El bono a los jubilados expone la derrota en la “guerra contra la inflación”
Nota extraída de TN por Sergio Berensztein
El Gobierno está absolutamente extraviado y no identifica las prioridades, que no pasan únicamente por controlar el aumento de los precios.
El presidente Alberto Fernández pasó de declarar la “guerra contra la inflación”, amenazando con imponer nuevos controles, restricciones y utilizar la ley de abastecimiento, a convocar a una “terapia de grupo” para resolver el problema. Lo hizo este martes, durante el acto de relanzamiento del Consejo Económico y Social en el CCK. “Hemos probado mil formas” dijo el mandatario.
Parece que el gobierno llega a considerar todo tipo de soluciones extravagantes, que van de la guerra a la paz, pero se olvida (o prefiere hacerse el distraído) que lo que no hemos probado aún es implementar un programa consistente de política monetaria, que permita anclar las expectativas a partir de hechos concretos.
En el mismo marco, quien es el secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz, propuso regular el uso de las redes sociales, para que dejen de “intoxicar el espíritu de nuestra democracia”. Ya nadie entiende muy bien para qué sirve el Consejo Económico y Social que, en su intento por ocuparse de todo, no se termina ocupando de nada.
¿Qué política pública pensada desde aquel ámbito llegó a implementarse con éxito para cambiarle en algo la vida a los argentinos? Evidentemente ninguna. Por otra parte, este espacio nació como un foro para acercar las posiciones de los distintos actores de peso de la realidad argentina (dirigentes, empresarios, sindicalistas).
Coyuntura complicada para el Gobierno: se multiplican los conflictos
Pero hoy nuestro país parece estar más fragmentado que al comienzo del mandato del Frente de Todos, con una multiplicación de conflictos que involucran al campo, a los productores de alimentos, al gobierno y a la oposición (que nunca fue invitada a participar del Consejo Económico y Social).
Con una inflación de los alimentos que en febrero fue del 7,5%, parece, como mínimo, poco inteligente que el gobierno demuestre que sus preocupaciones en el Consejo Económico y Social pasan por regular las redes sociales (incluso para quienes defienden que esto sí debe hacerse). De hecho, las consultoras privadas ya marcan que la inflación en marzo habría sido muy alta también, al punto tal de que algunos comenzaron a excusarse (Roberto Feletti aclaró que milagros no hace y que los controles de precios no sirven para bajar la inflación).
El gobierno está absolutamente extraviado y no identifica las prioridades, que no pasan únicamente por controlar la inflación: la crisis energética ya llegó a la Argentina y en el interior las estaciones de servicio comienzan a establecer cupos para la venta de gasoil.
Una vieja receta que no alcanza: bono para jubilados y pensionados
No obstante, la inflación sigue siendo la mayor de las preocupaciones para los argentinos. Esta semana se anunció que habrá un bono extraordinario para jubilados y pensionados de $6.000. Lo que debería ser una buena noticia en realidad esconde otra realidad: el fracaso de la formula de actualización, que corre por detrás de la inflación, lo que obliga al gobierno nacional a otorgar discrecionalmente sumas extraordinarias en compensación.
Pierden los jubilados como consecuencia de una fórmula de actualización que resulta deficiente frente a la dimensión de la actual aceleración inflacionaria, pero también el gobierno ya que, si su intención era nuevamente licuar el gasto (como lo hizo hasta ahora), la presión social, que le exige compensaciones de este tipo, se lo impide. En síntesis, los costos que se producen como consecuencia del desorden macroeconómico y el régimen de alta inflación son múltiples.
Los sectores que tienen mayor poder de presión son los que lograrán evitar que vía inflación se licúe la partida del gasto público que los afecta directamente. Por eso, las organizaciones sociales comienzan a presionar con fuerza al gobierno. Cada actor hace lo posible por intentar no ser la variable de ajuste.
Los mecanismos que el gobierno puede haber diagramado para en el proceso ir ajustando el gasto público terminan siendo deficientes para cumplir con su cometido. Al final del día, nadie se queda conforme con los resultados. Este es el problema de evitar encarar los problemas de fondo y perder el tiempo ocupándose de otras cosas.