Con papeles de propiedad de ganado adulterados timaron a empresarios correntinos en $5 millones. Por esa maniobra 130 animales fueron sacrificados.

Dos de los supuestos autores de una estafa millonaria perpetrada en Rosario de la Frontera en contra de una firma agrocomercial con sede en Corrientes fueron ayer imputados por el delito de «estafa por uso de instrumento público falsificado». Se trata de Guillermo Scaraffia y uno de sus hijos. Los dos imputados fueron asistidos por un abogado particular del fuero de Metán.

En diálogo con El Tribuno, el abogado de los empresarios pecuarios, Diego Protti, dijo ayer que no solo se imputó a los dos Scaraffia, sino que se libraron órdenes de captura para dos personas más. Se trata de dos hacheros santiagueños de apellido Verón y Guzmán, quienes participaron del staff de personas que timaron a los empresarios correntinos Cristian y Rubén Samite.

El abogado de la firma estafada dijo que los ahora imputados delegaron responsabilidades sobre estas personas que se encuentran prófugas, aduciendo que si bien los animales eran de su propiedad, se los habían dado a Verón y Guzmán a cambio de trabajos sobre la finca de Scaraffia.

«Esto es absurdo, porque tanto Verón como Guzmán son peones hacheros, sin capacidad de realizar un trabajo primario que pueda valer casi cinco millones de pesos», dijo con ironía.

Con esta medida el esclarecimiento de la estafa está mucho más cerca, ya que el fiscal de la causa ya hizo una inspección ocular de los sitios donde se cargó y pesó los 130 animales vacunos, que terminaron sacrificados en un frigorífico de la localidad de Pichanal, por decomiso a cuenta y orden del Senasa, además de tomar declaraciones a varios testigos de los hechos denunciados.

 Cristian y Rubén Samite, estafados en Rosario de la Frontera. Javier Corbalán

El caso

El decomiso y matanza de 130 bovinos ocurrido en la segunda semana de diciembre comenzó a desnudar una siniestra trama. La maniobra se urdió -al parecer- para despojar a un empresario de cinco millones de pesos y a la vez favorecer a terceros con resoluciones administrativas celerísimas y anticonstitucionales, según los damnificados.

Rubén Samite, propietario de Agrocomercial Andresa SRL, con 50 años en la compra-

venta de ganado en pie, dijo hace una semana que una vez que les decomisaron los camiones con el ganado, acusándolos de tener papeles adulterados, el Senasa -en apenas minutos- envió dos camionadas de vacunos a faena a un frigorífico de Pichanal sin darles ni un minuto para defender su propiedad. Para reflejar su enojo dijo: «Nosotros tenemos nuestra empresa en regla, fue el vendedor local quien nos estafó sabiendo que nos iban a decomisar los animales porque nos había dado un DTE (instrumento público) falso, es decir, si no era en el cruce de las rutas 34/81, sería en nuestro propio campo. Este hombre, Guillermo Scaraffia, a quien le pagué en persona el dinero, ahora alega no conocernos», se quejó. «Tenemos todas las pruebas de quiénes, dónde, cómo y cuándo se hizo el negocio. Todos los que estaban allí sabían que nos estaban timando», dije ron.