miércoles, agosto 10

Cruce de acusaciones entre Medrano y Saracino: en el medio los salteños

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La exfuncionaria preguntó si también van a investigar a Juan José Esteban por el cobro del plasma. La directora del Centro Regional de Hemoterapia salió al cruce y desligo de responsabilidades al actual ministro de Salud. 

La exministra de Salud Josefina Medrano y la directora del Centro Regional de Hemoterapia Betina Saracino protagonizaron por tenso cruce de acusaciones por Twitter luego de que un sanatorio privado quisiera cobrarle el plasma a un paciente con coronavirus. 

El primer disparo lo hizo la extitular de la cartera sanitaria, quien tuvo que dejar su cargo por pedido del gobernador Gustavo Sáenz: citando a Saracino, tras una nota periodística, señala: “La directora del centro regional explica claramente la intención de  cobro del plasma luego de un resolución del Ministro Esteban. ¿Será que también la justicia los va a investigar?”.

El tuit apunta de lleno a la investigación de oficio que hace la Fiscalía por  el cobro de la transfusión de plasma a un paciente por parte del centro privado, Hemosalta. Y a las declaraciones de Saracino: “Estamos esperando la firma de la resolución ministerial. Todo producto que sale del Centro de Hemoterapia está sometido a un análisis de costo», había indicado.

En el programa “Miras TV”, había señalado que la sangre no se cobra pero sí todo el proceso, tiene que ser estudiada, fracciona, almacenada, transfundida y después distribuida tiene un costo. 

La respuesta  no se hizo esperar y tiró con munición pesada: “Te recuerdo que durante tu gestion, hice la consulta pertinente a tus asesores legales si esa práctica debía ser arancelada dado que es un tratamiento experimental, y ellos solicitaron el estudio de costos como cualquier otro producto”, escribió Saracino dando a atender que el cobro lo quería hacer la aterior gestión. 

“Hay que diferenciar el costo del producto que lo fija el ministerio a través de sus dependencias administrativo contables, del costo de la práctica Transfusional, que lo fija las Obras sociales, sin intervención del ministerio”, continuó llevando claridad a sus declaraciones.

“Finalmente, el nuevo ministro nunca firmó tu Resolución Ministerial, o sea, no se llegó a arancelar nada. Por ende, es inadmisible pretender cobrar algo!!”, respondió la directora de Centro de Hemoterapia. 

El centro Hemosalta había mandado notificaciones a las clínicas privadas en las que presta servicio para informar que “la transfusión de plasma de paciente convaleciente, al ser una práctica no nomenclada, se facturará al paciente, para su reintegro en la obra social y/o prepaga” a un costo “de $30.000”.

La nota, que llevaba la firma del gerente de Hemosalta SRL, Martín de la Arena. El hecho generó indignación en la opinión pública y fue el propio ministro de Salud, el reemplazo de Medrano, Juan José Esteba, quien salío a aclarar el panorma: la colocación de plasma es gratuita en todos los centros privados y clínicas y cuestionó al centro privado que pretendió cobrar por el servicio.

Esteban manifestó que “cuando tomé conocimiento de esta situación me pareció totalmente improcedente porque él (De la Arena), no puede cobrar el plasma cuando nosotros (el Gobierno a través del Centro Regional de Hemoterapia) no le cobramos todos los hemoderivados que se usan para fabricar el plasma”.

“Todos los centros privados y las clínicas están colocando el plasma gratuitamente, entonces este señor no puede salir a cobrar el plasma”, advirtió Esteban y agregó que por ese motivo “levanté el teléfono, lo llamé y le dije que rectifique esto (la notificación) porque nosotros no le estábamos cobrando los hemoderivados que son todos los kits e insumos que se usan para hacer un plasma seguro, entonces no tiene por qué cobrarlo. (De la Arena) Lo entendió y rectificó”.

En medio de todo esto, la fiscal penal 2, Mónica Poma, inició el sábado 26 una investigación preliminar para determinar si existió comisión de delito en la decisión y comunicación de una empresa, de facturar por las transfusiones de plasma a pacientes afectados por la Covid-19. Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, para continuar la tramitación en atención a la temática.