo sabe el Presidente? En la grilla de sustitutos de Bruglia y Bertuzzi hay en la primera línea tres magistrados alineados con la vicepresidenta. Uno de ellos es Roberto Boico, abogado defensor en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán.

La decisión de la Corte de aceptar el per saltum implica un duro golpe político al Gobierno. Aunque reste la resolución de fondo. Nunca habría que olvidar la ofensiva oficial. Cristina logró en principio, con el voto de la diputada lavagnista Graciela Camaño, que el Consejo de la Magistratura revisara los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. De inmediato el Senado voto, con ausencia opositora, sus traslados. En horas Alberto convalidó el paso con la publicación de los decretos en una edición especial del Boletín Oficial. La Cámara Nacional de Casación, con voto dividido, terminó por convalidarlos.

La Corte pudo haber esperado el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para no aceptar el per saltum. Allí el trámite se demoró porque los jueces Guillermo Treacy y Jorge Alemany no se pusieron de acuerdo. El tercero, Pablo Gallegos Fedriani, se había excusado por ser un magistrado trasladado. Hubo que sortear el tercero. Sucedió ayer por la mañana y recayó en Clara Do Pico. Pero los cinco cortesano prefirieron evitar dilaciones y resolvieron actuar.

En las próximas dos semanas deberán abocarse a repasar la acordada 7/2018, en la cual Bruglia, Bertuzzi y Castelli basaron su amparo. Dicho texto fue firmado por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Estableció que para desempeñar funciones de igual jerarquía dentro de la jurisdicción nacional, con idéntica o similar competencia, no haría falta un nuevo acuerdo del Senado.

La incertidumbre se acaba de invertir. Hasta ayer, abundaban las dudas sobre si la Corte Suprema se avendría al extraordinario recurso del per saltum. Una vez que lo hizo, cabría preguntarse si podrá desdecirse de lo que al menos tres de ellos suscribieron.