Cómo fue la negociación frustrada para evitar la protesta de agrupaciones que colapsó el centro porteño durante dos días y qué nuevas medidas se evalúan

Luego del acampe de dos días que realizaron agrupaciones sociales en la avenida 9 de Julio, el Gobierno mantiene firme la decisión de no aumentar la cantidad de planes sociales. Cerca del presidente Alberto Fernández se debate acerca de la conflictividad que esta política empezó a generar y formas de encararla, como una «institucionalización» de la economía «popular» o informal, mientras busca en paralelo medidas para contener la inflación.

En la Casa Rosada persiste la idea de que detrás del multitudinario acampe frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social realizado por las organizaciones del frente «Unidad Piquetera», como el Polo Obrero, el CUBA-MTR, Bloque Piquetero Nacional, Barrios de Pie/Libres del Sur y el MST Teresa Vive, hay «cuestiones políticas».

Así lo consideró el secretario de Economía del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y uno de los que maneja la relación con los movimientos sociales. En el Ejecutivo hay quienes creen que la negativa a entregar más planes sociales y la delicada situación política del oficialismo motivaron a las agrupaciones a marcar la cancha y «tomar la calle».

«Se abrieron canales de diálogo informales mientras estaban cortando, pero se plantaron en la suba de planes y eso no va a ocurrir», indicaron a iProfesional fuentes del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Juan Zabaleta, embarcado en la tarea de reemplazar «planes por trabajo» que encomendó Alberto Fernández.

El acampe en la 9 de Julio planteó un nuevo desafío para el Gobierno y su política sobre los planes sociales

En su lista de reclamos, las agrupaciones pidieron nuevas altas para el Plan Potenciar Trabajo, el cual equivale a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil y actualmente lo cobran 1,2 millones de personas. El Gobierno se negó a ese pedido y, pese a la negociación en la que logró acordar otros puntos, no pudo desactivar la protesta.

¿Cómo negoció el Gobierno para desactivar el acampe?

Zabaleta había recibido a referentes de Unidad Piquetera dos días antes del acampe, que ya había sido votado a principio de marzo por las agrupaciones. Allí se acordó un aumento de la asistencia alimentaria y la entrega de máquinas y herramientas para las «unidades productivas que tienen estos grupos sociales», pero la discusión siguió.

Las agrupaciones le reclamaron al Ministerio de Desarrollo Social restablecer el Plan Potenciar Trabajo para quienes arrojaron piedras contra el Congreso durante el debate por el acuerdo con el FMI y dar nuevas altas. Ambos puntos fueron rechazados.

Según una de las fuentes consultadas por iProfesional, en ese contexto «se les ofreció que se sumen con cooperativas de construcción a la urbanización de barrios populares, pero decidieron mantener la protesta«.

Por esa razón, en el área creen que hubo una motivación política detrás de la protesta que mantuvo interrumpido el tránsito en el microcentro porteño durante poco más de dos días y que cortó varios accesos a la Ciudad de Buenos Aires. No encuentran otra explicación dado que, desde su perspectiva, hubo puntos de acuerdo en la negociación que deberían haber desactivado la movida.

Cerca de Alberto Fernández piensan cómo contener las protestas de agrupaciones alejadas del Gobierno.

En ese contexto, quedó latente en el Gobierno la preocupación por el manejo de la calle en medio del proceso para empezar a cortar con la entrega de planes y, además, de la interna del Frente de Todos. Y es que el aumento de la conflictividad social es el pronóstico del sector kirchnerista que motiva sus críticas al manejo de la economía y al acuerdo con el FMI.

«Institucionalizar» la economía informal, entre las alternativas

Una de las ideas que circulan para encarar esta situación es «institucionalizar» la economía popular o informal, como forma de contención para el sector más golpeado por la crisis económica. Según supo este medio, en el Gobierno evalúan la creación de un organismo vinculado exclusivamente a ese segmento, similar a una secretaría o un ministerio.

El Presidente dio pistas al respecto durante los últimos días. En una de las entrevistas que concedió la semana pasada, habló de la necesidad de «recuperar la cultura del trabajo» y subrayó que «la mayoría (de quienes reciben planes) trabaja, pero en la informalidad«. A ese sector, dijo, «hay que darle un marco regulatorio para desarrollarse con un mínimo de seguridad».

Poco después, durante su participación en el Consejo Económico y Social que se reunió el último miércoles en el Centro Cultural Kirchner (CCK), reforzó la idea al plantear que «hay una economía que se mueve al margen de la economía formal» y que involucra a «millones de personas», a la cual hay que «darle un marco regulatorio distinto, para incorporarlos».

Se evalúa darle un marco regulatorio a la economía informal.

El pasado viernes, Pérsico también se refirió a esa posibilidad, aunque sin confirmar la creación o no de un nuevo ente. Según el líder del Movimiento Evita, el Presidente «está entusiasmado con la economía popular» y «es muy probable que avance en un institucionalización de esa economía popular».

Una de las versiones que circuló en las últimas horas fue que, si se concreta ese plan, Pérsico tendría un rol central en la nueva área. Esto podría tener como efecto colateral una mayor tensión en el frente oficialista, debido a que la vicepresidenta Cristina Kirchner y su círculo más cercano ven con malos ojos al Movimiento Evita desde hace varios años.

La desconfianza empezó durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando La Cámpora cuestionaba por lo bajo la relación de esa agrupación liderada por Pérsico con la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y creció en los últimos días porque en el kirchnerismo hay quienes sospechan que el Evita estuvo detrás de las pedradas al Congreso que afectaron principalmente al despacho de la vicepresidenta.