Cuatro dirigentes deportivos fueron imputados por fraude y estafas con el IFE, en Salta

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Numerosos testimonios y escuchas telefónicas advierten de las maniobras y extorsiones que perjudicaban principalmente a personas de extrema vulnerabilidad.

Ahora son cuatro los dirigentes deportivos (y con vinculación política) que fueron imputados por la Justicia, por los delitos de estafa y extorsión a beneficiarios de planes sociales de una población vulnerable del norte de Salta y fraude a la administración pública.

Nancy Romero, prosecretaria del club Central Norte de Embarcación, se sumó recientemente a los otros tres acusados: el presidente de la entidad, Jorge Moya, su pareja, Moira Pabloff y el secretario Jesús Horacio Tarqui.

El caso, como se informó, se inició a partir de una denuncia de la ANSES ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº12 de la Capital Federal, a cargo de Alejandra Mángano, quien trabajó de manera coordinada con fiscal federal Eduardo José Villalba en la primera etapa de la investigación.

En los últimos días, y tras recibir las declaraciones testimoniales de más de 30 personas, Villalba solicitó la detención de Romero y la ampliación del objeto de investigación, pues la fiscalía descubrió que las maniobras no solo comprendían al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) sino también a otro plan social, en este caso el Salario Social Complementario; y se estimó que la conducta delictiva es de larga data.

En la audiencia de imputación, el fiscal dijo que los acusados habrían ejercido conductas tendientes a empadronar a beneficiarios, tanto del plan social del IFE como del Salario Social Complementario.

El objeto de los acusados era, tras tramitar los empadronamientos, beneficiarse de su cobro por parte de los que pasaron a ser los verdaderos afectados, personas de alta vulnerabilidad social, muchos de ellos miembros de comunidades originarias

“Las numerosas testimoniales, las escuchas telefónicas, los informes de las fuerzas de prevención, la documentación secuestrada, entre otras pruebas, indican que los acusados llevaban adelante esta conducta fraudulenta en contra del estado nacional, al menos, desde 2019”, sostuvo el fiscal.

Señaló, además, que no sólo consistió en la captación y empadronamiento de los beneficiarios, sino en un elaborado esquema de monitoreo y vigilancia de la percepción de esos fondos dirigidos a personas de vulnerabilidad extrema.

“Hemos detectado conductas como las de engaño, intimidación, amenazas hacia los beneficiarios. Todo ello, dirigido a obtener una parte de ese dinero, en algunos casos a través de sumas que iban de 750 a 1.500 pesos, aunque también se advirtió que se apropiaban de todo el monto del beneficio, para lo cual retenían las tarjetas de débito”, precisó.

 “Moya, Plabloff y Tarqui, bajo la fachada del club Central Norte, dirigieron los planes en provecho propio, haciéndolo un medio de sustentabilidad y de vida, tanto del club, pero principalmente de ellos mismos, con lo cual engañaron al Estado Nacional y ocasionaron un perjuicio a las personas que deberían haber recibido esos beneficios”.

Intimidados y violentados

Además, los beneficiarios de los planes eran sometidos a un alto grado de intimidación, sostuvo el fiscal.

Varios testigos indicaron que “los acusados se quedaban con una suma de 750 pesos en concepto de cuota social del club, cuando ninguno de los afectados adujo querer ser socio de dicha entidad, por lo que ese dinero era pagado de manera compulsiva, incluso en algunos casos el monto ascendía a 1.500 pesos”.

Villalba resaltó que la cuota de 750 pesos se trata de una suma “exorbitante” para un club local, en Embarcación, máxime si se compara, por ejemplo, con los 600 que cobra San Lorenzo de Almagro en Buenos Aires. “Este dinero tenía otra finalidad”, añadió.

“Tenemos por acreditado que parte de los fondos iban destinados a pagar a los jugadores del club”, ya que se pudo comprobar que “cinco jugadores perciben la remuneración a través de fondos de planes sociales, o bien, lo hacen a través de sus mujeres, con lo cual se desnaturaliza claramente el objetivo de los planes sociales”.

Es más, el fiscal advirtió que ciertas maniobras extorsivas “rozaban” el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en el cual la imposición de multas, por ejemplo, era un común denominador.

En ese sentido, Villalba explicó que los acusados habían montado un esquema de monitoreo y extorsión “aterradora”, en el cual se aplicaban multas o intereses a los beneficiarios que no cumplían con las exigencias instauradas por los imputados, que giraban no sólo respecto del dinero que debían entregar, sino con tareas específicas que debían cumplir.

Entre esa tareas señaló la de cortarle el pelo al comisario de la localidad, lo que explica, de alguna manera, por qué las denuncias que realizaron nunca tuvieron curso; el posteo de actividades del club en sus cuentas personales de redes sociales; la asistencia a reuniones del club y la venta compulsiva de cartones de un bingo de esa entidad, entre otras.

La demora o incumplimiento de estas tareas tenía su penalidad. “Se aplicaban multas, algunas de mil pesos; el pago de intereses a los que no vendan determinada cantidad de cartones del bingo, mientras que otros castigos más duros consistían directamente en el bloqueo de la tarjeta de cobro”.

Una de esas multas, por ejemplo, “fue aplicada a la locutora de la radio, empleada por el club, quien tenía la obligación de hablar bien del club y de sus directivos, pero como su labor no era de su agrado, fue penalizada”, con lo cual se advierte la arbitrariedad con la que se manejaban los acusados.

Para el fiscal “el poder de los imputados también se ve manifestado en una gran base de datos que crearon, en la cual se encuentran todas las personas potencialmente destinatarios del plan social IFE o SSC. Esa base de datos comprendía fotocopia de DNI, fotos del documento, datos personales, las tarjetas de débitos y las claves de las mismas”.

Violencia psicológica

Sobre los métodos extorsivos, Villalba resaltó la “violencia psicológica” expuesta por los beneficiarios de planes en sus testimoniales. “Los afectados eran objeto de violencia psicológica que se extendía desde el maltrato, la humillación hasta un trato prácticamente militar, todos ellos inadmisibles”.

“También, y según surge de una denuncia, estamos frentes a casos de acoso psicológico y también sexual. Esa violencia se demostraba en reuniones públicas, donde los beneficiarios padecían humillaciones públicas”.

Otra de las modalidades extorsivas utilizadas por los acusados consistía en la posibilidad del bloqueo de la tarjeta de débito, lo cual era fácil de hacer a partir de la base de datos que los acusados habían construido, lo que “ejecutaban quizás con la complicidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.

f: La Gaceta