Nota extraída de La Nación por Carlos Pagni

Cristina Kirchner inauguró el año electoral. No sólo porque en su discurso de La Plata expuso los argumentos que el oficialismo llevará a la campaña.

En los últimos días impulsó medidas económicas que terminaron de correr el velo que disimulaba la orientación del Gobierno. La vicepresidenta intervino mercados que para ella son cruciales en la búsqueda del voto. El de las telecomunicaciones.

También el de la distribución de luz y gas. Y el de la salud. Sus determinaciones pusieron en su verdadero lugar a actores que pretendían ser más relevantes. Martín Guzmán se va resignando a que su programa se convierta en un ejercicio académico.

Y Alberto Fernández, que es un malabarista de la palabra, intenta poner en un pentagrama más o menos presentable una partitura que se tararea en otra parte. La viga maestra de todo el edificio quedó expuesta: hay actividades estratégicas en las que los precios los fija la política, aunque los costos queden liberados.

La promesa de normalizar la economía bajo el signo de la “sustentabilidad”, la consigna mágica del ministro de Economía, ni siquiera se menciona. En esta nueva geometría, en la que las reglas generales son sustituidas por la voluntad del que manda, los empresarios deben ser reemplazados por “expertos en mercados regulados”.

Del futuro de este orden material puede esperarse cualquier cosa, menos inversión.

La capacidad de Fernández para contradecirse está fuera de toda duda. Aún así, la semana pasada batió un récord. La resolución 2987 del Ministerio de Salud había autorizado un aumento del 7% a partir de febrero para la medicina prepaga. La resolución 2988 la anuló.

Llama la atención que, como indica la numeración, una es la siguiente de la otra. Es sólo un detalle.

La verdadera rareza está en los considerandos. En la 2987 se arguye que el incremento es indispensable por el “delicado contexto actual de emergencia sanitaria sin precedentes” y por “el estado crítico en que se encuentran (sic) la mayoría de los prestadores”. La resolución 2988 explica que el ajuste fue suspendido “por expresa decisión del Presidente”, sin otra razón.

El Gobierno no explica cómo hizo para superar “el delicado contexto” y el “estado crítico” en los pocos minutos que pasaron entre uno y otro texto. Hay que suponer, entonces, que Alberto Fernández decidió mantener al sistema de salud en esa situación en medio de una “emergencia sanitaria sin precedentes”.

Ayer él se justificó diciendo que el ministro Ginés González García no había tenido en cuenta el impacto inflacionario del aumento que había autorizado. Para aceptar esa excusa hay que olvidar varios pormenores. El más importante: los empresarios de la Salud venían hablando de estas medidas con Santiago Cafiero. Y Cafiero consulta todo con Fernández. Por eso resulta más convincente una explicación inconfesable: la suspensión surgió de una orden fulminante de Cristina Kirchner.

La vicepresidente está convencida de que, en un año de elecciones, hay que evitar la suba de precios regulados. Es un programa riesgosísimo por la cantidad de distorsiones que genera. En el caso de la Salud, es temerario. La resolución anulada decía la verdad. Las clínicas y sanatorios atraviesan una crisis económica sin antecedentes. La epidemia del Covid 19 los obligó a aumentar los gastos. Y la suspensión de prácticas programadas, sobre todo cirugías, derrumbó los ingresos. A este desbalance se suma la devaluación, en una actividad en la que muchísimos insumos están dolarizados. La paritaria del sector fijó un aumento de salarios del 29%, un porcentaje modesto para trabajadores que están teniendo un comportamiento heroico. Para comprender del todo la pesadilla de los centros privados de salud hay que recordar que se les suspendió el auxilio de los ATP. En las últimas semanas se negocia con el Poder Ejecutivo alguna compensación, que nunca llega. El 7% de incremento a la cuota de las prepagas estaba destinado, como decía la resolución derogada, a sostener los ingresos de los prestadores. Algunos de ellos están a punto de cerrar sus puertas. Alberto Fernández prefirió, según dijo, controlar la inflación. Dos observaciones al respecto. Primera: la incidencia de un 7% de la medicina prepaga en el índice de precios es ínfima. Segunda: el Presidente cambió de prioridades y ahora escogió cuidar la economía antes que la vida, por usar su propia fórmula.

En el mundo del sanitarismo sospechan que la suspensión del aumento es la manifestación coyuntural de un programa más ambicioso de reformas. Esa presunción se alimenta en aquella afirmación de Cristina Kirchner, en La Plata, sobre la necesidad de remodelar todo el sistema. Los encargados de esta materia en el Instituto Patria son ultra-estatistas. El más influyente es Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense y presidente de la Fundación para la Soberanía Sanitaria. En un segundo círculo orbita Luciano Di Cesare, el médico que le propuso a Néstor Kirchner utilizar el PAMI, que él conducía, como base para una mega instituto que centralice todas las prestaciones. ¿Clínicas, sanatorios, laboratorios, etc., estarían obligados a contratar con el Estado? Una cláusula inevitable del programa es impedir que los aportes de los trabajadores se destinen a las prepagas. Este modelo estatizante puede ser observado antes de nacer: el PAMI y Ioma son ejemplos de un desastre estructural. Basta observar las multimillonarias deudas con los prestadores, aun en medio de la pandemia.

Alberto Fernández prometió al titular de Swiss Medical, Claudio Belocopit, que el sistema no será estatizado. Él alienta otra salida: reducir la cantidad de obras sociales y hacer más estrictos los controles sobre las prepagas. González García le encargó un proyecto con esta lógica al superintendente de Salud, Eugenio Zanarini, quien se recupera de un infarto en estas horas. El estrés del sistema se descarga sobre el corazón de Zanarini. Ginés es inmortal. Los actores privados confían en esta ala del oficialismo. Pero la suspensión de los aumentos minó esa credibilidad.

En los sindicatos están atemorizados. Fantasean con que la señora de Kirchner les quiere quitar poder porque ellos se ofrecen como plataforma para la emancipación de Alberto Fernández. Nadie sabe a ciencia cierta qué se está maquinando en «el Patria». Ni siquiera Hugo Moyano o Sergio Palazzo, los más comunicados con la vicepresidenta.

El más inquieto de todos es José Luis Lingeri, «Mr. Cloro». Él es desde hace décadas el encargado de velar por el negocio de las obras sociales. Cristina Kirchner lo tiene en la mira por sus relaciones con Silvia Majdalani, de la AFI, durante el gobierno de Mauricio Macri. Sobre todo por su papel en la detención de Omar «Caballo» Suárez, a quien el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral habría ofrecido no mandar preso si acusaba a la ex presidenta. No es la única preocupación de «Mr. Cloro». Ahora está también bajo la lupa de Elisa Carrió.

La titular de la Coalición Cívica investiga una operación que se inspira en los mismos criterios que imperan en el sector de la Salud: la venta de Edenor de Marcelo Mindlin a José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, el alter ego de Lingeri. La transferencia de la principal distribuidora eléctrica del país es un ejemplo eminente del orden económico al que conduce Cristina Kirchner, con la docilidad del Presidente. Mindlin decidió desprenderse de Edenor cuando se convenció de que no habrá normalización de las tarifas. La vicepresidenta se lo dijo a Guzmán, «sólo 9% en marzo», y así desbarató las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

En esas coordenadas, para manejar Edenor o cualquier distribuidora hace falta un empresariado -llamémosle así-muy particular. Gente que, como Manzano, Vila y Filiberti, funde su negocio en no pagar al que le provee el producto, Cammesa, a sabiendas de que la deuda acumulada será transada a precio vil en una mesa política. Esto último es lo que garantizó Sergio Massa, íntimo amigo de los tres compradores, en el presupuesto nacional: la deuda con Cammesa se negociará en la Secretaría de Energía, con un análisis de cada caso. Esta es la característica principal de la cultura económica imperante: la fobia por las reglas generales. Mindlin, un empresario con socios internacionales, que ha invertido grandes sumas gigantescas en el sector gasífero, contraería un riesgo altísimo en esos lodazales, que son el ecosistema de Manzano, Vila y Filiberti.

El interés de Carrió se centra en este último empresario. Ella recibió un informe detalladísimo sobre el negocio de Filiberti como productor de sulfato de aluminio y ploricloruro de aluminio, productos que consume Aysa para potabilizar el agua. Ese documento, elaborado por el auditor porteño Juan Calandri, revela que cuando Kirchner estatizó Aguas Argentinas el sindicato de Lingeri se apropió de plantas potabilizadoras que, en la misma fecha, contrataron a Transclor S.A., la empresa de Filiberti. Este negocio fabuloso, que acaso también se manifiesta en la dispendiosa vida del hijo de Lingeri, José, continuó bajo la administración de Macri. Sólo se modificó una cláusula: Transclor no tendría derecho a vender a terceros el excedente de lo que consume Aysa. La compañía ahora está bajo el mando de Malena Galmarini, la esposa de Massa, el amigo de Filiberti. Cuánto que aprender.

El régimen basado en el congelamiento de precios con costos liberados promete depredar todavía más varios sectores de la economía. Al de la salud y la energía se agrega el de las telecomunicaciones. Compañías telefónicas, de TV por Cable y de internet fueron declaradas servicio público. El precio se convirtió en tarifa. El Estado sólo autorizó un aumento del 5%, cualquiera sea el servicio. Incógnita: ¿el incremento en el costo por las transmisiones de fútbol que se acordó con Disney debe ser absorbido por ese 5%? Además de esas intervenciones, se regularon los contratos de interconexión entre las redes de las distintas empresas. Con un seguro de cambio: 83,36 pesos por dólar durante el primer semestre.

Con su reforma, Alberto Fernández quiso demostrar a Cristina Kirchner que él podía ser tan o más severo que ella con el Grupo Clarín. Fue la explicación que escucharon sus íntimos. Habrá que ver si, en el nuevo marco, conseguirá inversiones para establecer la tecnología 5G. ¿O lo harán Manzano, Vila y Filiberti desde las redes de Edenor con fondos del Estado? Para que ese control sea más riguroso hace falta un cambio relevante: que las empresas de TV por Cable vuelvan a estar reguladas por la Ley de Medios. Sólo así se les puede exigir que incorporen determinados contenidos en tal o cual lugar de la grilla y con un costo decidido por el Estado. Es lo que aspira a lograr Oscar Parrilli cuando habla de una nueva normativa. Parrilli es el jefe político de Gustavo López. Es el segundo del massista Claudio Ambrosini en el Enacom. Pero es el que tiene el poder.

Las distintas caras de este disparatado poliedro están relacionadas por una concepción. La sociedad debe ser modelada por la clase política. Este principio trasciende lo económico para dominar la cultura institucional. El «hijo de un juez que fue profesor de leyes durante 30 años y conoce lo que es el Estado de Derecho», que es como se autopercibe Alberto Fernández, defendió una idea muy significativa: la peripecia judicial de Amado Boudou debe merecer una consideración especial de la Corte porque, al tratarse de un ex vicepresidente, conlleva una gravedad institucional. Es una noción curiosa para un régimen penal que prevé lo contrario: los funcionarios deben estar en desventaja respecto del resto de los ciudadanos porque deben probar su inocencia. Para Fernández, en cambio, la función pública debería constituir un privilegio. Raúl Zaffaroni sinceró esa pretensión y pidió el indulto para los presos políticos. Es la derivación extrema de la pretendida teoría del lawfare.

El argumento es una quimera, sobre todo en el caso de Boudou, porque «si se suman todas las instancias del proceso penal hasta la decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia habrán intervenido en la causa que ahora instruye el juez federal Ariel Lijo no menos de diecisiete jueces y seis representantes del Ministerio Público Fiscal. Más allá de la opinión que pueda merecer cada uno de esos veintitrés magistrados, por su capacidad o intereses, por sus relaciones con sectores de poder, estatales o privados, nadie puede poner en duda con alguna seriedad que están dadas todas las garantías de transparencia y ecuanimidad. Es decir, hay un sistema que pese a sus imperfecciones funciona, aunque una absolución dentro de varios años no compensaría un procesamiento ahora». Las comillas se deben a que se trata de una cita: Horacio Verbitsky, «Pensar el futuro», Página 12, 15 de junio de 2014.