El escándalo de las tarjetas de débito de Rigau se vincula con otra organización delictiva desarticulada en los últimos años. La mirada está puesta en la Secretaría Administrativa de Diputados. La conexión con la barra brava de Estudiantes de La Plata.

En los últimos años, dos tramas de corrupción con tintes cinematográficas fueron descubiertas en La Plata. Ambas tienen en común el uso discrecional de contratos de la Legislatura bonaerense.

En la banda de “Chocolate” Rigau, protagonista de uno de los escándalos de corrupción más resonante de 2023, los contratos espurios eran el corazón de un sistema que les permitía recaudar cientos de millones de pesos por año. Mientras que en la llamada “banda de los jueces”, una amplia red delictiva descubierta unos años antes, los contratos legislativos tenían una función más indirecta y menos conocida.

También apodada “megabanda criminal”, la “banda de los jueces” entreveraba a magistrados (como César Melazo y Martín Ordoqui), policías, ladrones, barrabravas, narcos, financistas y abogados. Sus actividades incluían asaltos a casas marcadas, beneficios para presos, venta de drogas, de facturas truchas y de cheques, tráfico de influencias, entre otros servicios.

Esta mamushka de delitos requería de muchos favores cruzados, y parte de ellos se financiaban desde el Poder Legislativo. Por ejemplo, había un empleado de ARBA –la agencia de recaudación bonaerense– que, como tal, tenía la capacidad de borrar deudas impositivas. La banda lo necesitaba siempre disponible, por si aparecían clientes dispuestos a pagar por este servicio. Como retribución, el hombre en ARBA recibía un contrato de ñoqui en la “Dirección de Recepción, Control y Guía” de la cámara de Diputados.

Otros ejemplos son algunos abogados satélites de la banda, operadores judiciales permanentes, que también recibían contratos legislativos. Quien los conseguía era un empleado en Diputados, Enrique “Quique” Petrullo, que terminó condenado por esta asociación ilícita como coautor y tráfico de influencias.

Petrullo era empleado en Diputados y ahí adentro tenía un contacto que usaba para gestionar contratos y firmas para mantenerlos vigentes. Según chats peritados, en esa investigación judicial que impulsada durante años por la fiscal Betina Lacki –la misma del “caso Chocolate”– su contacto era Luis Patiño, un político de La Plata que era funcionario en esa cámara. Pero la maniobra no se agotaba ahí.

Petrullo tenía un contacto similar en la Cámara de Senadores bonaerenses, que le permitió conseguir más de esos “curritos”, como llamaba a los contratos temporales para ñoquis. Todos los eslabones de esta cadena de favores se iban quedando con un porcentaje de los salarios.

La megabanda estaba enraizada en la Legislatura. Ángel Yalet, alias “Pipi”, el chofer cuando salían a hacer los escraches, otro condenado por esa trama, era empleado en Diputados. También su suegro, Hugo Sini, acusado de manipular cheques del organismo legislativo, y su esposa, la hija de Sini. Estos dos últimos cargos siguen vigentes y están radicados en la Secretaría Administrativa. La oficina está en la mira por la banda de “Chocolate”, ya que los procesados Claudio y Facundo Albini fueron funcionarios ahí.

Un tercer miembro de la trama de los jueces que logró ser “colocado” en la Legislatura esRubén Orlando Herrera, alias “Tucumano” o “Bolichero”, socio del exjuez Melazo y de un comisario de la Bonaerense en boliches bailables, condenado como organizador de la asociación ilícita. Herrera tiene tatuado un enorme león rugiente, símbolo de fanatismo por Estudiantes de La Plata. Fue jefe de la barra brava pincharrata y de ese ambiente conoce a Claudio Albini, otro fanático.

El subjefe de Personal de Diputados se mueve en el círculo íntimo de esa hinchada hace treinta años. El historial de sus viajes al exterior, incorporado al expediente Chocolate, donde está procesado, lo ubica presente en casi todas las ciudades del mundo donde su club fue visitante desde 1992 hasta 2023.

En 2006, una casa de dos plantas ubicada en Gonnet que pertenecía a Herrera pasó a manos de la familia Albini. Claudio, según dijo a la justicia, vivía ahí con su hija Celeste (otra empleada en la Secretaría) hasta caer en desgracia, arrastrado por el celular de Rigau. Y esa casa, según versiones circulantes en La Plata, fue sede de reuniones cuando explotó este escándalo. Reuniones que no eran optativas y que apuntaban a sellar el silencio de “los ñoquis”.

La identidad pincharrata engloba a demasiados personajes de esta trama: a los Rigau, registrados en la Legislatura con correos electrónicos del estilo “leonteamo@”, a los Albini y su abogado, agente de jugadores y a muchos prestanombres; como si el club hubiera sido un ámbito posible de reclutamiento.

Hay casos especialmente curiosos, como el de la familia Tocci, que tenía dos tarjetas entre las 48 del mazo de Rigau: las de Ezequiel y Juan José. Este último trabajaba en Asociación Mutualista Empleados Provinciales Asociados (AMEPA), una mutual que presta efectivo, fundamentalmente, a policías y penitenciarios, creada por su padre, Juan Carlos Tocci.

Este hombre era policía de la Bonaerense, pero fue exonerado en los ‘90. Con el tiempo se ubicó en el ángulo entre las finanzas, las mutuales y el fútbol, y se hizo conocido en La Plata. Presidió un club de Berisso –el pago chico de Claudio Albini– y algunos lo llaman “el financista del Estadio de Estudiantes”.

En el “caso Chocolate”, su hijo está patrocinado por Fabián Améndola del estudio de Fernando Burlando. Con la particularidad de que otro abogado muy “pincha” del estudio, Facundo Améndola, también trabajó en AMEPA, como muestra su CV en Linkedin.