Desesperada migración venezolana por México: extorsión, violencia y separación de familias

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Unicef México aseguró haber identificado casos de separación familiar y de uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad contra familias con niños pequeños durante las movilizaciones de migrantes de países de América Central y Venezuela.

Durante los últimos dos meses, las caravanas de migrantes centroamericanos —que se vieron por primera vez en el año 2018— han vuelto a surgir en Chiapas, un estado mexicano fronterizo con Guatemala, pero ahora con un elemento diferenciador: venezolanos en sus filas.

La migración venezolana — al igual que la guatemalteca, la haitiana y la salvadoreña— ha convertido a México en su país de tránsito, pues su destino sigue siendo Estados Unidos, que entre enero y mayo de 2021 registró un flujo migratorio histórico de connacionales, tras el ingreso ilegal de 17.306 de ellos, solo en ese período.

En todo 2020, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU (CPB por sus siglas en inglés), encontraron a 646.822 venezolanos en las fronteras estadounidenses, un número que se duplicó (52,23%) entre enero y julio de este año, llegando al 1.238.348 de connacionales.

Esas cifras de venezolanos forman parte de una estadística general de inmigrantes, llevada por la CPB, que en julio registró la detención de un total de 212.672 extranjeros de varias nacionalidades —el mayor número reportado en los últimos 14 años— que intentaba ingresar irregularmente a la nación norteamericana por la frontera mexicana. Ello, entre otras cosas, empujó al Tribunal Supremo de Estados Unidos a dar la orden de «cumplimiento e implementación» del Protocolo de Protección a Migrantes, conocido como «Quédate en México», —aplicado durante la administración de Donald Trump y abolido en la de Joe Biden—, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su cita ante la justicia americana en territorio mexicano.

El 27 de agosto el secretario de Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, informó sobre un despliegue de más de 14.000 militares y de funcionarios de la Guardia Nacional de ese país, para «detener toda la migración» y ayudar a Washington a reactivar el programa.

Más de 70 organizaciones de la sociedad civil advirtieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que no hay forma de implementar esa política «de una manera que se respeten los derechos humanos y el debido proceso, y tiene la responsabilidad de bloquearlos [los protocolos migratorios]”. Mientras estuvo en vigencia esta medida migratoria se impulsó la creación de campamentos para migrantes en ciudades fronterizas mexicanas, en donde se reportaron más de 1.500 casos de violación, secuestro, tortura y otros delitos contra las personas sujetas al programa, según reseñó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).