Hay orden de ir hasta las últimas consecuencias, dijo un efectivo en el allanamiento. La policía retiró gran cantidad de elementos que se encontraban acopiados en la vivienda.
La defensora oficial civil, Rosa Díaz, en momentos de ser notificada del allanamiento por el personal policial.
«Hay orden de ir hasta las últimas consecuencias», dijo un efectivo policial que participó del allanamiento y posterior retiro de gran cantidad de elementos que se encontraban en la vivienda de la concejal Paola Díaz y de la defensora civil del distrito Judicial de Tartagal, Rosa Díaz.
El allanamiento se realizó a partir de las 8 de la mañana de ayer en la vivienda que era propiedad de la madre de la actual edil oficialista de Tartagal y de la funcionaria del Ministerio Público, quién se encontraba en la vivienda y fue quien recibió la notificación que le entregó el personal policial, donde el juez de garantías Nelson Aramayo, por un pedido formulado por el fiscal penal Rafael Medina, ordenaba el allanamiento y el retiro de la totalidad de los elementos que conforman la ayuda solidaria que se encontraba acopiada, según las propias acusadas, hacía 11 meses (desde marzo de 2020) en esa propiedad ubicada en la intersección de la Avenida Mariano Moreno y Diagonal Juana Azurduy, de Villa Saavedra.
En esa vivienda, hasta fines del año pasado había residido la madre de la concejal, de la funcionaria del Ministerio Público y de Sandra Liliana Díaz, la mayor de las tres hermanas quien el jueves anterior denunció ante el periodista del canal de cable local, Luis Mena, que sus hermanas «tienen escondida mercadería, ropa, zapatillas, pañalines, agua mineral y un montón de donaciones que recibieron y que supuestamente iban a ser para los wichis pero que ellas venden y lo quieren usar para la campaña política».
Que no se lleven nada
La mujer se mantuvo en sus dichos y cuidó que sus hermanas no retiraran los elementos que habían sido enviados desde diferentes lugares y fundaciones de nuestro país desde febrero del año pasado cuando se difundió la crisis socio sanitaria que se había cobrado la vida de niños de la etnia wichi, quienes residen en el departamento San Martín, Rivadavia y Orán.
La Justicia indiferente
Sandra Díaz aseguró ante todos los medios informativos que cubrieron el verdadero escándalo, que ella había denunciado el hecho hacía dos meses en la justicia pero que nadie había tomado medida alguna precisamente porque la denunciante era funcionaria de justicia en el Distrito Judicial del Norte Tartagal.
«El único que mandó una consigna policial a la casa fue el fiscal Medina porque yo le dije que mis hermanas a la 1 de la mañana del viernes vinieron a sacar todo aprovechando que yo me había ido hasta la policía», refirió en una nota realizada por El Tribuno y relató que al menos ella había contabilizado «unos 7 camiones que vinieron de la fundación de Boca, de la fundación de River, de la Fundación Noble y de otras provincias. Ellas venden en los negocios de Villa Saavedra y ahora la que es concejal es candidata a diputada provincial así que también va a usar toda esa ayuda para hacer política», había manifestado la denunciante.
Los wichis, enojados
La mañana del sábado, unos 20 caciques hombres y mujeres llegaron hasta la vivienda para exigir la entrega de la ayuda solidaria, pero si bien permanecieron varias horas en el lugar donde la policía mantenía la custodia, no fueron atendidos por ningún miembro de la familia Díaz.
Vehículos repletos de elementos
La
policía llegó a la vivienda alrededor de las 8 de la mañana del domingo
con la orden del juez Aramayo por lo que los uniformados comenzaron a
sacar bolsas negras de consorcio, bolsas de arpillera y cajas con los
más diversos elementos. Se retiraron fardos y bidones de agua mineral
(muchas donaciones consistían en agua segura por la verdadera crisis que
se vive en el chaco a consecuencia de la falta del líquido y vital),
calzados, prendas de vestir, alimentos no perecederos entre otros.
Como
la ayuda solidaria secuestrada quedó depositada en las dependencias del
sistema de emergencias 911 ubicado a unas 5 cuadras de la vivienda
allanada, el vehículo policial fue y volvió varias veces cargando la
importante cantidad de bultos y cajas que el personal retiró de la
vivienda.
Si bien las hermanas Díaz habían mostrado ante algunos
medios locales que solamente tenían unas pocas bolsas y se habían
justificado diciendo que no pudieron entregar todo por la pandemia, al
requisar la vivienda el personal encontró acopiada la mercadería y demás
elementos en dormitorios y otras dependencias ubicadas en la planta
alta del inmueble.
El poder judicial no dio a conocer ninguna
información respecto del tema del que la comunidad de Tartagal no deja
de hablar, que se reflejó en prácticamente todos los medios locales y
que ocupó las redes sociales de los norteños quienes mayoritariamente
calificaron con dureza el accionar de las dos hermanas, ambas
funcionarias públicas.
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