La presentación ante el organismo de la OEA se enmarca en medio de la demanda que Alberto Fernández inició contra Patricia Bullrich por sus dichos sobre las vacunas contra el Covid-19

La polémica que despertó en la Argentina el accionar de Alberto Fernández contra Patricia Bullrich, a quien le inició acciones legales por ciertas declaraciones sobre las vacunas contra el Covid-19, se trasladó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de una denuncia que presentó la Fundación Led Libertad de Expresión + Democracia (LED), que advierte que en Argentina se está limitando la libertad de expresión.

El pedido fue dirigido a la Secretaría Ejecutiva Tania Reneaunm Panszi de la Comisión Interamericana, al Señor Relator Especial para la Libertad de Expresión Comisionado Pedro Vaca Villarreal y a la Relatora para Argentina Comisionada Julissa Mantilla Falcón.

En el escrito, elaborado por el abogado Julián Curie y los miembros de la Fundación Silvana Giudici, Carlos Aguinaga y Denisse Toperberg, detallan diferentes citas de la forma en que el oficialismo se refirió a la presidenta del PRO después de que, en una entrevista con Luis Majul en La Cornisa, cuestionara que se hubiera acordado con Pfizer para proveer al país de vacunas.

“El estado de vulnerabilidad que reviste para la libertad de expresión en el país la existencia de estas demandas cuando provienen de las máximas autoridades gubernamentales y van dirigidas hacia quienes opinan en contra de sus decisiones o políticas”, advirtieron en un comunicado.

Led consigna el reciente fallo en favor del periodista Eduardo Feinmann, denunciado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en 2018 al acusarlo de difamación por opiniones sobre su gestión anterior. El escrito también recuerda los casos del periodista Gabriel Hernández, condenado a pagar 2 millones de pesos por emitir en su programa de radio comentarios de oyentes en contra del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el caso de Diego Masci, condenado por emitir un video de una ministra del gobierno de San Luis.

“Estos hechos conforman un escenario cada vez más frágil para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, periodistas y/o dirigentes de la oposición, por lo que los abogados de la Fundación consideran necesaria la intervención de la CIDH como forma de establecer una alerta temprana sobre la degradación de las libertades, sobre todo de la libertad de expresión y opinión, que de ningún modo puede estar afectada ni sujeta a responsabilidades ulteriores, como la multa de 100 millones de pesos que pretende cobrar el primer mandatario en su demanda a una de las principales dirigentes de la oposición”, concluye el comunicado de la Fundación Led.

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