25 DE Noviembre 2019 – El actual acuerdo de la Provincia se dio ante la caída de la recaudación y la coparticipación. El decreto rige por este año y de continuar la modalidad se tornará impagable para Sáenz.

A dos semanas de la asunción de Gustavo Sáenz como gobernador de Salta, el horizonte fiscal que se presenta es incierto por lo complejo. El gasto público y, en particular, el salarial son un gran problema que se agrava con la inflación, especialmente porque, en la provincia, los sueldos estatales están atados desde julio por decreto a la suba mensual de precios que consigna el Indec. Si esa modalidad sigue en la negociación salarial de 2020, se tornará impagable pasa Sáenz.
Además, las medidas que vaya a tomar el presidente electo Alberto Fernández son una incógnita, pero hay dos que, de ser ciertas, podrían convertirse en un dolor de cabeza.
La primera es la declaración de la emergencia económica: se trata, directamente, de ampliar casi sin límites las atribuciones del presidente para el manejo discrecional del presupuesto. Esto se traduce siempre en una subordinación de las provincias al poder central.
La segunda es la hipótesis de un aumento del 20% de sueldos y jubilaciones, que elevaría el gasto público de cada distrito y, también, la inflación.

Provincia “inviable”

En noviembre de 2017, poco después de las elecciones legislativas, el gobernador Juan Manuel Urtubey produjo un cambio en su gabinete; el más impactante fue el ingreso de Fernando Yarade en reemplazo de Carlos Parodi.
La explicación de esa medida fue contundente: un déficit de cuatro mil millones de pesos acumulado durante años por exceso del gasto público. Ese año, 2017, el porcentaje de gasto en personal del Estado había trepado al 66% del total presupuestado, una proporción que remitía a la de 1994 y 1995, con el 69%, que llevó al entonces gobernador Roberto Ulloa a exclamar que “Salta es una provincia inviable”.
Ese faltante se corrigió en base a una disminución del gasto, especialmente, frenando abusos con los boletos de transporte público a cargo del Estado y la jubilación de agentes del Estado que habían llegado a la edad de retiro. El aporte sustancial, no obstante, provino del consenso fiscal.

A partir de ese acuerdo, las provincias, que durante los gobiernos del menemismo y del kirchnerismo recibían el 24% del total de la recaudación, pasaron a percibir más del 34%.
Asimismo, se puso en marcha un proceso de saneamiento de la recaudación local que, en la primera etapa supuso un aumento tributario, que generó y genera fuerte malestar entre los empresarios.
Sin embargo, el equilibrio está a punto de romperse. Las condiciones salariales decretadas por Urtubey, que aseguran a los docentes un aumento automático de los sueldos ante cada incremento de la inflación oficial, combinado con la incertidumbre fiscal que acompaña el actual cambio de gobierno nacional, convierten a los sueldos del Estado en un polvorín.
El (mal) ejemplo debería buscarse en la provincia de Chubut, donde el gobernador Mariano Arcioni dispuso en junio aumentos del 50% para los 44.000 empleados públicos, para ganar la reelección. En julio ya no pudo pagar y la provincia se vio inmersa en un paro docente que hizo perder 85 días de clase a los alumnos de las escuelas públicas. (En definitiva, la reelección del gobernador provocó la pérdida del año a esos chicos.)
El aumento de sueldos atado a la inflación es el recurso mágico al que apelan los gobiernos para calmar a los empleados estatales, pero siempre fracasa, porque es inaplicable. La inflación existe porque hay déficit fiscal, es decir, porque el Estado gasta más de lo que recauda. Los aumentos de sueldos atados a la inflación solo generan, en definitiva, más déficit y más inflación. El endeudamiento es un espejismo, porque hay que pagarlo. Y el aumento de impuestos es el camino más rápido para agudizar los problemas productivos, provocar recesión y frenar la generación de bienes y de impuestos.

En una década, el número de empleados públicos de Salta creció un 85%; en el país, los salarios provinciales de los 24 distritos pasaron del 4.3% al 9,3% del PBI.

En parte, esto se debe a que, como paliativo al desempleo, se incrementó la planta de personal y, también, a que en el entramado de cláusulas de los convenios salariales, un incremento porcentual se multiplica y lleva que la masa salarial crezca más que el porcentaje enunciado. De hecho, uno de los componentes del déficit registrado en 2017 fue que un aumento del 27% nominal supuso (por caso) un aumento del 48% en la masa salarial.

El decretazo

En julio pasado, el decreto 1.046 de Urtubey dejó sin efecto un incremento salarial total para 2019 del 38%, pautado en marzo y para “atender las necesidades socio-económicas de los educadores, garantizando el poder adquisitivo de sus salarios a través de la conservación del 38% de incremento salarial acordado como piso para el presente año y su readecuación automática de conformidad a la inflación real que informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y financieras de la Provincia en un contexto de equilibrio y responsabilidad fiscal”. En definitiva, se decretó un régimen de actualización automática de los salarios además de “afrontar con recursos propios el porcentaje dejado de financiar en el presente año por el Fondo Nacional Compensador Salarial Docente, y establecer un incremento del 75% en el concepto de Gastos de Movilidad”.
Al explicar su decisión, Urtubey aseguró que “Salta es la provincia del NOA donde más ha crecido el salario docente año tras año desde el 2008; y también la provincia donde los docentes perciben el mayor sa lario de la región”.
Y sentenció: “Sería muy fácil para mí decir a todo que sí. Pero jamás tomaré decisiones que compliquen la gobernabilidad de la próxima administración”. Pero esa actualización automática de la inflación será imposible de cumplir si los gremios buscan repetir esa modalidad. En los últimos meses, la recaudación nacional, de la que depende la coparticipación, cayó 5% en relación con la inflación. En setiembre, la coparticipación cayó 4.3%. Dos impuestos coparticipables, IVA (34%) y Ganancias (40.9%) tuvieron muy baja performance con respecto al mismo mes de 2018. Esa decisión compromete a la próxima administración.

f:el Tribuno