Nota extraída de LaNación por Carlos Pagni

En la Argentina hay una fractura ideológica y política. A este problema está referido todo el panorama político, institucional e, inclusive, económico de los últimos días. La pregunta es qué consistencia tiene esta fractura.

Un sector de la sociedad, pero sobre todo de la dirigencia política, impugna al otro en términos absolutos. Si uno mira a la oposición, en particular el discurso de Mauricio Macri y de Elisa Carrió, advierte que el gobierno de Alberto Fernández, contenido dentro de un liderazgo mucho más amplio de Cristina Kirchner, es presentado con colores oscurísimos. Por momentos, da la impresión de que es algo casi parecido a una dictadura. Por lo tanto, la oposición piensa que, siendo una dictadura, no hay que negociar ni aproximarse. Sólo hay que impugnarlo.

Macri ha sugerido en distintos pronunciamientos que, al final del camino, la vicepresidenta puede, temerosa de perder el poder, alterar el sistema electoral e incurrir en un fraude. Estamos hablando de peligros gravísimos. ¿Qué consistencia tiene este dramatismo, esta visión tan apocalíptica de la vida institucional?¿Hasta dónde es creíble o hasta dónde quienes la proponen tienen conductas consistentes con esta visión, tan rupturista, tan polarizadora, tan dramática?

Ocurrió algo la semana pasada que invita a dudar de esto. Daría la impresión de que el discurso va por un lado y, los hechos, por el otro. Me refiero a lo que pasó en el Consejo de la Magistratura. Parece que estoy hablando de una entidad absolutamente hermética y desvinculada de nuestros intereses cotidianos. Pero, en un país muy corroído por la corrupción, donde además hay impunidad, el Consejo de la Magistratura se convierte en una entidad fundamental, estratégica, porque es un conjunto de gente que representa distintos sectores de la vida institucional, que proponen a quienes deben ser los jueces. Allí, jueces, académicos, abogados deciden nada más ni nada menos que qué personas deben ocupar la magistratura, qué calidad deben tener y, sobre todo, quiénes merecen ser removidos. Todo eso es el Consejo de la Magistratura.

El clima institucional que se creó en la Argentina, según los dirigentes de la oposición de Juntos por el Cambio, hizo que un grupo de consejeros, seis de ellos, dijeran que no van a concederle al oficialismo los votos para lograr en el Consejo de la Magistratura los dos tercios necesarios para elegir a los jueces. Dijeron que se iban a abroquelar para no permitir que el kirchnerismo designe otro juez. Se propusieron como la barrera a un avance del oficialismo sobre la Justicia.

Entre los jueces que están por ser designados hay uno muy importante que aspira a integrar la Cámara Federal a la que pertenecen Bruglia y Bertuzzi. Es el doctor Roberto Boico, estigmatizado por la oposición por haber sido abogado de Cristina Kirchner.

Esta bandera por la cual Juntos por el Cambio se ofrecía a la sociedad como una barrera, al estar disconforme con el manejo institucional del Gobierno y su avance sobre la Justicia fue arriada el jueves pasado.

Los consejeros de Juntos por el Cambio explicaron que no pueden mantener a los seis juntos porque hay dos representantes de los jueces que entienden que no pueden seguir bloqueando las designaciones en el Consejo. Estos dos jueces, Roberto Recondo y Juan Manuel Culotta, que estaban dentro del grupo de los seis, cruzaron de vereda. A los otros cuatro, que quedaron del otro lado, se les planteó un dilema. Se preguntaron: «¿Seguimos manteniendo la bandera de la intransigencia y denunciando que este Gobierno es casi una dictadura, por lo que no merecen nuestro voto para designar jueces? ¿O arreglamos, porque después de todo, van a poner sus propios jueces porque ya tienen los dos tercios? ¿Por qué no nos plegamos e impulsamos algunos nombres?».

Sorpresa del jueves: la diputada Graciela Camaño, que no pertenece ni al kirchnerismo ni al macrismo sino al bloque Compromiso Federal, liderado por Roberto Lavagna, no concurrió al Consejo de la Magistratura porque acompañó a su mamá al médico. Otro integrante del Consejo de la Magistratura, el doctor Alberto Lugones, que es quien lo preside, se había excusado en ese concurso de la Cámara Federal diciendo que tenía intereses en el tema.

Camaño no quiso concurrir, da la impresión que por razones adicionales a la visita médica de su madre. No quería convalidar lo que, ella sospechaba, era parte de un acuerdo. Es evidente que Camaño no tenía interés en patrocinar ningún juez. Ausente Camaño y excusado Lugones, el kirchnerismo quedó sin los dos tercios. Es decir, para bloquear la posibilidad de que el Gobierno designe jueces, bastaba con cuatro votos, ya no seis. Sin embargo, Juntos por el Cambio pudiendo bloquear, no bloqueó. Esto abre un enorme interrogante.

Se armó un escándalo entre los abogados ligados a Juntos por el Cambio, muchos de ellos exfuncionarios del gobierno de Macri. Uno de los consejeros de esa fracción debió intervenir en el debate. Y en ese chat de abogados escribió lo siguiente: «No teníamos otra alternativa. El oficialismo había conseguido el apoyo de los jueces con lo que se aseguró la mayoría necesaria». No fue así: faltó Camaño y Lugones no votaba. Sigue explicando, a pesar de esa objeción: «Y al menos pudimos acordar algunos cargos para candidatos razonables e independientes. El concurso no podía frenarse eternamente (como habían dicho antes que había que hacer) y Boico dio un buen examen y una buena entrevista personal. Lo que negociamos fueron designaciones en la Cámara del Trabajo, en la Penal Económica, Civil y Comercial Federal, en un Tribunal Federal de Rosario y en seis Tribunales Federales de La Plata. No me parece que sea tan poco», explica. Es casi el programa Precios Cuidados. «Uno de los objetivos de lo que hicimos ayer fue, justamente, evitar la ruptura definitiva con los jueces y tratar de preservar la unidad para el futuro. Por otra parte, sepan que nada fue resuelto en soledad, sino con la aquiescencia de nuestros máximos líderes».

Lo que está diciendo este consejero es que Macri, Cornejo y Carrió, eventualmente Rodríguez Larreta y Bullrich, aprobaron este acuerdo con el kirchnerismo, que podría no haber sucedido. Tres lugares en tres Cámaras, unos Tribunales Orales en La Plata y Rosario, a cambio de la Cámara Federal. A esta Cámara, además, regresa el juez Eduardo Farah, en una designación muy controvertida desde el punto de vista del procedimiento. Hay que decir que es un juez apadrinado por un señor que se llama Javier Fernández que era el hombre de Antonio Stiuso en los tribunales. Es decir, con Farah vuelve alguien muy ligado a los Servicios de Inteligencia, cuando Alberto Fernández había prometido desconectar la Justicia Federal de esos servicios. La pregunta es: ¿bajaron la bandera de la intransigencia? ¿Pactaron con este Gobierno nada menos que la designación de jueces? Acá hay un giro.

Hay un consejero que observa: «El problema no es solo el concurso, es su efecto colateral. Por primera vez tuvieron los dos tercios y eso es como la virginidad, ¿ahora cómo convencés a los jueces de que cuando quieran avanzar contra alguno sin motivo los vamos a frenar?». Claro, porque son dos tercios para remover jueces también. «Todo juez que se sienta amenazado por el Gobierno quedó a la intemperie», dice este consejero. «El kirchnerismo es muy hábil, fue cooptando gente». El que dice esto es el consejero Recondo, el juez que cruzó de vereda. ¿Cuándo lo dijo? En 2012, en declaraciones a Paz Rodríguez Niell, en LANACION, frente a otro concurso similar, donde él no había transado, sino que lo habían hecho otros. Fue para proponer al juez Rodríguez (en la Justicia Federal), también ahijado de Javier Fernández. Fue a partir de una aspiración de Macri, que era poner un juez amigable que resolviera su problema por las escuchas ilegales que se le reprocharon al expresidente en aquella época.

¿A cambio de qué se hizo este nuevo acuerdo? Nadie sabe. Hay mil sospechas. Ojalá hayan acordado algo más importante que lo que dicen haber acordado. Porque entregarse sin acordar nada…¿Por qué se puede haber acordado algo más? Porque entre los concursos que se aprobaron, hay uno intrascendente, marginal, que no tiene que ver con Comodoro Py. Es un cargo de la Justicia Ordinaria de la ciudad de Buenos Aires. Un concurso de la Cámara Comercial. En esa Cámara está la causa del Correo que desvela a Macri, porque de esa causa donde él, probablemente con razón, se siente perseguido por el Gobierno. Considera que lo único que hace en la Procuración del Tesoro Carlos Zannini es perseguirlo. De esa causa en la Cámara Comercial se desprende una causa por corrupción que está en el juzgado de Ariel Lijo. Un tema, entonces, central para Macri. En ese concurso hay una terna: un candidato a juez Sánchez Cannabó, un juez Fernando D’Alessandro (estos dos, dicen en el Consejo, podrían ser proclives a mirar con buenos ojos los intereses de la familia Macri en el caso del Correo), y otra candidata, María Guadalupe Vásquez, nieta de una expresidenta de las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora.

¿Hay un acuerdo alrededor de esto? Imposible saberlo. Alberto Fernández tiene que elegir uno de ellos. ¿Habrá algún compromiso para que elija a alguien más proclive a Macri? Ahí debe estar mirando Cristina.

Ella el jueves pasado en el Consejo tuvo una victoria muy importante, simbólica. Porque este acuerdo habilita al kirchnerismo en la designación de jueces. Y desbloquea los dos tercios para que, como decía Recondo en el 2012, todos los jueces independientes puedan sentirse amenazados. Quiere decir que el argumento de que este gobierno es casi una dictadura, frente a lo que hay que promover banderazos, etc. entra en una zona muy resbaladiza, muy cuestionable, si se baja la bandera de la intransigencia.

Esta es la gran novedad de la semana pasada en el plano institucional, con un Juntos por el Cambio fisurado internamente, no solo en este tema. En Lomas de Zamora hubo un pedido de los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona para que se procese a una cantidad de gente de los Servicios de Inteligencia manejados por Macri, de la AFI. A la cabeza de todos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los dos fiscales liberan del tema a Darío Nieto, el que era secretario privado de Macri. Muy probablemente, Darío Nieto había sido involucrado en esto en una combinación, se dice en Lomas de Zamora, entre Majdalani y el juez Villena (que intervenía en esta causa y dejó de hacerlo porque él mismo está involucrado en las imputaciones), para llegar a Macri por la vía de Nieto y no por la de Majdalani. Bueno, ahora Nieto quedó al margen de todo esto, correctamente.

Un tuit de Carrió dice: «Muy bien los fiscales en liberar a Nieto. Adhiero también a la acusación». A todo el resto de la acusación, que involucra sobre todo a Arribas y Majdalani. No un caso, sino en muchísimos casos de persecución con los Servicios de Inteligencia. Entre otros, a Horacio Rodríguez Larreta, al periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, a Diego Santilli, a Emilio Monzó, a Nicolás Massot, etc. Es decir, propios y ajenos. Otra fisura en el terreno institucional dentro de Juntos por el Cambio. Dudas. Sombras.

Carrió está sosteniendo otra idea muy importante, novedosa, que va asociada a su pedido de juicio político contra Cristina Kirchner por haber atacado a la Corte Suprema. Y es probable que los ataques a la Corte se sigan incrementando, inclusive con causas judiciales. En términos generales, lo que dice la líder de la Coalición Cívica es que, si Martín Guzmán quiere hacer un acuerdo con la oposición para convalidar sus negociaciones con el Fondo, ellos deberían pedirle a esta entidad que incorpore cláusulas de calidad institucional en el acuerdo, lo cual incluiría -entre otras- la independencia de poderes.

A este planteo de la exdiputada se le acaba de sumar la organización civil Será Justicia, encabezada por Raúl Aguirre Saravia y María Eugenia Talerico. Ellos firmaron un documento de 68 páginas, con un análisis muy circunstanciado acerca de cuáles serían las razones por las que el FMI, el BID y el Banco Mundial deberían monitorear la calidad institucional de la Argentina antes de concederle créditos.

Estamos, entonces, ante una innovación conceptual muy importante, a la que probablemente el Fondo sea sensible. Una de las tantas misiones que llegaron desde Washington con funcionarios de esta institución estuvo conformada por abogados, especialistas en cuestiones institucionales, quienes recorrieron muchas oficinas preguntándose por las mismas cuestiones que ahora denuncian desde Será Justicia.

Este novedoso documento será, seguramente, motivo de una gran pelea entre oficialismo y oposición. La pregunta es: ¿Qué es este gobierno? ¿Lo que dice Será Justicia, lo que dice Carrió o lo que dicen los consejeros que arreglaron el Consejo de la Magistratura, destrabaron los concursos y pactaron por los cargos?

Con este planteo que dice que hay que mirar el acuerdo con el Fondo desde el marco más amplio de la calidad institucional de la Argentina y no solo desde una perspectiva técnico-económica, Guzmán tiene un problema, porque está muy lejos de un entendimiento con la oposición.

De todos modos, este es un problema menor si uno mira el discurso de la semana pasada de Cristina Kirchner en La Plata. Ahora, el problema para el ministro es la vicepresidenta. Aun cuando él tiene una excelente relación con ella, la visita frecuentemente, le explica su política y sus intenciones y parece encontrar bastante receptividad por parte de ella. Esto quiere decir que no pareciera ser un problema de Cristina con Guzmán, sino con la orientación general del Gobierno.

Solo si uno tiene los ojos cerrados puede ignorar que quien manda es Cristina: es obvio que manda ella y era obvio desde el comienzo que así iba a ser. Este modelo político no es tan inusual: ¿quién era el dueño de los votos en Brasil mientras gobernaba Dilma Rousseff? Lula Da Silva. ¿Quién manda en Colombia? Álvaro Uribe, no Iván Duque. ¿Quién mandaba en la Argentina cuando gobernaba Héctor Cámpora? Juan Domingo Perón. ¿Quién era el dueño de los votos en el gobierno de Marcelo T. de Alvear? Hipólito Yrigoyen. Eso no es inusual. Lo que sí lo es que quien tiene los votos se ponga como vicepresidente. Cristina no solo tiene los votos, está primera en la línea sucesoria. Subrayo «sucesoria».

La rareza más importante es otra: ella eligió como candidato a presidente y colocó en la Casa de Gobierno a alguien que por diez años nos hizo creer que pensaba exactamente lo contrario de Cristina. Aun cuando a estas alturas ya no sabemos muy bien qué piensa. La confusión que genera este artefacto de poder no es un accidente, sino que es casi un objetivo.

De todos modos, mirando la escena es obvio que es ella quien manda, de igual manera que lo hace Raúl Castro en Cuba, aunque el presidente allí se llame Miguel Díaz-Canel. Este es un sistema que ella debe haber estudiado muy bien porque estuvo allá mucho tiempo. Sin embargo, allí hay solidaridad ideológica, algo que no sabemos muy bien si también está presente en la Argentina.

En este discurso de La Plata, además de marcar que ella es quien manda, Cristina demostró que su principal problema, y lo que lo que la fastidia cada vez más, no es la oposición. Es el Gobierno. Ella está muy enojada, pero no con sus rivales, sino con los propios. Es probable que haya descartado hace mucho tiempo la opción de hablarles a quienes están del otro lado de esa gran muralla que la separa de una parte de la sociedad argentina y que está dada por su imagen negativa. De esta manera, dice que le enoja el Gabinete. Claro: no puede enojarse con Fernández porque no puede reemplazar a Fernández. Si lo hace, el problema cae sobre ella.

En la carta que publicó a diez años de la muerte de Néstor Kirchner y a uno del triunfo electoral del Frente de Todos escribió: «Segunda certeza: en la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, preguntale qué intereses lo o la mueven». Habría que borrar esta parte de la carta porque en el último discurso demostró que ella no solo pone un marco ideológico y político, sino que decide sobre cuestiones concretas de la economía y del manejo administrativo del Gobierno.

El acto en La Plata fue el lanzamiento de la campaña para las elecciones del año que viene. Allí aparecieron los principales discursos que llevará el oficialismo a las legislativas, como así también los líderes y figuras de este proyecto político que están en la cabeza de Cristina.

Esto quiere decir que Fernández tiene que tolerar que en el palco estén, más allá de Verónica Magario, Axel Kicillof, Sergio Massa, y Máximo Kirchner, que son, eventualmente, los candidatos a presidente del 2023. No está claro que Fernández tenga derecho a postularse a la reelección. Entonces, el primer mensaje de Cristina es: «Este es el oficialismo, con estos argumentos vamos a la campaña, este es Fernández, y ellos, sus posibles sucesores».

Su segundo mensaje está destinado a Massa. Es cierto que, como en el 2013 él se fue, es señalado como el culpable de que haya habido cuatro años de gobierno de Macri (algo que Cristina ya le había dicho el 27 de octubre del año pasado en un acto similar). «Pero al gobierno no volvimos solamente por la unidad, sino también porque hubo un gran gobierno, el mío». Faltaba que dijera: «¿Necesito decirlo yo? ¿No lo dijo nadie? Máximo ponete las pilas y reconocé a mi gobierno, por favor».

Cristina completa el mensaje explicando que quien no sabe de dónde viene, no sabe hacia adónde va. Y este es un mensaje muy importante para el Presidente porque así le está diciendo que el modelo es lo que hizo Kicillof, quien llegó a gobernador por su labor como ministro de Economía.

Esta es una Cristina mucho menos asustada que la de octubre que, con el dólar casi a $200, dijo: «El que gobierna es él». Quizás se relajó porque se achicó la brecha cambiaria y no hay tanta incertidumbre. O quizás teme que el año que viene sea muy riguroso desde el punto de vista de la actividad económica por el rebrote del coronavirus, la disparada de los casos y el misterio de la vacuna, que no sabemos cuál es, ni cuándo llegará.

Entonces, le está diciendo a Fernández que tenga cuidado, que hay que privilegiar el consumo y los precios de los alimentos, que se deben seguir atrasando las tarifas y que hay que prestar atención a las jubilaciones. ¿El déficit fiscal? No sabe, no contesta. ¿La inversión? No sabe, no contesta. Y estas son las variables que tendría que mirar no Guzmán, sino Fernández.

Esto se convalida en la cotidianeidad. El Gobierno acaba de reforzar una política de telecomunicaciones de dimensiones muy importantes porque ha convertido a un sector muy dinámico -que competía bastante bien y que tenía precios fijados por esta competencia- en una especie de gran Entel. Ese es el modelo: hipercontrolado por el Gobierno, con precios máximos, regulados y congelados. De hecho, si se liberara este sector probablemente atraería muchísimas inversiones. Pero esta política no está pensada para atraer inversiones.

Cristina le está diciendo a Fernández que debería mirar lo que hizo ella, que fue más parecido a este decreto y a esta reglamentación, que a un sistema de competencia y mercados, como el que podría pedir el FMI. ¿Cuál es el miedo? El miedo es ser el griego Alexis Tsipras. Tsipras fue una especie de kirchnerista que pactó con el Fondo y después fue a las elecciones y, de las 144 bancas que tenía su partido, Syriza, pasó a tener 86. Entonces, ganó un Macri. Ese es el miedo de Cristina: consumir su capital político en el acuerdo con el Fondo. Su lugar es estar en el cuadrante populista de la política argentina y ser la representante de los pobres de los grandes conurbanos. Por ahí vino y por ahí quiere seguir.

Sin embargo, Cristina dijo otra cosa extraordinariamente importante: que hay que revisar el sistema de salud, el cual tiene un sector público, uno privado, y otro sindical. Esa mañana, cuando ella dijo eso, seguramente apuntándoles a «los gordos», «los gordos» habían estado en el parque de Olivos haciendo piruetas con Dylan. Los invitan una vez cada quince días. Bueno, el día en que Cristina habló en La Plata, el único sindicalista que estaba era Moyano, enfrentado a la CGT. Y hubo un mensaje muy claro a la CGT: el sistema de salud hay que revisarlo. También hubo un mensaje claro al sector privado y uno a Ginés González García que, si algo representa, es el sistema tal cual está concebido, tal cual funciona. ¿Cómo va a procesar Alberto Fernández este mandato? Es un misterio. ¿Va a haber una exigencia para revisar todo el sistema de obras sociales, que está hipertrofiado? Cualquier sindicato de 200 afiliados tiene una obra social. ¿Todo eso va a entrar en revisión? Posiblemente. Pero lo importante es que lo que Cristina está haciendo es cortar un puente entre Alberto Fernández y un sector del peronismo, que había estado esa mañana en Olivos: los sindicatos. Como La Cámpora al decir «no queremos suspender las PASO» corta otro puente con los gobernadores.

Fernández parece ser ahora el representante del peronismo clásico. El hombre que dice: «Me gusta Gildo Insfrán, un dirigente ejemplar», «me gusta Moyano, un sindicalista modelo». Y Cristina insiste en una vieja aspiración. Es la de aquella entrevista que ella elogia siempre, de Torcuato Di Tella a Néstor Kirchner: un país alineado entre izquierda y derecha. Lo que ha impedido en la Argentina que hubiera izquierda y derecha, en un sentido europeo, es el peronismo. Y ella se propone dinamitar al peronismo. Y, al hacerlo, quitarle la base real o ilusoria que puede tener Alberto Fernández para ganar autonomía. Esta es la gran batalla de Cristina Kirchner. Esta, posiblemente, sea su batalla histórica. No sabemos cómo le va a salir. En la del Consejo de la Magistratura, en cambio, ya tuvo una pequeña victoria.