Dólares, Ganancias y retenciones: los beneficios que propone Milei para atraer grandes inversiones

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La propuesta oficial incluyó una serie de incentivos a las inversiones en siete sectores clave de la economía. El objetivo del poder ejecutivo es brindar seguridad jurídica a los inversores.

La Ley Ómnibus que el Gobierno envió al Congreso crea un régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) nacionales y extranjeras en el que busca brindar “ciertos incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo”.

Las inversiones en cuestión podrán destinarse a siete sectores: agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. De todos modos, el poder ejecutivo podrá sumar otros rubros. Según el texto propuesto, podrán adherir al RIGI, las sociedades anónimas, las sociedades extranjeras con sucursal local y las uniones transitorias de empresas, entre otras figuras.

Con respecto al monto que tendrán que invertir para ser incluidas en el régimen, el proyecto de ley dice que cada sector tendrá una cifra específica, indicada en la reglamentación. La autoridad de aplicación también establecerá el porcentaje que cada inversor deberá desembolsar en los primeros dos años para cumplir con los requisitos del régimen.

El ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: Leandro Heredia / TN).
El ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: Leandro Heredia / TN).

Para adherir al RIGI, los interesados tendrán que presentar un plan de inversión que, entre otros puntos, tendrá que detallar el proyecto y su ubicación; el monto total de inversión en activos y los rubros a los que se destinaría; los costos de capital y operación debidamente discriminados; el cronograma estimado de la inversión total en el proyecto; la fecha límite en la cual se deberá cumplir el monto de inversión mínima; el empleo directo e indirecto que estiman generar; y el flujo de dólares previsto.

Uno por uno, los beneficios que propone Milei para las grandes inversiones

De acuerdo con la iniciativa presentada por el poder ejecutivo, las inversiones que entren en el RIGI tendrán una importante cantidad de beneficios impositivos, legales y cambiarios. Los más importantes son los siguientes:

  • No pagarán derechos por la importación de bienes de capital, repuestos, partes, componentes e insumos).
  • Después de los primeros tres años, no abonarán derechos de exportación (retenciones).
  • A partir del tercer año del proyecto, no tendrán obligación de ingresar los dólares que resulten de la exportación al mercado de cambios oficial. A la vez, en el primer año podrán disponer libremente del 20% y en el segundo, de un 40%. Tampoco deberán ingresar las divisas por aportes de capital u otras cuestiones.
  • Obtendrán diferentes descuentos en el impuesto a las Ganancias. Además, lo pagado y percibido por el impuesto al cheque se podrá computar como “a cuenta” de Ganancias.
  • Podrán pagar IVA mediante créditos fiscales.
  • En los balances, estarán habilitados a deducir de las ganancias o adicionar a las pérdidas, las diferencias ocasionadas por una eventual devaluación.
  • Podrán importar y exportar libremente para el proyecto adherido al RIGI, sin que se les puedan aplicar restricciones o cupos. Tampoco se les podrán aplicar precios oficiales.
  • El Estado les garantiza la disponibilidad de todo aquello que produzca el proyecto, sin obligación de ofertar nada en el mercado local. Es decir, podrían exportar el total de lo que genere.
  • Podrán pagar utilidades, dividendos e intereses con dólares al precio oficial sin restricciones ni necesidad de conformidad previa.

  • El Estado asegura la estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria para los proyectos adheridos al RIGI durante 30 años. Esto significa que los proyectos no estarán alcanzados, por ejemplo, por la creación de nuevos impuestos durante ese lapso ni por la imposición de restricciones cambiarias.
  • Ante una controversia entre el inversor y el Estado que no se pueda resolver de forma “amistosa” durante 60 días, la empresa podrá recurrir directamente a tribunales de arbitraje internacional -entre ellos, el CIADI– sin pasar por la justicia local.