Vecinos del lugar advirtieron que desde el gobierno provincial han iniciado un proceso de desalojo. El caso de una emblemática panadería ha dado que hablar entre los comerciantes que sostienen se encuentra en planes de funcionarios kirchneristas para convertirla en una residencia de descanso.

El atractivo turístico de la isla Martín García ha captado la atención no solo de ciudadanos de la Argentina -así como de países limítrofes- sino también de funcionarios del Gobierno que ven con buenos ojos la posibilidad de sacar rédito del lugar a costa de sus trabajadores. La polémica se origina luego de que vecinos de la zona denunciaran que desde la gestión de Axel Kicillof han comenzado a expropiarles sus propios comercios que durante décadas han contribuido a garantizar la calidad turística de la isla.

Los principales referentes del gobierno provincial son Diego Simonetta, que ocupa el cargo de director de Gestión Integral de Islas del Delta e Isla Martín García, y Eugenio Liggesmeyer, como director provincial de Islas.

La relación que estos funcionarios mantuvieron con los comerciantes de la zona dio un vuelco rotundo a fines del 2019, en plena asunción de un nuevo mandato peronista. De acuerdo a aquellos que denunciaron éste accionar, el objetivo es el de transformar la isla en un lugar de descanso para los funcionarios kirchneristas.

Las sorpresas y contradicciones llegaron en medio de la crisis económica que la pandemia profundizó en nuestro país y tras el acto por el 207 aniversario de la Isla Martín García que tuvo lugar en marzo del corriente año, cuando Liggesmeyer aseguró que “la actividad turística de la isla es un orgullo, tiene una historia muy rica y cero casos de COVID, lo que para nosotros es un orgullo”.

En ese sentido, varios vecinos hicieron pública la situación que actualmente les toca atravesar en pleno contexto de organización del gobierno provincial para quedarse con sus propiedades, según advierten diversas fuentes del lugar.

Entre ellos, se encuentra el caso de la emblemática Panadería Rocío, un comercio con treinta años de trayectoria en la isla y conocido en la zona por su venta de pan dulce. Los propietarios presentaron un proyecto de explotación del espacio y comenzaron a trabajar colaborativamente con las distintas gestiones bonaerenses durante las últimas tres décadas. Desde hace 3 meses, permanecen cerrados.

“Mi papá es panadero y mi mamá es docente jubilada de la escuela de la Isla. Vinieron a trabajar hace más de treinta años y levantaron la panadería con mucho esfuerzo, en una casa antigua muy costosa de mantener. Hacemos un producto cuidado, que es muy valorado en la zona y nos esforzamos día a día para prosperar” aseguró Rocío, una de las dueñas del comercio, según consigna el medio RealPolitik.

“Desde el mes de julio estamos cerrados porque las autoridades de la provincia nos enviaron una carta documentos intimándonos a abandonar todo en diez días”, aseguró la mujer.

Al conflicto ya establecido, se le suma que los propietarios de la panadería revelaron haber presentado “una medida cautelar y un amparo” y haber recibido como respuesta la orden de “dejarles la panadería y hasta los utensillos, que nos llevó mucho tiempo, trabajo y dinero comprar. Vamos a diario a la casa porque es antigua y necesita mantenimiento, pero sin avisarnos nos cortaron la luz, echando a perder toda la mercadería que teníamos”, explicó Rocío.

Vecinos de la zona aseguran que el objetivo de la provincia es el de desalojar a la familia de panaderos para quedarse con la propiedad y transformarla en una dependencia para que funcionarios de Kicillof puedan ir a vacacionar durante los meses de verano. Testigos aseguraron que las autoridades ya están construyendo una playa en el lugar y acondicionando la casa del gobernador.

El propio mandatario provincial estuvo recorriendo las tierras en las vísperas de las elecciones del pasado 12 de septiembre. “Sábado de veda”, había escrito Kicillof en ese entonces en la publicación de una imagen que lo mostraba en la isla acompañado de su esposa, Soledad Quereilhac.

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