Diputados tratará un proyecto que condiciona la pauta oficial a un certificado que acredite“equidad de género”

La medida es impulsada por el oficialismo pero cuenta con apoyo de sectores de la oposición. El Gobierno dará´ «preferencia» en el reparto de la pauta oficial a quienes cumplan con la equidad de género y utilicen lenguaje inclusivo En una sesión que promete ser maratónica, Diputados tratará una batería de proyectos y uno de ellos no escapa a la polémica: el oficialismo impulsa la “equidad en la representación de los géneros” en los medios de comunicación. La medida busca impulsar la presencia de mujeres cis, disidencias y trans en las compañías del sector pero también condicionará el reparto de pauta oficial a que posean un certificado que evidencia el cumplimiento de la norma tanto en medios estatales como privados.

Sectores de la oposición acompañan el proyecto aunque advierten que “el régimen de promoción de la equidad de género en ningún caso puede convertirse en un condicionante de la libertad de prensa”. Así lo anticipó el dictamen en disidencia que firmaron, entre otras, las legisladoras Silvia Lospenatto (PRO), Karina Banfi (UCR) y Carla Carrizo (Evolución).

El proyecto ya cuenta con la media sanción del Senado y en la Cámara baja fue impulsado por las diputadas oficialistas Gisella Marziotta y Mónica Macha con el apoyo de organizaciones feministas como Latfem y Periodistas Argentinas. El mencionado certificado sería emitido por el ministerio de la Mujeres que supervisará que se cumplan “procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros”; también, que los medios adopten “políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual”; y que implementen “capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria”.

Una de los requisitos más polémicos y que genera rechazo es “la promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación”, un punto que algunos diputados opositores no están de acuerdo bajo el argumento de que “no puede constituir un requisito obligatorio para acceder al régimen de incentivos (…), ya que los cambios en la lingüística y en la morfología de la lengua requieren un tiempo para asentarse”, sostiene La Nación.

El artículo octavo del proyecto es claro sobre el condicionamiento al manifestar que “los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros, tienen preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el sector público nacional”.

El criterio de las autoras de la iniciativa siguió al pie de la letra una modificación que fue votada en el Senado. El proyecto original, de la senadora Norma Durango, solo abarcaba a los medios estatales, pero ahora el texto incluye a “todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro”.