El fiscal Azzolin envió a la Cámara Federal para que se sorteara qué juez debía intervenir y le tocó a Rafecas, que delegó la investigación en Delgado.
Delgado promovió la desestimación de la denuncia contra los impulsores de la movilización contra la “infectadura” por considerar que no hubo delito. Sin impulso fiscal, la causa no podía continuar.
Delgado basó su dictamen en dos argumentos. Uno técnico-jurídico, que explica que los hechos adjudicados a Acosta serían, en todo caso, “actos preparatorios” de un eventual delito futuro, actos que para la ley no son punibles. El otro, central en la argumentación del fiscal, que no le corresponde a la justicia penal analizar los hechos denunciados, que son propios del debate público. “No hay hechos susceptibles de generar una causa”, sostuvo Delgado en referencia al contenido de la denuncia.