Los letrados del organismo fueron sumariados por considerar que actuaron con “intencionalidad”, según sostuvieron fuentes judiciales.

Por un “olvido” del Poder Ejecutivo, el CEO de Techint, Paolo Rocca, su principal operador, Luis Betnaza, y Héctor Zabaleta, que habría oficiado como valijero del dinero que la principal compañía industrial argentina entregó a funcionarios kirchneristas, quedaron a un paso del sobreseimiento en la causa que investiga los cuadernos de las coimas y que tiene a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, como principal acusada de haber encabezado una asociación ilícita.

En este sentido, la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que depende del Estado, decidió sumariar a sus abogados involucrados sobre los cuales no sólo recae la responsabilidad del “olvido” sino también entiende actuaron con “intencionalidad”.

El organismo que dirige Carlos Cruz ya había cesanteado al director de Litigios Penales, Claudio Castelli previamente al inicio de un sumario administrativo con los dos abogados que “olvidaron” apelar la decisión del juez Julián Ercolini.

La semana pasada la UIF presentó un recurso de Casación ante “la Sala I de la Cámara Federal de Casación para que la misma lo eleve para su tratamiento a la Cámara Federal de Casación Penal y se puedan revisar los sobreseimientos”, explicaron desde el organismo antilavado.

“Los jueces Bruglia y Bertuzzi declararon inadmisible el recurso interpuesto declarando que no hubo arbitrariedad en el fallo por ellos dictado. El resultado era esperable, en tanto que los mismos jueces no iban a admitir la arbitrariedad de su fallo, se cuestiona sin embargo que no hayan derivado la admisibilidad del recurso en ese punto a la Casación, dada su falta de objetividad para poder analizar la arbitrariedad de su propio fallo”, dijeron.

Fuentes del organismo admitieron a Infobae que se abrió una investigación interna para buscar responsabilidades por esa inacción penal en la causa de los cuadernos. Hay mientras tanto un planteo para intentar que se declare “cosa juzgada írrita” la decisión que dejó a salvo del caso a los empresarios de Techint. “Nos encontramos ante un caso que constituye un ‘atentado contra el sistema democrático’”, sostiene la presentación.

La “cosa juzgada írrita” es una figura incómoda para el mundo de los tribunales que se aplica cuando se demuestra que en un juicio no se han respectado las reglas del debido proceso o cuando los jueces o obraron con independencia e imparcialidad.

En agosto pasado, tras un planteo de la defensa, el juez Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que perteneció a Claudio Bonadio, dictó los sobreseimientos de los hombres de Techint, incluso de Zabaleta que había declarado como imputado-colaborador reconociendo un delito.

Al mismo tiempo, el juez procesó al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta por dádivas -es decir, recibir el dinero de Techint- pero se sobreseyó a los directivos de la empresa por entender que los pagos que admitieron estaba justificados en razones humanitarias.

“La ausencia de responsabilidad en los sucesos de los empresarios a los cuales se les atribuyó la entrega del dinero -la cual tuvo como origen la exigencia del funcionario ante una situación de emergencia-, no obsta a que la recepción de dinero por parte del funcionario público implicado, resulte ser una conducta que se subsume directamente bajo el tipo penal analizado”, dijo Ercolini.